Contraloría pone ojo en policías: Enfoque en quema de drogas, control de armas e incautaciones

En el contexto de las formalizaciones del general director de Carabineros, Ricardo Yañez, y el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, la Contraloría General de la República rindió su Cuenta Pública 2023 orientada a trabajar en las emergencias que afectan a la ciudadanía, como son la crisis de seguridad y la corrupción.

Durante la ceremonia, se presentaron los ejes centrales de la administración anterior, enfocándose en el lema “Por el buen uso de los recursos públicos”, utilizado también por el excontralor general, Jorge Bermúdez, al concluir su mandato en diciembre.

Dorothy Pérez, la contralora general (S), resaltó la importancia de promover la integridad y combatir la corrupción, subrayando que la institución que preside se comprometerá con las áreas de mayor interés público, como son la supervisión de acciones vinculados a la seguridad y la criminalidad.

Más recursos y funcionarios

En este ámbito se priorizarán tareas específicas como la quema de drogas, y la gestión y control de armas.
Es así que, con el objetivo de intensificar la vigilancia en estos ámbitos, se asignará personal adicional y se destinarán más recursos para asegurar una fiscalización efectiva.

Mientras que, en la lucha contra el tráfico de influencias «hay una estrategia nacional anticorrupción y también hay una estrategia de la Contraloría anticorrupción. También tenemos una mesa, que es una alianza anticorrupción donde un sinnúmero de instituciones nos coordinamos para poder avanzar y luchar contra ese flagelo. Y tenemos a disposición los datos abiertos con los informes financieros de la Contraloría, y los trabajos que nuestra institución realiza”, aseguró Pérez en su presentación.

Estrategia Nacional Anticorrupción

Esto en el marco de la implementación durante el 2023 de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA).

Para alcanzar estos objetivos, se estableció la creación de planes de acción anuales. En ellos, diferentes entidades asumirán compromisos a lo largo del año para progresar en las 25 iniciativas incluidas en la estrategia propuesta.

“Tenemos que profundizar la promoción de la integridad y potenciar la lucha contra la corrupción, y este es un llamado muy significativo que la Contraloría realiza para todo el mundo público, que es que en cada uno de nuestros ámbitos de competencia agreguemos como rol luchar contra el crimen organizado, que intenta instalarse en nuestro país, y que los distintos gobiernos han hecho esfuerzo por evitarlo”, agregó.

Y luego destacó que «esta es una tarea que excede a los gobiernos, esto es una tarea del país en su conjunto, todos tenemos que ver de qué manera, dentro de cada ámbito de competencia que cada uno tenga en sus instituciones, ver de qué forma luchamos contra estas organizaciones que intentan instalarse en nuestro país. Hay iniciativas muy interesantes que han logrado recuperar barrios, que han logrado recuperar algunas zonas y arrebatarles a los delincuentes esas zonas que estábamos perdiendo”.

Durante su alocución en la Cuenta Pública 2023, la contralora general (S), Dorothy Pérez, destacó las cifras clave de la gestión del año anterior, organizadas en cuatro áreas principales: auditoría, asuntos legales, contabilidad y jurisdicción.

Señaló que se llevaron a cabo 381 auditorías de cumplimiento, la mayoría con exámenes de cuentas, 41 auditorías financieras, 213 fiscalizaciones simplificadas, 103 investigaciones especiales, 1.275 referencias de auditoría y 94 inspecciones de construcción. Además, se monitorearon 6.584 observaciones y se gestionaron 143.403 declaraciones de patrimonio e intereses.

En el ámbito legal, se revisaron 34.745 actos administrativos, se emitieron 21.222 dictámenes y documentos, se concluyeron 153 procedimientos disciplinarios y se sometieron a control posterior 40.720 casos, resultando en 42.264 observaciones.

Respecto a la contabilidad, se procesaron 49.199 informes financieros y presupuestarios, se revisaron 2.861 actos de aprobación o modificación presupuestaria y 415 documentos de deuda pública, y se publicaron 4 informes financieros.

En cuanto a la jurisdicción, se introdujeron 115 nuevas demandas para recuperar fondos públicos, sumando un total de $15.187.945.129.

Y el Tribunal de Cuentas emitió 145 sentencias definitivas sobre casos anteriores relacionados con la responsabilidad patrimonial, y se dictaron 139 fallos en segunda instancia.