Los parlamentarios de la UDI y RN no dan su brazo a torcer y buscan mantener la objeción de conciencia institucional –en la ley de aborto en tres causales– a toda costa, y ahora estudian acudir al polémico Tribunal Constitucional con tal de conseguir sus propósitos.
La última palabra en la materia la tuvo Contraloría, que en un pronunciamiento publicado el 9 de mayo pasado declaró que el protocolo que rige dicha facultad –el que la administración de Piñera modificó a días de instalarse, para permitir que clínicas privadas pudieran negarse a practicar abortos aún cuando tuvieran convenios con el Estado– no se ajusta a derecho.
Por eso, durante los últimos días la senadora Jacqueline van Rysselberghe y el diputado Mario Desbordes –presidentes de la UDI y RN respectivamente– iniciaron una nueva ofensiva política que busca lograr la ansiada objeción de conciencia institucional frente al aborto en tres causales, según consigna La Tercera.
Los parlamentarios plantearon la idea de acudir al Tribunal Constitucional al presidente Sebastián Piñera en el comité político del pasado lunes, quien les habría respondido: «Véanlo ustedes».
“Creemos que el dictamen de Contraloría es inconstitucional, porque el TC garantizó la objeción de conciencia y porque, además, creemos que atenta contra la autonomía de los emprendimientos privados. Por lo tanto, nos parece que ahí hay un espacio para recurrir al TC. Nosotros tenemos que seguir garantizando la objeción de conciencia. La Contraloría, a través de dictámenes, no puede invadir espacios propios de los emprendimientos privados”, aseguró Van Rysselberghe.
La senadora además señaló que “nos parece que el dictamen de la Contraloría es inconstitucional, porque a raíz de que se reciban recursos públicos se tiende a cercenar la libertad de los organismos intermedios de la sociedad civil, y eso se puede extender infinitamente a todas las demás instituciones y órganos que reciben fondos públicos en otras áreas, y eso nos parece grave”.
Por estos días se evalúa la factibilidad de la medida, debido a que podría estar fuera de plazo debido a que ya se cumplieron más de 30 días desde que Contraloría dio a conocer su dictamen. Sin embargo, también evalúan la alternativa de presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones; y que una vez declarado admisible, se pueda presentar un recurso de inaplicabilidad ante el TC.