Senado aprueba nueva prórroga del Estado de Excepción en la Macrozona sur

El Senado aprobó este martes una nueva prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para cuatro provincias de la Macrozona sur, tras la petición emanada desde el gobierno. Las provincias afectadas son Biobío y Arauco, en la Región del Biobío; y Cautín y Malleco, en La Araucanía.

Cabe recordar que la medida se originó en un decreto el 12 de octubre, prorrogado por la misma vía el 26 de ese mes. Desde ese momento, las siguientes declaratorias han requerido la consulta y aprobación del Congreso Nacional.

Desde el gobierno, justifican el Estado de Excepción por la «grave alteración del orden público» y por el aumento de actos de violencia vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado en la Macrozona sur.

La solicitud presentada por el Presidente Sebastián Piñera fue aprobada en esta ocasión por 19 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Así, la medida se extenderá por otros 15 días más.

“El gobierno no sólo está haciendo uso de esta herramienta constitucional y legal, que es la parte de la defensa, sino también ha hecho esfuerzos importantes para atender la parte social”, aseguró el ministro de Defensa, Baldo Prokurica.

Para esta nueva prórroga, el documento presentado por el Ejecutivo reitera argumentos planteados en las solicitudes anteriormente respaldadas. Sin embargo, se lamenta que, pese a las medidas implementadas, aún existen hechos de violencia en la Macrozona sur.

Pone como ejemplo que el 14 de diciembre, en un procedimiento en Temucuicui, carabineros fueron atacados con armas de fuego. Frente a esto, los funcionarios que trataban de efectuar notificaciones judiciales debieron «repeler» la agresión.

En el texto el gobierno respalda la «efectividad» de la medida, pero argumenta que no es suficiente, por lo que se requiere su prórroga. Sobre todo, considerando que es el Estado el que debe cumplir con su tarea de proveer seguridad a las personas.

Finalmente, pone en alerta que es la temporada de riesgo de incendios forestales. Argumenta que las brigadas de Bomberos y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) han sido blancos de intimidaciones o atentados, por lo que sería necesario garantizar su resguardo.