Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell | Agencia Uno
El 26 de julio, el fiscal asignado a una causa que investiga supuestas irregularidades en una licitación de la repartición pública, determinó que la PDI concurriera a requisar información sobre el proceso de compra y adjudicación de unas cámaras de seguridad.
Dos días consideró una reservada diligencia de la Brigada Anticorrupción de la PDI en la Subsecretaría de Prevención del Delito, encabezada por Katherine Martorell.
Específicamente, esta se enmarcó en la recopilación de información sobre la licitación para la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros por más de $ 378 millones, informa La Tercera.
Lo anterior porque una de las empresas postulantes que perdió el concurso, interpuso una querella contra la subsecretaría y Martorell.
La acción legal liderada por Pegaso fue acogida y remitida a la Fiscalía Centro Norte, donde el caso fue asignado a Francisco Ledezma.
El 26 de julio el fiscal determinó que la PDI requisara información del proceso de compra y adjudicación de las cámaras.
La subsecretaría decidió que los antecedentes se facilitaran voluntariamente.
El trámite demandó dos días en los que se hicieron copias de información de todos los computadores de la subsecretaría.
Adicionalmente, se requisaron dos cámaras licitadas y se analizaron hasta los teléfonos de los funcionarios a cargo del proceso.
La situación ha afectado profundamente a Martorell, una de las autoridades mejor evaluadas en el gobierno en el contexto de la crisis sanitaria.
De acuerdo a lo que publica el medio de circulación nacional, no se quedará de brazos cruzados frente a la embestida de la compañía.
De hecho, presentará una querella contra la empresa por el delito querella calumniosa. A través de este trámite, espera obtener una compensación económica.
Respecto de los fondos que se puedan, eventualmente reunir como consecuencia de esta acción, la idea es que puedan destinan a personas necesitadas.
“Estoy muy interesada en que esta investigación termine rápido para que se demuestre que acá no hubo nada irregular, ni menos ilícito«, fue parte sus las declaraciones al cuando se le consultó por el tema.
«Las platas del Estado son sagradas y acá nadie ha tratado de vulnerar la normativa de compras, ni las disposiciones legales y penales”, declaró.
Respecto del trámite, la PDI pudo revisar los celulares de todos los funcionarios involucrados en el proceso, hasta el de Martorell quien accedió a entregar su teléfono personal para que la PDI lo periciara.
Paralelamente, la policía tuvo acceso a los antecedentes financieros del proceso que redundaron en la querella de Pegaso.
Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también tomaron lugar en la causa. En este caso, como representante de la subsecretaría en el Tribunal de Compras Públicas, hasta donde hicieron llegar sus descargos.
En la compañía esperan que se retrotraiga el proceso licitatorio a la etapa de evaluación de las propuestas. Esto debiera implicar que la adjudicataria, Motorola Solutions Chile S.A sea excluida por encontrarse fuera de bases. A juicio de los querellantes.
“Se equivoca la demandante al señalar que existió un vicio de ilegalidad, no presentó los antecedentes necesarios para poder ser evaluada«, sostiene el CDE en parte de sus argumentaciones.
“Acceder a la petición de la demandante y disponer que se retrotraiga el estado del proceso hasta antes de la etapa de evaluación de las ofertas, resultaría completamente inoficioso», agregan.
«Como se indicó, el contrato ya ha surtido sus efectos, habiéndose ejecutado la prestación principal, consistente en la entrega de las cámaras, dockers y demás accesorios», ilustraron.
«Lo contrario, implicaría revocar un acuerdo de voluntades válidamente suscrito con un tercero de buena fe, afectando los derechos ya adquiridos por este, cuestión que nos parece inadmisible”, fue parte de lo argumentado en un documento.
