ONGs piden que se deje de exponer vulnerabilidad de niños de campamento como «espectáculo»

Este lunes en La Moneda se oficializó una carta firmada por 78 entidades entre las que destacan ONGs, fundaciones, activistas y profesionales, con la finalidad de proteger los derechos de los niños y solicitar a los medios que dejen de exponer su vulnerabilidad como un “espectáculo”.

Considerando que en Chile actualmente existen 1.472 tomas y que, según los datos expuestos en Base Pública, solo en las regiones Metropolitana, Valparaíso, La Araucanía y Tarapacá, reconocidas por tener la mayor concentración de campamentos, hay 34.868 niños y niñas menores de 14 años, durante el último tiempo se ha hecho común ver a los medios desplegados reiteradamente en estos asentamientos.

Protección a la niñez

Frente a estos antecedentes, las organizaciones se unieron para exigir que se respeten y garanticen los derechos y protección de los niños y niñas, lo que motivó la elaboración de la misiva presentada este lunes.

“Solicitamos (…) que se considere la protección especial que corresponde a niños y niñas, más aún si son migrantes. Subrayamos que los derechos de la niñez en contextos de desalojos están respaldados por instrumentos internacionales de protección de derechos, como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)», detalla el escrito.

Y agrega que «estos instrumentos establecen la necesidad de considerar el interés superior de los niños y niñas, su derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual incluye el acceso a la vivienda, a la protección contra la discriminación y la violencia, a ser protegidos contra la separación de sus familias, a ser escuchados, a participar en decisiones que les afecten, entre otros”.

“Frente a estos llamados, manifestamos nuestra preocupación por las familias que no tienen relación con los delitos que se persiguen y requerimos a las instituciones del Estado a que se evite exponer a niños, niñas y sus familias a experiencias tan dramáticas como los desalojos y que, si se diera como medida de última ratio, estos procedimientos consideren las directrices sobre desalojos establecidas por organismos de derechos humanos, como las Naciones Unidas”, enfatizan.

Incluso, evidencian su molestia por el abordaje de esta temática en algunas plataformas de contenidos. «Alertamos sobre el tratamiento de los medios de comunicación sobre situaciones que involucran a personas migrantes, donde están expuestos niños, niñas y adolescentes, como los desalojos. La pobreza y la vulnerabilidad no pueden ser tratados como un espectáculo o morbo», recalcan.

Carta abierta desalojos, captura de pantalla

Condiciones de campamentos

Los terrenos elegidos para los campamentos corresponden a zonas que son propiedad de Bienes Nacionales o en muchos casos, rellenos sanitarios, más conocidos como “potreros”. En consecuencia, muchos de ellos no cuentan con las normas básicas o nivelaciones para construir. Aún así, muchas de las viviendas están levantadas con ladrillos y cemento, mientras que muchos de sus habitantes habilitan ilegalmente sus servicios básicos.

La toma de Maipú, Vicente Reyes, desalojada recientemente, fue el lugar donde se encontró el cuerpo del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, una evidencia del nivel de criminalidad existente en algunos de estos lugares. Por otro lado, la toma de Cerrillos, Nuevo Amanecer, conocida por ser la más grande de Santiago, también está siendo desalojada, constatándose que en ella operaba una fábrica de comercio ilegal de ropa manejada por un inmigrante peruano.

Revuelta de tomas en Chile

El último registro masivo de tomas en Chile fue en 1996, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con una cifra que ascendía las 100 mil viviendas. Estos campamentos fueron caracterizados como viviendas sociales, donde las construcciones estaban hechas con palos y planchas de metal, también llamadas “mediaguas”.

El denominado “estallido habitacional” se arrastró durante varias décadas. Una muestra de esto es que a inicios de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1973, 153 mil familias de extrema pobreza vivían en campamentos y estaban condenadas al drama de los pozos negros, es decir, no contaban con agua potable, alcantarillado, luz y pavimentación de los accesos.

Tan solo dos años después, en 1975, según el Censo, esta población estaba constituida por 1.916.000 personas, índice que equivalía al 21% de la población nacional. Este antecedente también permitió visibilizar la situación de 212 mil familias que se encontraban en viviendas insalubres, según el informe de Odeplan.

Entre el período de 1990 a 1994, quedaban aún 7.500 familias viviendo en campamentos a nivel nacional. Sin embargo, en el periodo de 1997 a 2005 gracias al programa Chile-Barrio, se logró reducir en 23,7% el asentamiento, mientras que según estudios de la época, esto se tradujo en una mejora significativa en la calidad de vida de las personas más vulnerables.

El catastro más bajo fue el 2007, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, contabilizándose 490 campamentos a nivel nacional, situación se extendería hasta el 2011, cuando este registro llega a 647.

Finalmente, desde el 2018 la cifra aumentó a 741 tomas a nivel nacional, mientras que desde el 2019 a la fecha, ha habido un alza superior al 70%.