Este jueves, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), emitió duras críticas a la decisión del gobierno de no patrocinar el proyecto de ley del postnatal de emergencia, e imponer una propuesta que implica que las madres paguen una eventual extensión con su Seguro de Cesantía, al incluirlas en la Ley de Protección del Empleo.
La iniciativa del Ejecutivo propone específicamente que las madres a las que se les vence el posnatal en tiempos de pandemia, se acojan a la Ley de Protección al Empleo de manera unilateral, lo que implica que deberán cobrar su Seguro de Cesantía y recibirán un porcentaje de su sueldo.
En conversación con Tele13, Muñoz señaló que esta propuesta «no dialoga para nada con el proyecto de posnatal de emergencia que está hace más de dos meses tramitándose primero en la Cámara de Diputados y después debatiendo la controversia de admisibilidad que ha presentado el gobierno y varios parlamentarios».
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«Lo que ha hecho el gobierno, pese a que hemos intentado abrir senderos de conversación, es abrir un nuevo conflicto con la oposición y también con los parlamentarios oficialistas que son autores de este proyecto de postnatal de emergencia. Entonces, bloquea un proyecto de ley que está en trámite y, sin abrir diálogos, sin escuchar, impone su propuesta«, agregó en esa línea Muñoz.
La parlamentaria PPD detalló que la propuesta del postnatal de emergencia contemplaba una cobertura de 21 mil mujeres, en cambio, la propuesta que hace el gobierno dice que son 850 mil. «Amplía cobertura, pero a costa de los recursos de las mujeres, ese es el gran tema. Serán las propias mujeres a través de su cuenta de ahorro del Seguro de Cesantía las que financiarán su posnatal», lamentó.
Finalmente, la presidenta del Senado enfatizó que «uno puede ampliar la cobertura hasta el infinito cuando los recursos son de otros y de otras. En este sentido es que hay una gran diferencia porque sustenta este derecho al postnatal más bien en políticas administrativas, en un teletrabajo que tendrán que convenir las mujeres con los empleadores o ser suspendidas de sus empleos a través de los mismos mecanismos que ha definido la Ley de Protección del Empleo».