Royalty minero: En qué consiste la mega inyección de US$450 millones aprobada esta semana

La semana pasada se aprobó uno de los proyectos insignes impulsados por el gobierno del Presidente Gabriel Boric: la ley de royalty minero que instruye un impuesto de 46,5% a las empresas extractivas de cobre y litio. 

La iniciativa recaudará 450 millones de dólares que serán distribuidos en tres fondos que ayudarán a la inyección de recursos en más de 300 comunas del país, los que irán directamente a distintos gobiernos regionales y municipalidades de todo el territorio nacional.

De hecho, para el gobernador de la Región de Antofagasta y presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi), Ricardo Díaz, la ley es «una muy buena noticia para los municipios y las regiones del país, porque desde hace mucho tiempo se hacía necesario que la gran minería generara un apoyo directo a las comunas».

Asimismo, desde el Ejecutivo plantean que la inyección de recursos a las regiones es «un camino hacia el desarrollo que permite avanzar hacia la descentralización fiscal del país», además de avanzar en «justicia territorial». «Con el royalty a la gran minería, el gobierno de Chile busca que los recursos generados por la gran minería retornen de manera importante a las localidades de origen», destacan.

Fondos regionales

Los cerca de 390 mil millones de pesos se distribuirán en tres fondos: Fondo para la Productividad y el Desarrollo; Fondo de Comunas Mineras; y el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial. Si bien desde el Ejecutivo adelantaron que la recaudación del royalty comenzaría a llegar a las regiones el 2025, también comprometieron una serie de recursos para los gobiernos subnacionales, que comenzarán a regir el 2024.

Fondo para la Productividad y el Desarrollo

Se destinarán 225 millones de dólares para los gobiernos regionales, cuyos recursos se destinarán al financiamiento de inversión productiva entendida de manera amplia, como proyectos, planes y programas que tengan por objeto el fomento de actividades productivas, de desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. Además, en la distribución de este fondo se compensará a las regiones mineras a través de indicadores que reconozcan sus necesidades.

Fondo de Comunas Mineras

Serán 55 millones de dólares destinados a comunas mineras que tengan faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, relaves, puestos, entre otros, y buscará compensar las externalidades negativas de la minería.

En esa línea, se beneficiará a un estimado dos millones de personas en 32 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial

El tercer fondo destinará 170 millones de dólares para las comunas más vulnerables del país, y buscará avanzar en el cierre de brechas de ingreso de carácter territorial, por lo que se focalizará a comunas con poca capacidad de generación de ingresos propios. De esta forma, llegaría a aproximadamente 300 comunas del país, beneficiando a cerca de 11 millones de personas.

Fondos para gobiernos subnacionales

Fondo Puente de Apoyo a las Regiones y Municipios para 2024, por el 50% del aporte que estos percibirán con cargo al royalty minero desde 2025. Es decir, 112,5 millones de dólares a beneficio de los gobiernos regionales a través del Fondo para la Productividad y el Desarrollo; 85 millones de dólares para el Fondo de Equidad Territorial a distribuir entre las comunas más vulnerables; y 27,5 millones de dólares a beneficio del Fondo de Comunas Mineras.

Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana en la Ley de Presupuestos de 2024. A este fondo se agregará un aporte de 350 millones de dólares anuales por tres años a cuenta del royalty minero, desde 2025.

Fondo Trianual de Recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país (Arica y Parinacota a Coquimbo). Para esto se contemplarán recursos por un promedio de 200 millones de dólares anuales en las leyes de presupuestos de 2024 a 2026, los que, de acuerdo a una evaluación de su funcionamiento, se incorporarán a la distribución de recursos del royalty con la misma vigencia de los fondos de beneficio comunal y regional.