El giro del Frente Amplio tras aprobación de la Ley Antisaqueos: «Reconocemos un error político»

Tras la votación de este miércoles, en que la Cámara de Diputados aprobó la “ley antisaqueos”, por 127 votos a favor, parlamentarios del Frente Amplio (FA) dieron un giro en su posición. La iniciativa busca endurecer las penas a los hechos de violencia que se producen en manifestaciones sociales, en particular, en casos de saqueos, incorporando este tipo de delito dentro del Código Penal.

Desde la coalición se pronunciaron parlamentarios, presidentes de partidos y las bancadas feministas y estudiantiles reconociendo como un error la votación de este miércoles. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el diputado de RD Giorgio Jackson, sostuvo que “terminamos atrapados en la jugada del gobierno, en un proyecto que se discutió de manera inmediata” y luego agradeció “a las personas que nos hicieron ver el error y estamos tratando de enmendar el rumbo”.

En el video de casi dos minutos, Jackson añadió: “Estamos haciendo todo lo posible para que ahora el proyecto, estando en el Senado, pueda cambiar y estamos intentando convencer a senadores y senadoras para que impidan que aquellas materias que criminalizan la protesta social se conviertan en ley”.

Luego de esto, el partido dio a conocer una declaración pública en la que reconocen la decisión como “un error político” que “señala una señal confusa y distancia nuestro quehacer el sentir de las mayorías sociales”. Así también lo expresó su presidenta Catalina Pérez:

Los errores se asumen, se piden disculpas y se reparan. https://t.co/2YP2xsHOns

— Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) December 5, 2019

A su vez, otras colectividades se pronunciaron oficialmente tras la votación favorable al proyecto. Desde Convergencia Social asumieron “el error de haber aprobado la idea de legislar” la iniciativa. Señalaron que “a pesar de haber rechazado todos los contenidos represivos, sabemos que nuestro actuar no midió las implicancias de no separar la votación general de la particular y que estuvimos presionadas/os por la real existencia de saqueos que afectan sobre todo a los segmentos más precarizados de nuestra sociedad”.

Además, dijeron que rechazarán los proyectos que se mantengan en esta agenda, en particular, el “anti-encapuchados” y el que le otorga mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas para defender infraestructura crítica, sin la necesidad de que el Ejecutivo declare Estado de Excepción.

Revisa aquí la declaración completa:

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En tanto, desde Comunes -donde las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix se abstuvieron-, enfatizaron en que el Proyecto aprobado este miércoles no integra la “agenda represiva” del gobierno, dado que se trata de un proyecto iniciado a través de una moción parlamentaria presentada por Gonzalo Fuenzalida (RN) y Matías Walker (DC), entre otros diputados de estos partidos.

Desde el partido presidido por Javiera Toro aclararon que su postura fue la abstención porque compartían la necesidad de “erradicar las acciones delictuales” pero que esto no sería suficiente ni tampoco debe confundirse con las manifestaciones sociales.

Además, indicaron que más allá de no apoyar este proyecto, había que reconocer “errores” y la “falta de unidad” que no debían dividir la bancada del Frente Amplio. “Nos reconocemos frenteamplistas y creemos que es momento de fortalecer la unidad de nuestras fuerzas y enfrentar las dificultades con responsabilidad política sin apuntar con el dedo, pero siendo claros entre todos y todas”.

Mientras que el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsh, sostuvo que, pese a que no votó porque estaba pareado con otro diputado, su postura hubiese sido en contra. «Toda la agenda de proyectos que está enviando el gobierno están focalizados en los temas de seguridad, control, represión y yo no estoy disponible para apoyar ese tipo de proyectos que pretenden únicamente criminalizar las movilizaciones y desviar la mirada de las legítimas demandas sociales», indicó.

La Asamblea Feminista del Frente Amplio también dio a conocer una declaración pública en la que emplazan a la oposición a rechazar la idea de legislar «el resto de la agenda represiva del gobierno» y a realizar «todas las gestiones posibles para enmendar su error, impidiendo que la ley antisaqueos se apruebe». «Con estas leyes vigentes las feministas movilizadas enfrentaríamos cárcel», manifestaron.