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Fueron 1.038 familias afectadas con el desalojo de militares materializado durante la noche del 27 de diciembre de 1976. «Queremos justicia que no sea impune y que nos reconozca el daño que nos hicieron en dictadura», aseguró Antonieta Miranda, presidenta de la Fundación de desalojados Villa San Luis.
Tras 46 años de haber sido desalojados ilegalmente de sus casas en la Villa San Luis de Las Condes, pobladores afectados y agrupados en la Fundación de Desalojados Villa San Luis, presentaron una querella criminal contra quienes resulten responsables, agente del Estado de Chile y civiles, como autores, cómplices y encubridores de la aplicación de tormentos, como crimen de guerra y de lesa humanidad.
Específicamente, la acción judicial se presentó durante la mañana de este lunes ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en representación de 19 personas afectadas directamente estos vejámenes, buscando reparar parcialmente el daño causado a lo largo de estos años.
Francisco Ugás Tapia, abogado patrocinante y parte del Equipo Jurídico Caucoto abogados detalla en un comunicado de prensa que esta es la primera acción de carácter criminal que se presenta desde que sucedieron estos hechos. Adicionalmente, aseguró que su propósito es que se aclare lo sucedido, se determinen las responsabilidades respectovas en la comisión de estos delitos para que luego se establecan las sancionados correspondientes.
“Buscamos que estos hechos que se han perpetuado, una cierta impunidad durante tanto tiempo, puedan ser investigados y esclarecidos por la justicia. Para nosotros lo ocurrido en esos años son aplicaciones de tormentos o apremios elegimos en contra de estas personas como crímenes de guerra y de lesa humanidad”, sostuvo.
La Villa San Luis de Las Condes fue un proyecto urbano emblemático de integración social, que en la década del 60 lideró el arquitecto Miguel Lawner, emplazado en la calle Presidente Riesco. Fueron 1.038 familias afectadas con el desalojo de militares materializado durante la noche del 27 de diciembre de 1976.
Luego, se les trasladadó a diversas comunas de la Región Metropolitana en camiones castrenses en un modus operandi que implicó dejarlos con lo puesto en sitios eriazos, canchas barriales, basurales y otros lugares de la periferia de Santiago.
Aunque los afectados eran legítimos dueños de sus viviendas y así lo confirma la documentación de la que disponían, no estaba la recepción final de la obra y los títulos de dominio se encontraban en trámite. Estos trámites pendientes posibilitaron que la villa fuera epicentro de los violentos desalojos efectuados posteriormente de manera sucesiva entre los años 1975 y 1980 por la dictadura militar.
Antonieta Miranda, presidenta de la Fundación de desalojados Villa San Luis, tenía escasos ocho años al momento del desalojo luego del cual fue trasladada junto a su familia a la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Para ella, este es un momento histórico en que esta acción judicial rompe con años de silencio.
“Este momento es histórico, porque después de 50 años estamos siendo escuchados en busca de una reparación. Queremos justicia que no sea impune y que nos reconozca el daño que nos hicieron en dictadura. 50 años de silencio y gracias a don Miguel, fuimos despertando. Pedimos que la justicia haga su trabajo.”, aseguró.
Para Lawner, en tanto, “este es un momento histórico, ya que por primera vez después de casi 50 años hemos venido a iniciar el proceso de reparación de un despojo inaudito del que fueron víctimas más de cinco mil personas. Fueron lanzados en forma inaudita algunos en camiones de la basura de la municipalidad de las Condes, otros arrojados en potreros, desconociendo los derechos que tenían como dueños de sus propiedades”.
«Desde entonces se inició una historia de lucha de recuperar de alguna manera una indemnización por el daño causado, proceso que comienza hoy con la querella que hemos presentado”, agregó.
A medida que se fueron reconociendo, se fueron agrupando para el año 2022, crear la Fundación Desalojados Villa San Luis de Las Condes, integrada por alrededor de 800 familias víctimas. De ellas, casi íntegramente eran menores al momento de los hechos, mientras que apenas sobreviven dos adultos que actualmente bordean los 90 años.
Después de 46 años y ya constituidos como Fundación, sus miembros están decididos a dar a conocer sus historias enfrentando décadas de silencio e injusticias. Su intención es ser escuchados y visibilizar lo ocurrido, además de que los responsables respondan por lo que tuvieron que vivir.
A la fecha se ha podido ubicar a una parte importante de estas personas, quienes fueron distribuidas en siete comunas de la capital. A 17 de las llevaron a un sitio eriazo de Pudahuel, para luego ubicarlos en albergues en Lo Prado, donde viven hasta la actualidad. En tanto, otras 64 familias fueron abandonadas en el paradero 20 de Santa Rosa, en La Granja; otras 58 en Los Espejo; 34 en Conchalí; 54 en la población Juan Antonio de Independencia; 115 familias en Pedro Aguirre Cerda y 280 en la comuna de Renca.
Finalmente, otro grupo fue trasladado a San José de Maipo y Lo Curro, pero aún no han podido ser localizadas.
