Gremios de la salud denuncian alza de precios en insumos durante la emergencia del Covid-19

Los colegios metropolitanos de Matronas y Químicos Farmacéuticos presentaron esta mañana a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) una denuncia para que se indaguen las últimas compras que ha realizado el Estado para adquirir elementos de protección personal durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Los gremios acusan que, a partir de marzo de 2020, las empresas proveedoras de insumos médicos incrementaron sus valores hasta en un 4.000%, en comparación con los precios fijados desde antes que se confirmara el primer caso positivo de Covid-19 en el país.

Según lo reportado, una mascarilla desechable en noviembre de 2019 costó $12 la unidad, mientras que en marzo de 2020 y vía trato directo, tuvo un valor de $500 cada una. Otro ejemplo son los guantes talla L, que a fines del año pasado costaban $13 la unidad, y ahora, en medio de una pandemia, le está costando $23 al Estado.

Desde los gremios también detallaron que se detectó una baja presencia de oferentes post crisis, a diferencia de la gran diversidad de proveedores que postularon a las licitaciones públicas a fines de 2019. De este modo, estiman que podría haber existido una especie de «acuerdo» entre las empresas para «repartirse» el mercado; lo que, sumado a la gran demanda de insumos médicos, conllevaría a una imposibilidad de negociación de precios por parte de la Cenabast.

Para las entidades gremiales, esta situación afecta directamente en la cantidad de unidades disponibles para los diversos servicios de salud y, sobre todo, en la protección de los trabajadores de la salud durante esta pandemia.

La presidenta del Colegio de Matronas de Santiago, Katiuska Rojas, comentó que «en el fondo, acá se está negociando con la vida de las personas, por los que corresponde que la Fiscalía Nacional Económica conozca esta denuncia y, por consiguiente, disponga una investigación que esclarezca estas situaciones que, a nuestro parecer, son irregulares».

La denuncia apunta a la configuración de dos ilícitos en torno a la fijación de precios y «explotación abusiva por parte de un agente económico», los cuales están tipificados en las letras A y B del artículo 3 del Decreto de Ley Nº211 de la Fiscalía Nacional Económica.