Ministra Ríos aclara que petición de Boric de expulsión de migrantes se hará en apego a la ley

Luego de que este miércoles el Presidente Gabriel Boric instruyera la expulsión de los extranjeros involucrados en la agresión a Carabineros durante un procedimiento policial el fin de semana en Puerto Montt, que terminó con 13 detenidos y siete funcionarios de la entidad liderada por Ricardo Yáñez, la ministra de Justicia Marcela Ríos aclaró los términos en los que se ejecutará el procedimiento de salida del país de los inmigrantes, atendiendo a las atribuciones que otorga la nueva Ley de migración.

En diálogo con T13 Radio, la secretaria de Estado detalló que este marco regulatorio «estableció mecanismos administrativos para poder solicitar la expulsión de personas que estén indocumentadas o por otra razón».

La secretaria de Estado aclaró que «es necesario resguardar el debido proceso y, por lo tanto, esta solicitud del Presidente tiene que pasar por un procedimiento formal donde el Ministerio del Interior solicita esto y tiene que ser ejecutado luego por la PDI una vez que se cumplan todos los requisitos».

Paralelamente ayer Ríos, junto a Carolina Tohá, presentó al Congreso dos nuevos proyectos de ley para modificar el proceso necesario para materializar expulsiones judiciales y administrativas.

Respecto de las segundas, Ríos detalló que «existe una dificultad actualmente para poder operativizar ese mecanismo», que es «extremadamente largo, engorroso, requiere varias citaciones y comparecencias de manera presencial lo que lo hace difícil de implementar».

Frente a esta problemática, lo que pretende el Ejecutivo «simplificar el mecanismo» apelando a que «una de las notificaciones se permita ser vía correo electrónico o que no requiera que la persona comparezca presencialmente».

«La cantidad de trámites y de las instituciones que intervienen, hace que la articulación sea tan compleja que sea difícil aplicar la norma», detalló al tiempo que aseguró que el protocolo implica «demasiados pasos, demasiadas instituciones que intervienen, demasiados trámites que hay que hacer para poder poner en efecto de manera rápida un mecanismo de expulsión, que además si se demora demasiado, las chances de que la persona que está tratando de ser expulsada se cambie de lugar, se cambie de ciudad o no esté disponible para realizar el trámite, son muchos más».

Asumiendo lo compleja de la situación e independientemente de quienes delinquen, Ríos insistió en que «es importante que las personas, incluyendo a las que no tienen residencia formal, tengan ciertos derechos garantizados que están establecidos en las normas internacionales».

Entre los requerimientos de La Moneda, se establece un cambio al reglamento de la ley migratoria, que estipulaba que los extranjeros condenados por delitos vinculados con drogas, deben cumplir íntegramente su pena en recintos penitenciarios del país,  lo que desde el Ministerio de Justicia busca revertir para poder proceder a su expulsión.

Apelando a la estadística, Ríos detalló que previo a esta restricción de salida, eran entre 900 y mil personas al año que estaban siendo expulsadas a través de esta modalidad que quedó desestimada desde febrero.

«Tenemos en particular en los recintos penitenciarios de la zona norte una situación al límite de la ocupación y con esta norma el peso que tendremos sobre nuestro sistema penitenciario va a ser extremadamente fuerte», argumentó la secretaria de Estado.