Desmilitarización del Wallmapu entre ellas: Constituyentes demandan garantías para la instalación de la Convención

Este viernes, un grupo de 59 constituyentes a los que podrían sumarse nuevos nombres, oficializaron un petitorio asumiendo el momento que enfrenta el país a 48 horas del inicio de las sesiones de trabajo para elaborar una nueva Carta Magna que el país deberá aprobar una vez terminada a través de un plebiscito de salida.

Respecto del documento liberado este 2 de julio, los firmantes expresan su necesidad de disponer de un marco que permita el desarrollo de su trabajo, lo que transparentan a través de una serie de  demandas específicas.

«Los y las constituyentes que suscriben, considerando las crisis política, económica, social y sanitaria que vivimos, consideramos esencial para la adecuada instalación y funcionamiento del proceso constituyente, el establecimiento de garantías democráticas; debido proceso; presunción de inocencia; verdad; justicia y reparación para todas las personas privadas de libertad y víctimas de la represión estatal, en el contexto de la revuelta social chilena y de la movilización social mapuche», se lee en su inicio.

Y a renglón seguido, apuntan a situaciones derivadas de la contingencia que ha marcado al país desde octubre del 2029. «Condenamos la criminalización de la protesta social y la aplicación abusiva del monopolio de la fuerza estatal, mediante apremios ilegítimos, detenciones masivas y actos de vulneración a derechos humanos, como las mutilaciones oculares y la imposición desproporcionada de la prisión preventiva, junto con el nulo avance de las investigaciones; hechos insostenibles e injustificables desde el punto de vista jurídico, político y humanitario; y teniendo en cuenta la nula motivación de parte de los senadores de la Comisión de Constitución del Senado de poner en tabla el proyecto de Ley para su eficaz tramitación», agregan antes de aclarar cuáles son sus solicitudes, que enumeran y aclaran en detalle a través de cinco puntos.

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«Resulta indispensable, tanto para la correcta instalación de la Convención Constitucional como para la señal de unidad y respeto que debemos tener como país, que los órganos del poder constituido ofrezcan garantías democráticas y de equidad entre los pueblos y naciones de Chile para que el proceso histórico que vivimos, transcurra evitando la incertidumbre y con paz entre los pueblos y naciones y con el país en su conjunto», aseguran.

Posteriormente y con la intención de asegurar este ambiente de sana convivencia, se demanda «al Poder legislativo la más rápida tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado, su aprobación, promulgación y publicación sin dilaciones y previa a la instalación de la Convención Constitucional, como un gesto político de justicia hacia quienes protagonizaron el proceso de transformación institucional más importante que ha vivido la historia de Chile y como el primer paso para el proceso de reconciliación que, como país, debemos empujar».

Asimismo, agregan, «demandamos (…) dar urgencia legislativa al ya referido Proyecto de Ley de Indulto General y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos».

Otra de las solicitudes alude al «retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un imperativo moral y ético para el proceso de transformación institucional que vivimos, por lo que demandamos de parte del gobierno el gesto humanitario de dejar el periodo de persecución y castigo atrás».

«Se requiere una actitud de Estado en la que se pueda confiar»

El cuarto punto tiene que ver con un tema particularmente sensible, complejo y de larga data. «Demandamos la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio. La represión que históricamente ha afectado al pueblo nación Mapuche, no puede ser avalada ni ignorada en un proceso democrático», detallan al respecto.

Finalmente, apelan a la imperativa «creación un catastro oficial de los presos y presas políticas de la revuelta social, privados de libertad y/o con procesos en curso y de todas las víctimas de la represión estatal».

«No es posible establecer un diálogo con los representantes del poder constituido si este no demuestra respeto a la dignidad, dejando de lado prejuicios e intereses mezquinos y contrarios al necesario clima de reencuentro que la Convención Constitucional necesita impulsar en Chile. Se requiere una actitud de Estado en la que se pueda confiar para que no se repitan los horrores que nos dividen y que no deben volver a ocurrir en el país», finaliza el documento.