Fiscal Chong acusa a ministros que sobreseyeron a Javiera Blanco de “falta o abuso grave”

Como una «falta o abuso grave» calificó la fiscal jefa de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, el sobreseimiento definitivo de la exministra de Justicia Javiera Blanco en la causa en que fue formalizada por malversación de caudales públicos desde gastos reservados de Carabineros.

La fiscal Chong hizo esta aseveración en un recurso de queja presentado por el ente persecutor ante la Corte Suprema a finales de junio, en que pide que se revierta la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que con votos de los ministros Antonio Ulloa Márquez y la subrogante Ana María Osorio Astorga, decidieron sobreseer a Blanco.

El tribunal de alzada estimó, luego de una apelación de la defensa de la otrora titular de Justicia, que el delito que se le imputaba había prescrito a la fecha en que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra en marzo de 2020.

«Los ministros recurridos refieren a la inexistencia (respecto de una investigación en curso y abierta) de antecedentes que permitan a esos mismos sentenciadores arribar a la convicción de que Blanco Suárez era parte de un plan delictivo. ¿Corresponden esas reflexiones en esta sede de apelación de un sobreseimiento definitivo reclamado en fase inicial? Claramente, no», indica la persecutora de Alta Complejidad en el escrito, según información de La Tercera.

La fiscal argumenta que «para arribar a la decisión, (la Corte) lo hace merced a aseveraciones que implican una valoración de medios de prueba, lo que es privativo del tribunal que conoce del fondo de la causa, del tribunal de Juicio Oral en lo Penal».

«El razonamiento que exhibe la decisión impugnada supone un conocimiento cabal de los antecedentes de la investigación aún abierta y con plazo vigente, que al día de hoy son acopiados en 88 tomos, cuyo contenido probatorio que no fue objeto de debate ni de conocimiento, entendiendo además agotada una investigación, a la que insistimos, no han tenido acceso en forma directa«, agrega.

En resumen, la persecutora expresa que los ministros «toman una decisión tan importante como el sobreseimiento definitivo basados solamente en su percepción del debate de los intervinientes, lo que constituye una falta o abuso grave que debe corregirse«.

Queja del CDE y respuesta de la defensa de Blanco

La ministra Blanco ha sido investigada en esta causa por presuntamente apropiarse de más de $42 millones de pesos provenientes de gastos reservados de la policía uniformada, cuando se desempeñaba como subsecretaria de Carabineros durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

En esta investigación también han sido imputadas figuras del alto mando de la institución, como los exgenerales directores Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos.

Tras el sobreseimiento de Blanco, desde el CDE, la abogada procuradora fiscal de Santiago, Ruth Israel, también presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, afirmando que los ministros de la Corte de Apelaciones «desnaturalizan los argumentos para reforzar su propia interpretación de que la imputada Blanco Suárez no podría tener a su cargo los caudales públicos que provienen de gastos reservados».

«Dota a la imputada de una suerte de protección que la exceptúa y distingue de los coimputados, socavando la institución del sobreseimiento definitivo (…) bajo un supuesto análisis de los antecedentes, cuestión claramente improcedente», expone el Consejo de Defensa de Estado, institución de la que formó parte Blanco hasta 2018, cuando renunció a su cargo.

Por su parte, la abogada Paula Vial, encargada de la defensa de Blanco, respondió a los recursos de queja del Ministerio Público y el CDE, asegurando que «como bien resalta el fallo de la Corte, estamos en primer lugar, frente a una imposibilidad jurídica de configuración del delito, y en segundo lugar, ante una imposibilidad de configuración de responsabilidad penal por aplicación de las reglas de la prescripción«.

Y añade que «en ese marco, ni otros 6 años de investigación desprolija ni otras diligencias de investigación podrían alterar la situación, volviendo imperativa la declaración del sobreseimiento definitivo de la causa respecto de mi representada».