Este jueves, el abogado Rodrigo Román, querellante particular en el caso del homicidio del malabarista Francisco Martínez, baleado por un carabinero el viernes 5 de enero en Panguipulli, anunció que interpondrá un recurso de queja en contra de la jueza que rebajó las medidas cautelares del único imputado en el caso.
El pasado miércoles, la Corte de Apelaciones de Valdivia revocó el arresto domiciliario total de Juan González Iturriaga, el carabinero imputado por el homicidio del malabarista, y lo sustituyó por firma quincenal y arraigo nacional. Sin embargo, hoy un reportaje de El Desconcierto dio a conocer que la ministra de la Corte, María Elena Llanos, que formó parte de la decisión, es madre de un Capitán de Carabineros y Jefe del OS-7 de Punta Arenas.
«Aquella circunstancia según nosotros constituye una falta, un abuso que es enmendable por la vía de un recurso de queja, que vamos a interponer para que sea la Corte Suprema la que coloque las circunstancias de que esta jueza, encontrándose implicada, debió inhabilitarse pero eso no ocurrió«, argumentó Román.
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«Efectivamente, aquí hay razones para sospechar de la falta de autonomía de independencia de la jueza», afirmó.
Además, destacó cuál fue el rol de la magistrada en la decisión que dejó en libertad al imputado: «Ella concurrió con su voto a no solamente revocar la medida cautelar, sino que anticipadamente según nosotros también hay otro tema, a determinar que se actuó en legítima defensa«.
Ante esta situación, el abogado adelantó que harán notar estos antecedentes por la vía judicial, con el fin de revertir la resolución. «Interpondremos un recurso de queja, tenemos cinco días a partir de ayer. A más tardar mañana será interpuesto el recurso de queja«, explicó.
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«Es grave, sin lugar a dudas, porque da cuenta de la falta de imparcialidad en la persecución penal en este caso; no queda claro la división de los poderes del Estado porque, como son agentes del Estado los responsables, entonces otros agentes del Estado están actuando, encubriéndolos en la responsabilidad penal que tienen, y eso es lo que nos parece extraño», aseguró Román.
Hasta el momento, el uniformado se mantiene con firma quincenal y arraigo en el territorio nacional, mientras dure la investigación, la que el Juzgado de Garantía de Panguipulli fijó en 120 días, persiguiendo el delito de homicidio simple.