El martes de esta semana se conoció la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien se presentaría como candidato a una elección popular en los próximos meses, según trascendió públicamente.
A dos días de su renuncia, los posibles motivos tras su salida del Ministerio de Salud comienzan a adquirir otros ribetes, algo más oscuros, pues el ex subsecretario estaría involucrado en diversas irregularidades mientras se mantuvo en su cargo.
Gastos extras sin respaldo, antecedentes de corrupción, dudosos contratos de residencias sanitarias y una inconclusa construcción de hospitales están detrás de la reciente, pero esperada, salida de Zúñiga del Minsal.
Investigaciones de Contraloría
Según recoge El Mostrador, hace unos meses comenzó una investigación de la gestión del ex subsecretario, llevada por la Contraloría.
Desde julio y agosto, el ente contralor inició una serie de auditorías en servicios de salud, como el de Arauco, y hospitales como el Sótero del Río, El Pino, San Borja Arriarán, Barros Luco, entre otros. Esto, con el fin de fiscalizar el uso de recursos públicos para la compra de elementos de protección personal y la implementación de centros de atención.
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Fuentes aludidas en el reportaje indican que Zúñiga, junto a su jefe de gabinete, Jorge Acosta, dieron la orden de gastar por fuera del marco presupuestario, sabiendo que no se enfrentarían a represalias por las finanzas irregulares.
A mediados de diciembre podrían estar los resultados de estas investigaciones, además de un “informe consolidado” de todas las indagatorias que han hecho las Contralorías Regionales.
Contratos de residencias sanitarias
Junto al gasto desmedido de recursos públicos durante la gestión de Zúñiga se suman los cuestionados contratos de residencias sanitarias.
En julio, la Contraloría determinó como irregular el pago de $513 millones por un hotel usado como residencia sanitaria, porque el acuerdo fue de palabra y no se encontró el contrato correspondiente. Asimismo, remarcó que la contratación de residencias es indudablemente responsabilidad de la Subsecretaría de Redes Asistenciales
Un mes después, un reportaje de Interferencia comprobó que Arturo Zúñiga validó el contrato por $205 millones para una residencia ubicada en el centro de Santiago, que realmente era una serie de departamentos administrados por Orlando Durán (UDI) y entonces jefe de la División de Atención Primaria del Minsal.
Al revelarse esto, el negocio fue anulado y el manejo de las residencias sanitarias fue quitado a Zúñiga para ser traspasado a la Subsecretaría de Salud Pública.
En la mira de la Brigada Anticorrupción
A causa de lo anterior, el ex subsecretario -cuya salida se asoció en primera instancia a una eventual candidatura parlamentaria o constituyente- se enfrenta a una investigación llevada por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), bajo la orden de la Fiscalía Centro Norte.
Según recogen desde el medio, la PDI llegó a las dependencias de la Subsecretaría de Redes Asistenciales a requisar discos duros, causando revuelto entre los funcionarios del organismo. En este momento, está en desarrollo una auditoría y un sumario que realiza la Contraloría, para ilustrar las responsabilidades del caso.
Construcción desmedida de hospitales
A lo anterior se suma una atípica construcción de hospitales, requerida por Zúñiga. “La construcción de 5 hospitales fue acelerada a comienzos de año. Para acelerar la construcción se iban a saltar varias medidas, incluso la recepción municipal. Jorge Acosta, el jefe de gabinete del ex subsecretario Zúñiga era de los que más insistía en acelerar los procesos administrativos para que estas obras se concretaran”, afirmó la diputada Marcela Hernando, integrante de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las inversiones hospitalarias.
Sin embargo, y pese a la insistencia de Arturo Zúñiga, gran parte de las edificaciones no se concretaron. Al respecto, la diputada ha hecho consultas al Minsal, en particular sobre la situación del Hospital Barros Luco, afirma El Mostrador.
El objetivo de la parlamentaria era dilucidar lo que exactamente se pagó a la constructora Astaldi, firma italiana en proceso de reorganización desde abril del año pasado, después de declararse en quiebra. “Lo que se habría hecho es pagar más allá de lo que estaba ejecutado”, afirmó Hernando. La orden de pago se firmó en enero, con la firma de Zúñiga. “Me gustaría tener más información, pero todavía no recibo respuesta», expresó la parlamentaria.