(Imagen referencial) | Fotografía de Agencia Uno
«No estamos hablando de un sacerdote, un caso puntual, un Karadima o un cura Tato. Estamos hablando de más de 30 años en los cuales obispos y sacerdotes abusaron progresiva y constantemente de fieles y seminaristas. Hay una red de encubrimiento, que usan para realizar hechos abominables y deleznables», acusa a El Desconcierto uno de los ex seminaristas que esta semana demandaron al Obispado de la quinta región, luego de décadas de impunidad para sus abusadores.
Desde hace más de 12 años que comenzaron las denuncias contra diferentes sacerdotes pertenecientes al Seminario Mayor San Rafael de Lo Vásquez, por abusos sexuales, violaciones y encubrimiento de estos delitos. Los afectados y denunciantes fueron ex seminaristas que pasaron por el recinto eclesiástico y que estuvieron internados allí entre los años 1992 y 2007. Sin embargo, el único resultado efectivo durante este largo período de acusaciones, procesos judiciales, religiosos y mayormente de dolor para las víctimas, tuvo lugar a fines del 2019, cuando los sacerdotes Jaime Da Fonseca y Humberto Henríquez fueron condenados canónicamente por el Papa Francisco, aplicándoles la pena de “dimisión del estado clerical”. Nada judicial.
Esto, aún cuando el Obispado de San Felipe, que era encabezado por entonces el obispo Cristián Contreras Molina, habría «paralizado la investigación canónica en contra de Henríquez desde 2012 hasta 2018», como se establece en la nueva demanda colectiva, que este miércoles 5 de agosto fue interpuesta por parte de los ex seminaristas – Marcelo Soto, Sebastián del Río, Gustavo Donoso, Marcelo Rodríguez y Mauricio Pulgar – contra el Obispado de Valparaíso.
El líbelo, presentado por el abogado Juan Pablo Hermosilla en la Corte de Apelaciones de la ciudad porteña, acusa a la autoridad eclesiástica y solicita 1.250 millones de pesos por los delitos cometidos por los religiosos en cuestión. Además, Bío Bío Chile informa que debido al fuero que presenta la institución y sus representantes, el tribunal de alzada deberá designar a un ministro para que tramite la causa.
Los ex seminaristas aseguran que, además de presentar diversas acciones judiciales a lo largo de los años luego de sufrir los abusos, cuando se vieron envueltos en esta red denunciaron los hechos a las autoridades eclesiales Mauro Ojeda, Javier Prado y Gonzalo Duarte, pero, de acuerdo a lo que se establece en la demanda, estos encubrieron los delitos de sus pares.
«En Valparaíso existió una red de protección para abusadores y acosadores, la cual obró, durante más de 11 años, en el Seminario San Rafael de lo Vásquez”, se establece en el documento judicial interpuesto esta semana.
En este contexto, El Desconcierto se comunicó con los cinco demandantes, de los cuáles tres alcanzaron a entregar su testimonio antes del cierre de esta noticia. Sin embargo, la sensación colectiva es que esta acción representa «un gran paso» para conseguir justicia, como lo enfatiza Sebastián del Río. «Ha sido una pelea larga, de muchos años, de desgaste psicológico y emocional. Esta demanda tiende a repararnos emocional, psicológica y espiritualmente, a rearmarnos como hombres, a sentir que la dignidad que nos robaron nos la devuelven, no porque quieran, sino porque nos pertenece, porque es nuestra y no pueden robarla», expresa.
«Cuando hice la primera denuncia tuve que vivir el descrédito, la desconfianza que me señalaran con el dedo, por allá por el año 2007. Tuvimos que aceptar que el nuncio apostólico de la época Giuseppe Pinto, ni siquiera permitió que me abrieran las puertas de la nunciatura para presentar mi denuncia», relata el ex seminarista.
Teniendo en cuenta su propia historia, del Río señala que esto no es solo un interés personal. «Estamos haciendo esto por mucha gente que no se ha atrevido a denunciar, que sigue sufriendo en silencio lo que los abusos de poder, de conciencia y sexuales provocan en el ser humano. Son años de una injusticia horrorosa, amparada por la autoridad eclesiástica de Chile, y por Roma, no me cabe la menor duda», concluye, agregando que el abuso y el encubrimiento, están «instalados hace décadas en la diócesis de Valparaíso».
Por su parte, Gustavo Donoso establece que, a pesar de los resultados de las denuncias en el pasado, tiene confianza en esta demanda, ya que «tiene los elementos suficientes para demostrar los abusos sistemáticos, ya sean sexuales, de conciencia o de poder, que ha hecho la iglesia de Valparaíso, y que se han instaurado y validado por sus autoridades».
«Nosotros hemos tenido la mayor disposición a conversar con ellos, pero se quedan en la instancia de conversar y no ejecutan nada más. La iglesia de Valparaíso simplemente se desentendió», sostiene el demandante, quien asegura que su mayor expectativa con este procedimiento es que la iglesia los reconozca como víctimas, y que tuvieron que llegar a esta instancia porque desde el obispado «no quisieron sentarse a conversar de buena manera. No quisieron ellos analizarse y revisar cuáles eran sus procedimientos, sus protocolos, y de la manera que vienen trabajando: de una manera maquiavélica, muy perversa».
Finalmente, y una de las cosas en las que todos concuerdan, es que este «ha sido un proceso largo», como bien lo señala Marcelo Rodríguez.
«Es muy doloroso volver a recordar y tener que relatar todos los hechos y sucesos que fueron vejatorios, humillantes, y que generaron bastante daño. Fíjate que lo mío ocurrió en enero del 2000, y no fui capaz de hablarlo hasta el año 2012, cuando vi a mi ex compañero Mauricio Pulgar en el programa ‘Mentiras Verdaderas’ y lo escucho en Radio Bío Bío, recién ahí pude empezar a hablarlo con mis cercanos. Fue muy doloroso para mis padres sobre todo», cuenta Rodríguez.
«Nos truncaron nuestro ideal, nuestro deseo de ser sacerdotes. Mis expectativas son que se haga justicia, que se revele a los culpables y que nos reconozcan como víctimas, porque nunca se nos ha reconocido como tal. Nos vimos obligados a llegar a esta instancia porque no hubo ningún mea culpa del Obispado de Valparaíso de los encubrimientos, de los abusos de poder y de conciencia que estos sacerdotes utilizaron contra nosotros», acusa.
«Pretendo simplemente justicia. Estamos hablando de algo tremendo. No estamos hablando de un sacerdote, un caso puntual, un Karadima o un cura Tato. Estamos hablando de más de 30 años en los cuáles obispos y sacerdotes abusaron progresiva y constantemente de fieles y seminaristas. Hay una red de encubrimiento, que usan para realizar hechos abominables y deleznables», concluye el ex seminarista.
