Un total de $79 millones de pesos pagó el Estado en julio pasado a 53 personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad en la última dictadura. Se trata de 26 personas condenadas y 27 procesadas que reciben mes a mes pensiones de inutilidad de segunda clase -invalidez- y jubilaciones.
La información fue confirmada por el ministerio de Defensa, que envió la documentación al Senado a petición del senador Alejandro Navarro.
Quien tiene la mayor pensión es Erich Silva Reichart, ex teniente coronel del Ejército, sentenciado a cinco años de prisión por su rol en la Operación Albania (muerte de 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez), quien recibe un poco más de $4 millones cada mes, según informa La Tercera.
Le siguen Roberto Ampuero Alarcón (caso Pisagua) con una pensión de $3,6 millones y el desaforado diputado Rosauro Martínez con $1,2 millones.
“Vamos a revisar todos los casos que parezcan irregulares, pues no puede ser que miles de chilenos tengan pensiones de miseria mientras condenados por derechos humanos viven con jubilaciones millonarias”, afirmó el senador Alejandro Navarro.