Luego del llamado obligatorio de la empresa multinacional a siete trabajadoras madres con hijos menores de dos años para reintegrarse a sus funciones el 22 de junio, el Sindicato de Starbucks presentó en el 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una nueva demanda por vulneración de derechos fundamentales de trabajadoras.
En medio de la discusión por el postnatal de emergencia y pese a que no existen salas cunas o jardines infantiles operativos por expresa instrucción de la autoridad, Starbucks proponía en la mayoría de los casos el traslado unilateral de las trabajadoras a locales distintos a los que prestaban servicios originalmente.
Esta acción se suma al recurso de protección presentado a fines de abril por 16 trabajadoras madres y embarazadas en donde se solicitó dejar sin efecto la suspensión laboral por “el perjuicio económico que acarreaba, junto resguardar su salud, en atención a la obligación de protección de la maternidad que recae sobre el empleador”.
Desde el sindicato sostienen que “con la medida del reingreso a sus puestos de trabajo o descuento de los días de inasistencia, no solo se les hace un daño psicológico sino que se pone en riesgo su salud y de sus hijos pequeños”. Además, advierten que se encuentra en curso “la solicitud de una medida precautoria a la justicia” para proteger a las trabajadoras afectadas.
Wendoling Silva, abogada querellante del caso, señala la acción legal busca “que se les pague de manera íntegra el sueldo a estas trabajadoras, que se les conceda el permiso para no asistir y, en el caso de quienes deseen asistir, que se les pague una cuidadora por al menos el sueldo mínimo más gastos de transporte seguro”.
Andrés Giordano, presidente del sindicato, dice que “la medida es una represalia que busca impedir que las trabajadoras denuncien lo que presumen ilícito y la administración dice abiertamente que ellas están pagando el costo de las acciones del Sindicato. Lo lógico sería que protegieran la maternidad y la vida de los niños. Sin embargo, las presionan para asistir sabiendo que no tienen con quien dejar a sus hijos e hijas. Es una negligencia que una empresa que sigue facturando cientos de millones semanales, que tiene más del 80 por ciento de su personal suspendido y que paga bonos de 200 mil pesos a quienes siguen trabajando, se niegue a dar permiso remunerado a siete trabajadoras que lo necesitan urgentemente. No lo vamos a tolerar”, finalizó el dirigente.
Desde el 3 de abril y tras acogerse a la entonces recién promulgada Ley de Protección del Empleo, la empresa mantiene suspendidos los contratos de más de 1.600 trabajadores y trabajadoras, mientras continúa funcionando en 84 tiendas a lo largo del país.