Sebastián Piñera y Mario Rozas. | Agencia Uno (archivo).
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, declaró ante el Ministerio Público en el marco de las querellas en su contra por las violaciones a los derechos humanos, en el contexto del estallido social.
Este martes se dieron a conocer parte de las declaraciones que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, entregó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, en el marco de la investigación por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019.
Cabe recordar que la persecutora fue nombrada para dirigir las indagatorias tras múltiples querellas en contra del mandatario, las que apuntan a su rol durante el «estallido social», meses de protestas en los que se registraron fallecidos, agresiones sexuales en comisarías y cientos de lesiones oculares por la acción policial, entre otros hechos.
En este contexto, la declaración se dio el pasado lunes 19 de julio en el domicilio del jefe de Estado, momento en el que se encontraba acompañado de su abogado, Samuel Donoso. Así, en un artículo publicado en La Tercera, se dieron a conocer extractos de un documento que contendría 11 páginas.
«Existe un sistema de inteligencia a cargo de la ANI que colabora con el Presidente, pero no hubo ninguna advertencia concreta y específica sobre un desenlace de hechos como los vividos el 18 de octubre de 2019«, afirmó Piñera. Advirtió que Alberto Espina, entonces ministro de Defensa, le explicó que habían antecedentes en los que «se daba cuenta que habían ingresado al país ciudadanos extranjeros, principalmente cubanos y venezolanos, que podrían haber participado en hechos de violencia. Yo le pedí que esos antecedentes los pusiera en poder de la fiscalía».
Aseguró que «la única decisión que se adoptó en función de ese informe fue poner a disposición del Ministerio Público (…) He aprendido a ser prudente con ese tipo de informes«.
En la misma noche del 18 de octubre de 2019, según su declaración, tuvo una reunión con el general del Ejército Javier Iturriaga. «Le planteé que la razón para decretar el estado de emergencia eran los saqueos, incendios, principalmente atentados incendiarios a estaciones de Metro y edificios públicos, privados y los atentados contra infraestructura pública y privada y gravísimas alteraciones al orden público», afirmó Piñera a la persecutora.
«En esas circunstancias Carabineros se vio superado por la violencia, porque no tenían la capacidad humana, ni material para asegurar el resguardo del orden público. Así me lo planteó el ministro del Interior (Andrés Chadwick) después de hablar con el general Rozas. Le dije al general Iturriaga que su misión era resguardar el orden público con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho«, afirmó.
De igual forma, según el medio citado, explicó que «siempre buscamos que las fuerzas de orden y seguridad resguardaran el orden público lo antes posible para restablecer la normalidad constitucional con pleno respeto por el Estado de Derecho y los DD.HH. Desde el mismo 18 de octubre empezamos a tomar distintas medidas de prevención para resguardar los derechos humanos, como tomar contacto con organismos de DD.HH. e invitarlos a Chile a observar e informar la situación y recomendar medidas para proteger mejor los DD.HH.».
«Adicionalmente coordinamos acciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INDH, Defensoría de la Niñez y Defensoría Penal Pública para asegurar el cumplimiento de sus funciones», agregó.
El Presidente Sebastián Piñera fue consultado sobre qué podía responder frente a las querellas que estaba enfrentando, a lo que respondió que «por razones de formación familiar y de valores, el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido una constante en mi vida«, según el medio citado.
En esa línea, aseguró que luego de decretar el estado de emergencia «mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos«.
«Las decisiones buscaron compatibilizar esos dos objetivos y por eso se adoptaron una serie de medidas (…) más aún, antes del 18 de octubre el respeto de los derechos humanos fue una preocupación permanente de nuestro gobierno», aseguró y agregó que «personalmente llamé a la alta comisionada de la ONU, al director de Human Rigth Watch y a través del Ministerio de Justicia llamamos a la Comisión Interamericana de DD.HH. para invitarlos a venir, cosa que hicieron».
«En paralelo existía un grupo de trabajo para la modernización de Carabineros, que era parte de nuestro programa de gobierno y que buscaba mejorar la eficacia, subordinación al poder político y la cultura de DD.HH. al interior de la institución (…) por su parte Carabineros se reunió con policías extranjeras con el mismo propósito. Fruto de todas estas gestiones surgieron recomendaciones que llevaron a modificar muchos de los protocolos de actuación de nuestras policías», declaró Piñera.
La fiscal Perivancich le preguntó sobre el sentido de la famosa frase que utilizó el Presidente el 20 de octubre 2019, cuando dijo «estamos en guerra». «Nunca se acordó expresar esa frase en ningún comité comunicacional o político del gobierno. Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia. Suelo decir que estamos en guerra contra el Covid, contra el narcotráfico, contra la pobreza, procurando así identificar males que hay que combatir», explicó.
Reveló que ese mismo día tuvo una reunión junto al ministro de Defensa, el comandante en jefe del Ejército y jefe de la Defensa. «Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes. De hecho, en esa misma declaración hago un reconocimiento y valoración del derecho de la manifestación pacífica de los ciudadanos», afirmó.
Posteriormente, según reveló La Tercera, la persecutora le indicó que «diga si el gobierno recabó información e Carabineros y qué explicación recibió. Diga si el gobierno adoptó medidas tendientes a evitar o minimizar el número de personas lesionadas, principalmente con trauma ocular».
«Cuando conocimos estos hechos, el gobierno no permaneció indiferente (…) se preocupó y ocupó de esta materia pidiendo a Carabineros que iniciara los sumarios correspondientes y que se pusiera toda la información a disposición del Ministerio Público, intentando evitar que siguieran sucediendo estos hechos. El gobierno pidió expresamente a Carabineros que revisara sus protocolos del uso de la fuerza para asegurar el respeto de los derechos humanos. De hecho, a partir de esas peticiones se restringió el uso de la escopetas antidisturbios», afirmó Piñera.
«El gobierno puso en marcha un programa de ayuda para el tratamiento médico, la recuperación y reinserción de las personas afectadas. Este programa integral de reparación ocular (PIRO) se implementó a través del Minsal, en noviembre de 2019, y hoy se encuentra en plena operación y reforzamiento (….) En este contexto el gobierno propuso un acuerdo por la paz, la justicia y la nueva Constitución, que condujo a un reforzamiento de la agenda social y a un acuerdo político que dio origen a la Convención Constitucional», agregó.
Asimismo, detalló que «el ministro del Interior frente a este tipo de hechos solicitaba información a Carabineros, al INDH y al Minsal, los cuales entregaban información acerca de los hechos, denuncias y querellas. El gobierno pedía esta información para evaluar la situación, para corroborar información, que a veces era confusa y contradictoria, y para asegurar el objetivo de respeto a los derechos humanos de todos».
La persecutora le solicitó al Presidente Piñera que «diga si el Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior, Intendencias, Gobernaciones) tuvo alguna intervención en el diseño de estrategias de control policial del orden público, o en la validación de las mismas».
El mandatario respondió que «teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad (FOS) no incluía la parte operativa. Es una dependencia en los aspectos administrativos y de objetivos. Por tanto, la forma en que se desplegaban las FOS eran decisiones operativas que correspondían a las policías y no al gobierno«.
«Evaluamos la eficacia de la acción de Carabineros, por eso se buscó a través del Ministerio del Interior la forma de fortalecer esas capacidades para cumplir de mejor forma el deber de resguardar el orden público. Con ese propósito y para aumentar la dotación policial se tomaron medidas como llamar a servicio al personal en retiro reciente y bien calificado, y anticipar el egreso de los Carabineros en formación«, sostuvo.
Interrogado sobre quién tomaba las decisiones acerca de en qué casos y contra cuáles personas se presentaban querellas por parte del gobierno, invocando la Ley Antiterrorista o la Ley de Seguridad Interior del Estado, el jefe de Estado se desmarcó sobre haber realizado definiciones en ese sentido.
«Había una política clara: cualquier hecho que pudiera tener carácter de delito debía dar lugar a un sumario, denuncia a la fiscalía y total transparencia de la información. Sobre las definiciones jurídicas para presentar querellas debo decir que es una facultad que le correspondía a los intendentes y al Ministerio del Interior. No hubo definiciones mías, porque la definición la toma un equipo jurídico en los niveles indicados, en razón de los antecedentes del caso concreto«, aseguró.
«Yo como Presidente no definía los casos en que se presentaban denuncias o querellas, ni las leyes a aplicar, esto lo definían las intendencias o el Ministerio del Interior«, insistió.
