A fines de enero pasado, Rosa Martínez declaró ante la fiscal Erika Maira acerca de la violencia psicológica reiterada de su pareja. Sin embargo, la persecutora, que hoy es jefa de atención a las víctimas de la Fiscalía Nacional, desestimó que los hechos constituyeran un maltrato habitual y descartó iniciar una investigación. Nueve meses después Rosa fue asesinada por su pareja.
Del registro oficial de 28 víctimas de femicidio en el transcurso del año, según los registros del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, al menos ocho habían denunciado antes situaciones de violencia intrafamiliar. Además, del total, solo una contaba con medidas de protección vigente y tres de ellas estaban en los programas del gobierno para ayudar a las mujeres. A la vez, en 10 casos el agresor se suicidó luego de cometer el crimen.
Según los datos analizados por La Tercera, María José Hurtado (33), fue la mujer que más denuncias presentó previo a su asesinato. El pasado 27 de mayo, fue encontrada muerta con un golpe en la cara y en avanzado estado de descomposición. María José tenía cuatro hijos y su femicida también se suicidó tras asesinarla.
La mujer registraba ocho denuncias por violencia intrafamiliar, en diversas comisarías y en distintos momentos del año, pero de forma constante. Sin embargo, no tenía medidas cautelares de protección ni atención del Sernameg al momento de su muerte.
Al respecto, la ministra Isabel Plá señaló que «lo único que nosotros hemos visto de todas las instituciones, especialmente de la fiscalía, del Poder Judicial y de la policía, es preocupación y son bien comprometidos, ponen lo mejor de ellos”. Señaló que “el máximo responsable de la muerte de una mujer víctima de femicidio es el femicida. Nunca podemos perder el foco de quién es el verdadero criminal».
En este escenario, Plá subrayó que siempre es mejor que una mujer denuncie a que se mantenga en silencio y recordó que «de las mujeres que son víctimas de violencia, menos del 30% había denunciado a Carabineros, a la PDI o a la fiscalía, y solo tres habían recurrido a un centro de la mujer. Necesitamos que las mujeres confíen en la institución».
En tanto, la abogada de Corporación Humanas, Camila Maturana, recalcó que esta situación pone en evidencia las falencias del Estado al cumplir sus obligaciones de prevención y protección a las víctimas. Maturana señaló que se evidencia «en la ausencia de un mecanismo estatal a cargo del seguimiento y evaluación de las medidas de protección que se decretan para la seguridad de las mujeres».