| Fotografía de Agencia Uno
La iniciativa busca asegurar los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras como requisito para que el Estado entregue recursos a las grandes empresas que se acojan a la ley. Además, incluye una serie de garantías laborales, financieras, sustentables y de género que permiten proteger a la fuerza trabajadora.
Esta mañana la bancada parlamentaria de Convergencia Social presentó el proyecto de ley que crea un nuevo cuerpo normativo que regula el financiamiento público a empresas, en el contexto de pandemia por covid-19.
Mediante esta iniciativa, desde el conglomerado del Frente Amplio buscan proteger la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras, a cambio de que el Estado participe y adquiera parte de la propiedad de las empresas que decidan acogerse.
Según la iniciativa, el Estado podrá financiar a grandes empresas que lo soliciten en el contexto de crisis económica, social o de desastres naturales, siempre que cumplan con las condiciones estipuladas en la ley. Esta norma tendrá especial énfasis en las empresas estratégicas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población, la conectividad y comunicaciones del país, que exploten recursos naturales y sean parte del núcleo económico nacional.
Entre las condiciones, se establece la prohibición de despidos de trabajadoras y trabajadores; la adquisición de propiedad de la empresa por parte del Estado de manera proporcional al financiamiento económico realizado; la participación de este último y de los trabajadores en el gobierno corporativo; y la paridad en este órgano y la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que realizan un mismo trabajo.
En este contexto, la diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, manifestó que “es urgente que en tiempos de crisis se proteja a las y los trabajadores ante la incertidumbre de no saber si van a tener para comer. Hoy, ellos no pueden ni deben pagar esta crisis. Por eso, el Estado debe tener participación directa en las grandes empresas que se declaren en crisis, para otorgarles garantías sociales a las y los trabajadores, asegurando que no se les despida, congele o disminuya sus remuneraciones».
«Además, las empresas que se acojan tienen que implementar políticas de género encaminadas a eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también a generar cambios culturales y estructurales, especialmente en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las labores de cuidado, más aún en tiempos de teletrabajo por la pandemia”, comentó la parlamentaria.
A su vez, el diputado Diego Ibáñez señaló que “incorporar la participación directa del Estado le permite orientar la economía al bien común y garantizar condiciones favorables para sus trabajadores. La pandemia abre una oportunidad de reactivar la economía con un sello ecológico frente a una crisis climática que azota a Chile y el mundo. Si el Estado hoy ayuda a las empresas, estas deben ser armónicas con el medio ambiente: sin saquear el agua, sin dejar con metales pesados la sangre de la niñez, sin postergar a las regiones mientras se pagan contribuciones en Santiago oriente. El Estado, mediante su participación, debe velar por el buen vivir de las regiones y de comunidades que han sido postergadas históricamente».
Finalmente, el parlamentario Gabriel Boric se refirió al reparto de utilidades: “En nuestra opinión, tal como hemos mencionado antes, no puede existir reparto de utilidades si es que no se están pagando los sueldos íntegros de las y los trabajadores o se está acogiendo a beneficios del Estado».
