Asociación de Fiscales y amedrentamientos a Chong: «Si hay funcionarios públicos involucrados es de máxima gravedad»

Este miércoles se dieron a conocer nuevas amenazas contra la fiscal Ximena Chong, quien está a cargo de la investigación del carabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar al joven de iniciales A.A. desde el puente Pío Nono durante las manifestaciones del pasado viernes en Plaza de la Dignidad.

Fue el mismo fiscal nacional, Jorge Abbott, quien se comunicó con el ministro del Interior para hacerle saber de una nueva misiva intimidatoria recibida por la persecutora, así también como el hecho de la fiscalización de un teniente coronel de Carabineros, quien habría rondado la casa de Chong antes de ser detenido por efectivos de la PDI que custodiaban el domicilio.

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A raíz de lo sucedido, desde la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) volvieron a salir en defensa de la persecutora atacada y su equipo profesional, afirmando que «el gobierno y las autoridades pertinentes deben investigar en profundidad estos graves hechos y entregar los antecedentes que permitan determinar la participación de todos los posibles involucrados en las amenazas conocidas».

«Condenamos tajantemente cualquier tipo de acto que amedrente la labor de los fiscales del Ministerio Público, ejerciendo presiones indebidas al trabajo que cada uno de nuestros asociados ejerce con objetividad y máxima rigurosidad», señalan en un comunicado.

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Mientras, el presidente de la asociación, Claudio Uribe, se mostró muy molesto con lo ocurrido. «No podemos aceptar que por hacer nuestro trabajo estemos expuestos a seguimientos, amenazas y situaciones que afectan la vida familiar y privada. La fiscal lo único que ha hecho es cumplir su labor», acusa.

«Vamos a pedir que esto se investigue hasta el final, que se vea quien está cometiendo estas acciones, que evidentemente son delito, y que se castigue con máxima severidad», establece Uribe.

Por último, y respecto de la fiscalización de un teniente coronel de Carabineros que rondaba la casa de la fiscal, el representante sostiene que «si llega a haber funcionarios públicos involucrados, si se llega a comprobar la pertenencia a alguna institución de alguna de estas personas que participa de amenazas y hostigamientos, se trata de una situación de máxima gravedad que no puede dejarse pasar, y donde además de hacer las investigaciones penales, habría que realizar los sumarios administrativos correspondientes».