Abogado U.Chile: Con la agenda corta antidelincuencia la elite política intenta esconder la propia delincuencia

En menos de un mes ya son cuatro los artículos aprobados que regulan sanciones dentro de la Agenda Corta Antidelincuencia. Se trata de pena de cárcel para personas que agredan a policías aunque las lesiones no dejen marcas visibles; el control de identidad preventivo; penas de cárcel para los fiscales que filtren información de investigaciones en curso sobre delitos; y la disminución de la prescripción de delitos de corrupción política de 5 a 2 años.

Las medidas han sido duramente criticadas por considerarse que perjudican a los ciudadanos comunes y corrientes mientras benefician a quienes ostentan cargos de poder. Para conversar del tema, en eldesconcierto.cl entrevistamos a Jaime Winter, académico Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que se ha especializado en tratar temas como la impunidad empresarial y de la clase política.

La elite política está recurriendo al derecho penal como una herramienta populista de ganar votos de manera fácil sin atacar un problema real que es la delincuencia y a la vez está intentando, a través de esto, esconder la propia delincuencia de los poderosos de forma de no regularla.

¿Existe una diferencia en cómo se trata la presunción de inocencia en el caso de delitos comunes y en delitos que involucran a los políticos?

No sé si veo una diferencia en cómo se trata la presunción de inocencia en ambos casos, lo que sé es que ciertos políticos se escudan en eso cuando se trata de investigar a gente de su sector y parecen olvidarse de la presunción de inocencia cuando se trata de personas que cometen delitos llamados de marginalidad, como robos o hurtos. Resulta evidente cómo se ha comportado el congreso, no sólo este año, sino la última década, que hay tratamiento diferenciado entre la delincuencia de los poderosos y la de la marginalidad.

Un ejemplo de esto es la agenda corta antidelincuencia

Hemos tenido muchas agendas cortas y se ha recurrido de manera intensa a herramientas como el aumento de pena para delitos a la propiedad y ahora el control preventivo de identidad, que es  evidente que va a ser forma de control social de la gente que está marginada, como los jóvenes, extranjeros, minorías sexuales. Y por otro lado sistemáticamente se ha omitido legislar respecto de los delitos de cuello blanco. En Chile no tenemos un sistema de delitos de medio ambiente, de administración desleal, delitos de colusión. Cuando se ha legislado para sancionar delitos relacionados con empresas, siempre se ha visto a las empresas como víctimas y no a las personas naturales. Tenemos una norma especial contra el hurto hormiga, para el robo de cables de cobre…por nombrar algunos ejemplos.

Esta diferencia que se hace entre los delitos de personas poderosas y no poderosas, ¿te parece dañina para la sociedad?

Hay una frase que dice “En la cárcel están los que roban poco”. Y efectivamente parece dar la idea de que las conductas que son dañinas para la sociedad que comete la clase alta no representan el mismo daño que las que cometen las personas de clase baja. Uno se fija cuando muestran los índices de delincuencia de Paz Ciudadana y siempre es delincuencia de la calle. Parece que sólo hablamos de eso.

Los últimos proyectos aprobados por el Congreso, como el control preventivo de identidad o la llamada Ley Mordaza, ¿son un retroceso?

La agenda corta representa un retroceso en general, aborda el problema de manera equivocada, el fundamento tienen que ver con los delitos contra la propiedad y se hace el diagnostico de que hay un porcentaje alto de delitos que no se esclarecen. La respuesta que se da es el aumento de penas, cárceles más hacinadas y, por lo mismo, se genera mayor delincuencia por efecto de contagio. Y al mismo tiempo está la falta de sanciones a las conductas de poderosos y empresas, que es algo que siempre ha estado en el sistema.

Existe una discriminación al sopesar ambos delitos, entonces

El problema fundamental es que no son delitos. El Parlamento tuvo la oportunidad de sancionar el delito por financiamiento irregular de la política y no lo hizo. Y ahora se crea un periodo de prescripción corta en los delitos de corrupción política para proteger a la elite política.

¿Es condenable este trabajo legislativo de los políticos?

La elite política está recurriendo al derecho penal como una herramienta populista de ganar votos de manera fácil sin atacar un problema real que es la delincuencia y a la vez está intentando, a través de esto, esconder la propia delincuencia de los poderosos de forma de no regularla.