Corte ordena prisión preventiva de nueve imputados por “Robo del Siglo“

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la prisión preventiva de nueve imputados por asociación ilícita, lavado de activos y robo en lugar no habitado en la empresa de valores Esertval, ilícito cometido en septiembre de 2017 en la comuna de Recoleta.

En la sentencia, la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras Jenny Book, Verónica Sabaj y el abogado (i) Jorge Benítez- revocó la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que había decretado la cautelar de arresto domiciliario, por lo que ordenó la prisión preventiva de los imputados por constituir “un peligro para la sociedad“.

“Atendido los elementos de convicción reunidos en este estadio procesal, sumado a los aportados en la presente audiencia, es posible para esta Corte tener por configurados los presupuestos materiales contemplados en las letras a) y b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, respecto de los ilícitos de asociación ilícita -artículos 292, 293 (en relación a sus líderes Cordero Valenzuela, Pino Morales y Mosquera Novoa) y 294 (respecto a los demás imputados) del Código Penal- y lavado de activo -artículo 27 letra a) de la Ley N° 19.913-, desde que estos dan cuenta que los imputados concertados para su ejecución realizaron un sinnúmero de acciones tendientes a cometer los ilícitos objeto de la formalización“, dice el fallo.

La resolución agrega que, “de igual forma, respecto del delito de lavado de activo, en atención al Informe Policial Patrimonial N° 4921 consta que los imputados ingresaron a sus patrimonios o al de sus familiares cercanos numerosos bienes tanto muebles como inmuebles, circunstancias que no han sido controvertidas por sus defensas, por cuanto sus alegaciones tienden a desvirtuar las datas de adquisición de algunos de ellos y sólo respecto de parte de los imputados, no resultando justificado que atendidas las actividades declaradas por ellos y sus consecuentes rentas en los períodos en análisis, aunado a que dichas transacciones se efectuaron de manera inmediata y próxima al robo perpetrado el 19 de septiembre de 2017, se colige que aquellas provinieron de dinero obtenidos de manera ilícita“.

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Además considera que, “del mismo modo, ha de tenerse en cuenta que la resolución apelada -a pesar de no revestir la claridad suficiente- da por establecido los referidos presupuestos materiales respecto del delito de robo previsto en el artículo 442 del Código Penal, lo que sumado a la forma y circunstancias de comisión del ilícito, la conducta pretérita de los imputados -salvo Jiménez Valenzuela-, haber actuado en grupo o pandilla, la pena asignada al mismo“.