Quinto fracaso de acusar a ministro de Boric debilita relación de Chile Vamos y Republicanos

Desde su derrota en el plebiscito constitucional del pasado 17 de diciembre las relaciones entre Chile Vamos y el Partido Republicano se han enfriado.

Si bien la alianza en el vecindario de derecha se había afianzado en el contexto del trabajo del Consejo Constitucional y la posterior campaña, la derrota hizo aflorar las primeras diferencias que se han vuelto más evidentes luego del rechazo de una nueva acusación constitucional de las derechas a un ministro del gobierno de Gabriel Boric. En este último caso, contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Una semana antes, parlamentarios de derecha ya sabían que no tendrían los votos para que prosperara el libelo acusatorio. Y los errores del documento -atribuidos a Republicanos- terminaron por sepultar la aspiración de remover a Montes de su cargo tras cuatro intentos previos fallidos.

Cuatro intentos

El primer intento fue contra la ministra del Interior Izkia Siches en junio de 2022, cuando recién se cumplían tres meses de su llegada, junto al Presidente Boric, a La Moneda; el segundo, seis meses  después, apuntó al ministro de Educación Marco Antonio Ávila; Con otro intervalo de seis meses, esta vez en julio de 2023, la acusación constitucional fue dirigida contra la ministra de Justicia y DDHH Marcela Ríos; y la cuarta, casi en esa misma fecha, la lanzaron contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Así, en este contexto, el quiebre se profundizó entre los partidos de Chile Vamos y la tienda liderada por José Antonio Kast, esto, en miras a un posible pacto electoral de cara a las elecciones municipales y de gobernadores que se llevarán a cabo este 2024.

Sin votos 

Dos días después del triunfo del En contra en el referéndum constitucional del 17 de diciembre del 2023, la bancada del Partido Republicano, con las firmas de Chile Vamos y diputados del PDG, ingresó la acusación constitucional contra el ministro Montes.

Según aludieron diputados de oposición, la justificación del libelo era la supuesta “responsabilidad política” que caía sobre los hombros de Montes por el llamado Caso Convenios.

Desde el oficialismo, se acusó a la derecha de “querer disfrazar” la derrota del 17-D.

Pese a esto, y a no tener los votos asegurados, las bancadas de derecha decidieron proseguir con la AC.

Fue así como se conformó la comisión revisora de la acusación constitucional, instancia a la que asistió el abogado de Montes, el decano de la Facultad de Derechos de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle, quien evidenció un aspecto del libelo desconocido hasta el momento: los gruesos errores (de forma y fondo) que tenía el texto acusatorio.

Copy paste y artículos equivocados

Además de no estar paginado, tener errores en las citas y estar mal referenciado, la AC tenía como gran debilidad el evidente error en los artículos del Código Penal que se citaban y que hacían referencia a las supuestas “vulneraciones” legales en que habría incurrido Montes en su rol como líder del Minvu.

Lo cierto es que de los ochos artículos -9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236- del Código Penal que fueron citados en el documento, solo el último algo tenía que ver con los delitos investigados en el marco del lío de platas con fundaciones.

Inmediatamente después de terminada la sesión, las miradas se posaron sobre el Partido Republicano. Diputados de Chile Vamos señalaron que fue la tienda liderada por José Antonio Kast la encargada de redactar dicho capítulo donde estaban los errores.

Presiones internas

“Me molesta que esté mal hecha (la AC). Si queremos hacer una buena gestión, tenemos que ser serios. Una vez más, las presiones de ciertos grupos buscando ventajas, lo que han logrado, es afirmar la figura del ministro Montes que, a todas luces, tiene responsabilidad política”, recriminó el jefe de la bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, previo a la votación de este jueves.

Diputado Francisco Undurraga.

“Lamentablemente cuando los documentos pasan por tantos niveles de revisión, información e intervención, es difícil culpar a alguien”, fue la respuesta del diputado Luis Romero, jefe de la bancada republicana.

Pese a esto, Romero sostuvo que “hay que ser hidalgo: si yo puse la firma, me hago responsable. Esto es parte de ser hombre y ser profesional. Lamentablemente el documento venía con un error”.

Derecha aquilata derrota

De todas maneras, los diputados de la oposición bajaron el perfil al rechazo de la AC, argumentando que todos los ministros acusados eventualmente dejaron su cargo.

Así lo manifestó el diputado UDI Cristián Labbé quien, en su intervención, apuntó a que los ministros Giorgio Jackson e Izkia Siches, por ejemplo, dejaron sus cargos tras ser acusados constitucionalmente.

Tras la sesión, Labbé reafirmó que a juicio de la derecha “tiene que salir” de su cargo y que su sector “no va a descansar” hasta conseguir ese propósito.

Diputado Labbé en intervención AC.

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán aludió a los errores del texto, aunque precisó que su partido dio los votos para que avanzara la AC al estar convencidos de la responsabilidad de Montes.

“Como Evópoli, no suscribimos la acusación constitucional que fue desprolijamente impulsada por el Partido Republicano, pero sí la apoyamos con nuestros votos por considerar que la responsabilidad política del ministro es ineludible, y no podemos ser cómplices de la corrupción instalada en el ministerio de Vivienda y Urbanismo porque el ministro no fue capaz de detectar y evitar”, sentenció Guzmán.