Senador Quinteros llama a aprobar proyecto de ley que busca evitar que toneladas de alimentos vayan a la basura

Esta semana, el Congreso revisará el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario y buscará evitar que cada año se desperdicien cerca de 27 mil toneladas de alimentos que van a parar a la basura, ya sea por un mal manejo en su producción, o porque está cerca de su fecha de vencimiento.

La legislación actual establece que dichos artículos, que incluso aún están en condiciones de ser consumidos, sean sacados de circulación y desechados en su totalidad de manera obligatoria, impidiendo que puedan ser donados.

Es por eso que el senador Rabindranath Quinteros instó a los parlamentarios a discutir y aprobar con celeridad este proyecto, con el fin que los alimentos que están en condiciones de consumirse, sean entregados a las familias más vulnerables en medio de la pandemia del COVID-19.

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“El desperdicio de alimentos es una situación alarmante desde la perspectiva ética, social, ambiental y económica. En una conducta contraria a lo que dicta el sentido común, en vez de optimizar los recursos de que disponemos, los desperdiciamos. Cada vez que un kilo de alimentos se va a la basura, no solo contamina y presiona los sistemas de gestión de residuos, también se desecha la mano de obra, el agua -un bien cada día más escaso- y la energía dedicada a su producción”, argumentó el legislador.

El senador del PS añadió que el proyecto que se discutirá “establece la obligatoriedad para fabricantes, productores, importadores, distribuidores y comercializadores de productos alimenticios de entregar, en forma gratuita, aquellos alimentos que siendo inocuos, no cumplan con estándares comerciales y por ello sean descartados para su venta”.

“Cuando hay gente que necesita comida, cuando hay comunidades que manifiestan sentir hambre, hace falta un cambio en el comportamiento y una nueva forma de entender el uso de los productos alimenticios que, habitualmente, son desechados por razones no sanitarias”, complementó.

Finalmente, Quinteros explicó que “este proyecto también establece que deberán existir entidades certificadas para recoger, transportar, almacenar y distribuir estos productos hacia instituciones o personas que los requieran”.