A las 11 de esta mañana llegó la Policía de Investigaciones (PDI) a realizar diligencias en las dependencias de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) en Temuco, ubicadas en la calle Pablo Neruda.
Esto luego del vuelco total que dio el caso de la «Operación Huracán», ya que el fiscal regional de Temuco, Cristián Paredes, decidió cerrar la investigación acusando un montaje en las pruebas que presentó Carabineros a través de la Ley de Inteligencia. «Hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas, pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados, ya que no corresponden ni al formato ni a la ubicación en la que se almacena la mensajería en los aparatos telefónicos», dijo a Radio Bío Bío.
Todo se dio la misma tarde en que se conoció una querella del fiscal de Alta Complejidad, Luis Arroyo, quien acusó a funcionarios de inteligencia de Carabineros de inventar evidencia en contra suya respecto a una supuesta obstrucción en la investigación.
Cuando esta mañana llegó la PDI y el fiscal Roberto Garrido a allanar las dependencias de la Dipolcar, sin embargo, les esperaba un fuerte contingente policial. Según informó Bío Bío, había una serie de carros lanza aguas, uno lanza gases, además de un bus con efectivos de fuerzas especiales de Carabineros. También se tomaban fotos y filmaban videos a periodistas que estaban en el sector.
#Tanquetazo modo #Temuco 2018. Por transparencia y credibilidad , que carabineros entregue los antecedentes a la @PDI_CHILE. Mala imagen apostar tanquetas y FF. EE. en el lugar del allanamiento. pic.twitter.com/NNPqQhEWGu
— Jaime Camilo S. (@jaimecamiloAIL) 26 de enero de 2018
La institución se negó a entregar los antecedentes, argumentando que existe un plazo de 48 horas para la entrega de esos antecedentes y que debían ser entregados a la Fiscalía Militar. Esto, según explicó la vocera de la Fiscalía Marta Herrera, es falso, ya que el Ministerio Público cuenta con la orden de un juez para que la PDI realice la diligencia. «No sabíamos que existían recintos privilegiados», dijo irónicamente Herrera.