El informe de Human Rights Watch constató graves vulneraciones los Derechos Humanos cometidas por agentes del Estado tras el estallido social, coincidiendo con el análisis entregado previamente por Amnistía Internacional. El martes pasado la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, salió a dar respuesta por este informe, valorando las recomendaciones que se planteaban, entre ellas, iniciar una reforma estructural a Carabineros.
Sumado a esto, Recabarren señaló que exigirían a la institución policial “entregar un informe con medidas de corrección, instrucciones y sanciones” que debía ser entregado, como plazo máximo, el martes 3 de noviembre. Dado que ese plazo se cumplió, El Desconcierto consultó a Carabineros si el informe había sido emitido y solicitó conocer su contenido. Sin embargo, desde del Departamento de Comunicaciones entregaron la siguiente respuesta: “Respecto al informe HRW, la Institución lo envió por los canales correspondiente al Ministerio del Interior y hasta el momento no tenemos considerado hacerlos públicos”.
Asimismo, se le había consultado a la subsecretaria por el contenido de este documento y su respuesta fue la misma que Carabineros, señalando que debía llegar a manos del Ministerio del Interior, por ser jerárquicamente dependiente de esa cartera.
La semana pasada, el director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se reunió con el presidente Sebastián Piñera para referirse a los abusos policiales denunciados por la sociedad civil. “Es predecible que, de no producirse reformas, estos abusos van a continuar”, señaló posteriormente en una conferencia de prensa.
Ante esto, la directora suplente del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, coronel Karina Soza, reconoció que “se pudieron haber cometido errores”, pero que la institución tenía un “compromiso con los Derechos Humanos, que es parte esencial de nuestra formación”. Además, agregó que “no obstante, los eventos del último mes han demostrado la necesidad de hacer profundas reformas a la acción policial, encaminadas hacia una mejor promoción y protección de los derechos humanos».
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