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Cómo Carolina Tohá evitó su primera gran derrota con la Ley Nain-Retamal

Por: Talía Llanos Chacón | Publicado: 05.04.2023
Cómo Carolina Tohá evitó su primera gran derrota con la Ley Nain-Retamal Carolina Tohá, ministra del Interior | Foto: Agencia UNO
El infierno que vivió la ministra del Interior duró exactamente 10 días, desde la muerte de la suboficial Rita Olivares hasta que logró “salvar los muebles” con una negociación en el Senado que terminó en horas de esta madrugada.

No es el mejor momento de Carolina Tohá en el gobierno. En la última edición de la encuesta Data Influye, la jefa de gabinete se mantiene como la segunda ministra mejor evaluada (51%), detrás de Mario Marcel, sin embargo, en el último mes perdió nueve puntos de valoración.

El responsable tiene dos apellidos: Ley Nain-Retamal, que se volvió un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, desordenando a las fuerzas oficialistas y envalentonando a la oposición, quienes rápidamente tomaron el control de la agenda de seguridad del Congreso.

En El Desconcierto, revisamos paso por paso cómo se dio este infierno para la ministra del Interior y cómo logró esquivar la derrota en intensas negociaciones de última hora y a altas horas de la noche en el Senado.

Muerte de Rita Olivares: El punto de partida

La ley Nain y la ley Retamal inicialmente eran dos proyectos distintos que buscaban aumentar el resguardo de Carabineros, llamados así en honor a dos uniformados muertos durante procedimientos policiales en 2020 y 2022: Eugenio Nain y Carlos Retamal.

Ambas iniciativas tomaron fuerza el pasado 26 de marzo, cuando la suboficial mayor Rita Olivares murió tras acudir a un supuesto robo que ocurría en una vivienda en Quilpué y recibir un disparo en la cabeza por parte de uno de los delincuentes.

De semana distrital a Agenda de Seguridad

El hecho agitó rápidamente las aguas en el mundo político. Tras un repudio generalizado al crimen, y gracias a un acuerdo transversal dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, se determinó cancelar la semana distrital en el Congreso y legislar sobre al menos seis proyectos de ley alusivos a la seguridad.

Entre el 27 y el 31 de marzo se revisaron y votaron las primeras iniciativas de la denominada Agenda de Seguridad, considerando proyectos que estaban durmiendo en el Congreso, incluidas la ley Nain y la ley Retamal, fuertemente impulsadas por la oposición.

El ajuste sorprendió desprevenido al gobierno. Justo durante estas semanas de votaciones clave, Ana Lya Uriarte (PS), ministra Segpres y enlace del gobierno con el Congreso, debió ausentarse de sus funciones por una licencia médica.

Su ausencia significó que Carolina Tohá perdía una aliada clave en un momento que exigía un oficialismo unido y con posiciones coherentes para enfrentar el chaparrón que se venía.

Finalmente, la ministra del Interior se volvió la cara visible de las conversaciones, aunque se vio acompañada permanentemente por el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la subsecretaria Macarena Lobos, quien subrogó a Uriarte en Segpres.

El cambio de discurso y la asonada del PS

Tan pronto inició esta legislación acelerada, los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Jorge Alessandri, presentaron un mecanismo para “fusionar” los proyectos Nain y Retamal, y así acelerar su tramitación.

A la ley Nain, respaldada inicialmente por el Ejecutivo, ingresaron una indicación con el contenido íntegro de la ley Retamal, que entre otras cosas buscaba establecer la “legítima defensa privilegiada” para las policías.

El hecho dejó off-side a Carolina Tohá, que intentó ingresar indicaciones fuera del plazo y cuando la torta ya estaba cortada en la Cámara. En ese momento, la ministra improvisó una estrategia y anunció que las enmiendas del gobierno serían presentadas en el Senado.

El miércoles 29 de marzo, el proyecto de ley Nain-Retamal se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, con votos de oposición y oficialistas, incluyendo a casi la totalidad de parlamentarios del Socialismo Democrático, quienes supuestamente estaban en línea con la posición del Ejecutivo.

Pero después que se aprobó, desde el gobierno emergió otro discurso, más crítico con la iniciativa e incluso bautizando el proyecto como “Gatillo fácil”, justamente por la “legítima defensa privilegiada” que se le otorga a Carabineros.

Los primeros en salir a reclamar fueron diputados del Partido Socialista (PS), quienes cuestionaron al gobierno por “criticar públicamente lo que nos llamó a apoyar privadamente”, llamándolos a la seriedad.

Indicaciones fallidas

Tras tensas negociaciones en la Comisión de Seguridad del Senado, donde el proyecto se revisaba por primera vez, finalmente llegó el día de la verdad: El lunes 3 de abril.

Esa jornada, la comisión debía terminar la discusión y emitir su informe. Todo el proceso fue una verdadera pesadilla para Tohá, Cordero, Lobos y el resto de parlamentarios oficialistas, que tuvieron que enfrentar la constante hostilidad del presidente de la instancia, Felipe Kast (Evópoli).

Además, la indicación principal del Ejecutivo, que buscaba modificar el corazón de la Ley Nain-Retamal que consagraba el principio de “legítima defensa privilegiada”, se rechazó por tres votos contra dos, provocando la abrupta salida de los representantes del Ejecutivo.

Empate con sabor a derrota

Finalmente, la sala del Senado abordó por primera vez la ley Nain-Retamal. El gobierno llegó a la instancia sin los votos necesarios para respaldar sus indicaciones y con una oposición que cerrada a cualquier cambio, pese a los llamados a revisar la norma que hicieron más de 80 abogados penalistas e incluso una editorial del diario El Mercurio.

El acuerdo no se destrabó hasta cerca de las 23 horas, con una nueva redacción que aún genera debate y donde claramente el gobierno cedió en varios de sus puntos ante la oposición.

Pese a ello, el ministro Cordero señaló que “en opinión del Ejecutivo, la solución es satisfactoria desde la perspectiva que trata de resguardar distintos intereses. Por una parte, es muy precisa que la legitima defensa de las policías, se realiza exclusivamente en aquellas hipótesis de protección de la vida, su integridad o de terceros”.

“En el caso de protección de bienes, la legitima defensa, no es la institución procedente, sino una causal distinta que es el correcto desempeño de la función pública asignada”, explicó.

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