En una muestra más del enfoque criminalizador que no solo el Ejecutivo, sino que el oficialismo en su conjunto ha asumido contra los jóvenes que se manifestaron en contra de la PSU, un grupo de diputados de la UDI anunció la presentación de un proyecto de ley que buscará sancionar con la pérdida de la gratuidad universitaria a quienes -en el futuro- sean partícipes de este tipo de acciones.
El proyecto cabría dentro de la actual Ley de Aula Segura, y será propuesto por la jefa de bancada de los diputados del gremialismo, María José Hoffmann, y el parlamentario de la misma colectividad, Jorge Alessandri.
Hoffmann explicó que la iniciativa va en la línea de «defender el derecho de los estudiantes a rendir la PSU«, ante «algunos jóvenes que creen (que tienen) la facultad de decidir por sus demás compañeros» y que «están en la lógica de destruir todo lo que a ellos no les parece«.
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«Quienes han incitado a la violencia y han coartado el derecho a la educación de miles deben ser sancionados, no pueden quedar impunes”, agregó Hoffmann, en la misma línea de lo que ha sostenido el gobierno, que a sus querellas bajo la Ley de Seguridad del Estado, sumó también la intención de negar el derecho a rendir la PSU a los jóvenes que hayan participado del boicot a la prueba.
Por su parte, el diputado Alessandri señaló que “las personas pueden seguir estudiando, pero no pagados por todos los chilenos. Que unos pocos hayan privado a más de 300 mil de dar una prueba de selección universitaria, no sólo va contra del Estado de Derecho, también va contra el derecho a la educación y el esfuerzo de miles de familias”.