Personas con discapacidad: Los últimos en ingresar en el debate por una nueva Constitución

El pasado viernes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por tres votos contra dos, una normativa que asegura la inclusión de personas con discapacidad en las listas de candidaturas para la Convención Constitucional.

El tema comenzó a ser discutido un par de semanas antes, cuando el 26 de octubre la misma Comisión discutía los escaños reservados para los pueblos indígenas. En esa norma, se incluía a las personas con discapacidad en uno de los incisos finales.

No obstante, la Comisión resolvió separar los temas, y, luego de posponer esta discusión, finalmente el viernes pasado se aprobó una fórmula que exigirá que un 5% de los candidatos de cada lista sean personas con discapacidad.

Para algunas de las voces de las personas con discapacidad, la forma en la que se dio la discusión reveló una vez más que las problemáticas asociadas a la discapacidad no son prioridad para nuestra sociedad, a pesar de que 16,7% de la población vive en esas condiciones en Chile, es decir 2.836.818 personas, según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad.

En la población adulta, esta cifra asciende al 20%, y la mayor parte está constituida por personas de edad avanzada, siendo el 60% de este segmento mayores de 45 años, y el 38% mayores de 60 años.

Del total, el 8,3% tiene problemas severos en su desempeño (discapacidad severa) y 11,7% están en  situación de discapacidad leve a moderada.

Satisfechos pero críticos

La mayor parte de las agrupaciones de discapacidad en Chile están de acuerdo con la creación de mecanismos que aseguren la participación de sus miembros en el proceso constituyente, y un grupo importante de ellas propuso que esto se realizara a través de la inclusión de un 10% de candidatos con discapacidad en cada lista.

Tras diversas discusiones, la Comisión de Constitución terminó por aprobar sólo un 5%. A pesar de ello, Pablo Selles, de la fundación «Voz Propia», dedicada a promover la participación política de personas con discapacidad, señaló que se encuentran relativamente satisfechos.

«Me parece que es una fórmula que no es la que nosotros habíamos llegado, pero sí nos deja en algo satisfechos porque nos permite abrir puertas para promover la participación de personas con discapacidad en el proceso constituyente y en la política en general. Es una puerta que por décadas estuvo cerrada, y es necesario ponerle un tope y empezar a trabajar en esta instancia», sostuvo Selles.

De todas maneras, agregó que el «5% por sí mismo no respalda la participación de las personas con discapacidad en el proceso constituyente«, explicando que «además se deben generar garantías para que las candidaturas que quieran participar tengan condiciones de elegibilidad y de competitividad«.

«No basta que estemos rellenando con 6 o 7 personas para cumplir el cupo, pero los mandan a sectores que no son representativos, no tienen apoyo, no hay financiamiento, etc. Entonces ojalá que los partidos no sólo lleven a un 20% de candidatos en situación de discapacidad -porque así representamos a la población chilena- sino que además garanticen condiciones de elegibilidad y competitividad a las candidaturas«, enfatizó.

Una perspectiva similar tiene Matías Poblete, presidente y fundador de Fundación Chilena para la Discapacidad, quien sostuvo por su parte que «si bien se debería generar una oportunidad de escaños reservados», dado lo acotado de los tiempos y la incertidumbre por las candidaturas «deberíamos cerrarlo en este 5%«.

Los últimos en el debate

Con respecto a la forma en la que este tema ha sido abordado por el poder legislativo (como un inciso de otra discusión y con sólo dos meses para presentar las candidaturas), Pablo Selles criticó que «los temas de las personas con discapacidad siempre queden en segundo plano», expresando que «obviamente a nosotros nos molestó, porque finalmente nunca fue tratado el tema, y hubo ciertas barreras para nuestra participación».

Un ejemplo de ello, asegura, es que en la Comisión de Constitución del Senado «no tienen intérprete de señas. Y en la televisión, la comunidad sorda no pudo entender lo que estaba sucediendo. (A esto se suma), que vimos lamentablemente que hay harto desconocimiento (de los mimos parlamentarios) de los conceptos a utilizar para referirse a las personas con discapacidad. Se escuchó en algún momento «capacidades diferentes» o los «discapacitados». No puedo decir que lo dijeran de mala fe, pero refleja un no entendimiento del Senado y de la sociedad en general sobre cómo tratar y cómo referirse a las personas con discapacidad».

«Históricamente en Chile la discapacidad no es tema«, dice Matías Poblete. «Por eso vemos como una buena señal que se garanticen las candidaturas reservadas«, agrega, aunque no sean como las que buscaban.

En rigor sólo al final fueron considerados, luego de que se discutiera la paridad, los escaños para independientes y los escaños para pueblos indígenas. Matías Poblete asegura que «hay una responsabilidad compartida» y que no responsabiliza sólo a los senadores.

«Primero (hay una responsabilidad) de los legisladores que pocas veces le han dado importancia a los temas de discapacidad. Pero también, existe una responsabilidad de la sociedad civil y de las personas con discapacidad. Nos cuesta instalar temas en la opinión pública. Nos falta mayor organización, mayor cohesión, y llevar nuestras necesidades y planteamientos de manera más organizada hacia la opinión pública y también hacia los legisladores», reflexionó.

Reformar la institucionalidad y nueva Constitución

En cuanto a las temáticas que se deberán tratar en la nueva Constitución, el representante de la fundación «Voz Propia» y miembro de Convergencia Social, Pablo Selles, sostuvo que en la nueva Carta Magna «no se deberían considerar derechos específicos para las personas en situación de discapacidad«.

«A mí no me gustaría que la Constitución tuviese un apartado especial para las personas con discapacidad porque yo considero que algo así sería segregar, separar. Debe haber en cambio un enfoque de inclusión, que en cada uno de los puntos se vaya incorporando. Como con la educación, en vez de hablar del derecho a la educación, hablemos del derecho a la educación inclusiva. Que ese sea el derecho que se consagre en la Constitución. Una educación inclusiva, de calidad, donde ningún estudiante ni por situación socioeconómica ni por condición de salud, ni por discapacidad, quede fuera del acceso al sistema educativo regular y del acceso a los aprendizajes», explicó.

Por otro lado, en lo referente a la institucionalidad actual y a los potenciales cambios que requiere, Matías Poblete de la Fundación Chilena para la Discapacidad, lanzó duras críticas al Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.

«El Senadis es hoy día un referente técnico, pero no tiene facultades de fiscalización. Tiene un presupuesto que no alcanza a ser siquiera el 40% del presupuesto anual de la Teletón, por ejemplo. Asimismo, no cuenta con funcionarios de la primera línea jerárquica que estén en situación de discapacidad. Si el Sernameg jamás sería dirigido por un hombre, ¿por qué no se aplica el mismo criterio con la discapacidad? Y también, nos gustaría que este organismo tenga más capacidades para la formulación y evaluación de políticas públicas», señaló Poblete.

En ese contexto, explicó también que el Senadis ha venido funcionando según las directrices del gobierno de turno, con lo cual no se han podido realizar procesos de mediano o largo plazo.

«Cada gobierno obvia lo que hace el anterior. Si seguimos así, y el Senadis no tiene una línea clara, no vamos a llegar a ninguna parte», sentenció.

Por su lado, Pablo Selles destacó también tres puntos de relevancia para el debate constitucional desde la perspectiva de la discapacidad: reconocimiento de las personas con discapacidad a nivel constitucional, reconocimiento de lengua de señas como lengua materna para las personas que nacen con una discapacidad auditiva, y la realización de políticas públicas enfocadas en discapacidad, así como en las personas que realizan los cuidados de estas personas.

Finalmente, Selles, quien anunció que postulará con una candidatura a la Convención Constitucional, solicitó a los partidos y a las listas que se vayan a presentar «que se tomen en serio el tema, no somos candidaturas de relleno«.

Postura disidente y crítica al asistencialismo

La comunicadora y docente de Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Carolina Pérez, observa el asunto desde la vereda opuesta: las candidaturas reservadas no le parece una solución correcta.

«Estoy en desacuerdo con las candidaturas reservadas. Aquí lo que se necesita es que las personas con discapacidad que participen del proceso constituyente lo estén porque el pueblo quiere que estén ahí, no porque sean personas con discapacidad», expresó Pérez, enfatizando que para ella este proceso «es una herramienta más asistencialista del Estado, no es algo beneficioso, aquí se cometió un tremendo error».

La también ex conductora del programa “Saliendo a flote” de la misma casa de estudios, explicó que si bien está de acuerdo «con que exista una participación activa de todos, todas y todes, no encuentro que las personas con discapacidad necesiten de esto para participar».

En ese sentido, para Pérez las personas con discapacidad deberían presentarse como independientes, sin escaños ni candidaturas reservadas.

«(Yo busco) que se nos vea tanto como sujetos de derechos como sujetos de deberes», señaló Pérez, enfatizando que «le debemos respeto al pueblo chileno, le debemos respeto a quienes han perdido sus ojos«.