Cárcel El Manzano | Agencia Uno
Con 30 años de edad y dos hijos pequeños, Carlos Peyrin lleva 14 meses en la Cárcel El Manzano, cumpliendo una condena por un crimen del cual asegura ser inocente. Desde allí, decidió estudiar para la PTU, y ahora es alumno de primer año de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Carlos Peyrin Matamala, el primer preso del estallido social de Concepción, lleva más de un año de condena cumplida en la cárcel El Manzano, tras ser culpado de porte de armamento explosivo en diciembre de 2019.
El hombre de 30 años de edad logró rendir la Prueba de Transición Universitaria (PTU) y quedó seleccionado para estudiar Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), cosa que no ha podido cumplir desde el recinto penitenciario, pese a considerársele “alumno regular” del establecimiento educacional.
Bajo la prohibición de tener libros, y sin acceso a cualquier tipo de material educativo, el padre de dos hijos decidió estudiar para la PTU desde la cárcel de Concepción. Todo esto, cumpliendo una condena por un crimen del cual asegura ser inocente.
«Estuvo estudiando para dar la PTU en condiciones muy complejas, sin apoyo del sistema carcelario y sufriendo hostigamientos permanentes, aislamientos, prohibición de tener libros y otras medidas absurdas”, aseguran en una declaración familiares y amigos.
“Damos fe que se trata de una persona con ideales que participó en la revuelta social como miles y miles de chilenos, cansados de los abusos del sistema, no se trata de un delincuente ni de persona violentista”, agregan.
La vocería, junto a organizaciones de Derechos Humanos y en apoyo a los presos de la revuelta, convocó a una reunión el lunes en el frontis del recinto penitenciario con el propósito de abogar por el derecho a la educación de Carlos Peyrin.
Según indicaron, buscaban que “las autoridades correspondientes aseguren las condiciones para que Carlos tenga el derecho a educarse, como cualquier ciudadano, mediante la consideración de medidas como el beneficio de la salida diaria o las condiciones dentro del penal para acceder a sus materiales y clases mientras logra su libertad condicional. Es lo mínimo para garantizarle el derecho a la educación”.
Sin embargo, lo que no esperaban era tener que enfrentarse a efectivos de Carabineros de Chile, quienes detuvieron a nueve personas sin permitirles mostrar sus permisos de desplazamiento.
Esto lo denuncia María Candelaria Acevedo, presidenta de la Corporación por los Derechos Humanos Sebastián Acevedo, asegurando a El Desconcierto que la policía uniformada detuvo al menos a cinco mujeres y cuatro hombres, entre ellos al hermano de Carlos, Igor Peyrin.
Además, Carabineros detuvo al reportero del medio Resumen.cl, Javier Arroyo, quien contaba con un permiso único colectivo gestionado por sus empleadores.
Sin embargo, el comunicador fue detenido y trasladado a la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción, sin informarle la razón de su detención.
Desde la Comisión Nacional de DD.HH. del Colegio de Periodistas rechazaron la actuación “arbitraria” de Carabineros, que “impidió que el comunicado pudiera cumplir con su labor”.
Para los profesionales, esta acción de la policía uniformada se hizo “afectando la libertad de expresión, de información y de acceso a la información”.
También se concretó la detención de Oriana Astudillo, ex presa política y defensora de derechos humanos, y de Felipe Herrera, secretario de comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la UCSC, entre otros.
Al respecto, desde la Federación de Estudiantes de la UCSC denunciaron la detención “ilegal y arbitraria” de Herrera y Javiera Vásquez, vicepresidenta de comunicaciones, junto a otros asistentes a la convocatoria.
En ese sentido, expresaron “nuestro más profundo rechazo y denunciamos la ilegalidad del proceso de detención, aún más en el contexto de la conmemoración del Día del Joven Combatiente”.
“Somos testigos de cómo el Estado de Chile continúa la persecución política hacia quienes alzan la voz, utilizando una vez más a la fuerza policial para sus intereses, condenando nuestras prácticas y todo principio de libertad de expresión en democracia antes que combatir delitos reales”, señalaron los estudiantes.
Desde Gendarmería, explicaron a El Desconcierto que “no existen medios logísticos ni tecnológicos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío que permitan desarrollar clases virtuales”.
Esto, “dado que el único recurso disponible con acceso a internet es empleado con alta demanda en televisita, asesoría jurídica y audiencias de tribunales para el grueso de la población penal”.
De todas formas, indicaron que “ante una eventual postulación a beneficio o traslado, se espera que el Consejo Técnico de la Unidad que sesionará en mayo revise la factibilidad de atender la necesidad planteada por el interno y su defensa”.
Por otro lado, la madre de los hijos de Carlos Peyrin, aseguró a Radio Kurruf que los oficiales, al verla en el lugar, le preguntaron si “andaba” con los recientemente detenidos, y al responder que no, se alejaron sin pedirle su permiso de desplazamiento.
La convocatoria respaldada por la Corporación Sebastián Acevedo, además de la agrupación Mujeres Unidas Contra la Impunidad y la Vocería de Carlos Peyrin Matamala, consistía en un punto de prensa para leer una carta con firmas recaudadas en apoyo a Carlos.
Esta misiva cuenta con el apoyo de Carlos Margotta, el presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos, Elicura Chihuailaf, premio Nacional de Literatura, y Jorge Coulón de Inti Illimani. También entregaron su respaldo la escritora Pía Barros, las actrices Malucha Pinto y Amparo Noguera, y el poeta Raúl Zurita, entre otros.
Tras la intervención de las fuerzas de orden, y de acuerdo con Candelaria Acevedo, la declaración preparada especialmente para el punto de prensa, relatando la historia de Carlos, no pudo ser leída en público.
