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Opinión

Sector Público: Los desafíos a enfrentar tras la aprobación del reajuste

Por: Felipe Ramírez Sánchez | Publicado: 19.11.2016
Sector Público: Los desafíos a enfrentar tras la aprobación del reajuste |
Ni siquiera la mayor movilización del sector público fue suficiente para doblarle la mano al gobierno y a la derecha. ¿Qué lecciones pueden sacar los trabajadores del Estado tras la aprobación del guarismo del 3,2%?

La derrota sufrida por los trabajadores del sector público este 16 de noviembre en el Congreso tras la aprobación del reajuste de 3,2% ofrecido por el gobierno nos trae varias lecciones, tanto a quienes trabajamos en distintas dependencias del Estado, como también para la izquierda emergente que pugna por instalarse como una alternativa política.

En primer lugar, demostró que más allá de discursos más o menos progresistas, en la gran mayoría de las fuerzas que forman la alianza gubernamental continúa vivo el espíritu de la vieja Concertación, con el principio rector de los grandes equilibrios macroeconómicos y la firme consigna de que toda crisis la paguemos los trabajadores.

Ni siquiera la nueva “estrella ascendente” del progresismo nacional, el senador Alejandro Guillier, se salvó de la llamada al orden, votando a favor en el Senado del mismo reajuste que había sido rechazado con firmeza por parte de los trabajadores.

A pesar de la rebelión de algunos parlamentarios y de la fuerte tensión que se generó al interior de la Nueva Mayoría, donde nuevamente triunfaron los sectores conservadores, la unidad de la derecha y la gran mayoría de la “centroizquierda” consiguió aprobar el reajuste, que de una u otra forma marca la pauta para las negociaciones colectivas de todo el sector privado.

Tras las excusas presentadas por el gobierno, la realidad deja en claro que la gran mayoría de los asalariados del país, debemos perder capacidad adquisitiva –que se va pagando la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros abuelos, el crédito hipotecaria o el arriendo mensual, y las deudas que se acumulan de manera mensual- para que el 5% de los más poderosos aseguren su gran tasa de ganancia.

En segundo lugar, que los trabajadores no podemos confiar en quienes son ajenos a nuestro mundo y a nuestras necesidades. No importa cuál sea el discurso de tal o cual parlamentario, o sus buenas intenciones, la defensa de nuestros intereses sólo podrán ser defendidas por nuestras propias organizaciones, por nosotros como trabajadores participando y movilizándonos de forma masiva y en unidad.

Pero la tercera lección que sacamos es que con esto no basta. No fue suficiente la mayor movilización del sector público para doblarle la mano a un modelo económico, político y social en el que se encuentran unidos en su defensa todo el arco del “Bloque en el poder”, la derecha y la centro-izquierda, la unión de políticos que cuidan en conjunto el interés de su propia clase, financiados por igual por los mismos empresarios de Penta y SQM.

La muralla con la que nos enfrentamos fue un entramado profundo de intereses económicos en los que se mezclan políticos tradicionales, la maquinaria represora del mismo Estado, los medios de comunicación del duopolio y su discurso criminalizador de los trabajadores movilizados, y la nula influencia que tenemos como sector en el mismo Congreso.

Para enfrentarla es indispensable que combinemos la movilización con la lucha electoral, pero teniendo claro que la palanca principal que gatillará la superación de esta muralla neoliberal serán las y los trabajadores organizados. Esto exige que avancemos hacia la generación de espacios que permitan traducir esta agitación, este descontento y esta crítica en una apuesta política.

En función de eso es importante también que como funcionarios públicos seamos capaces de plantear nuestras luchas en una perspectiva de transformación mayor, superando la demanda limitada al reajuste salarial, extenuante demanda a la que nos fuerza el gobierno año a año.

La carrera funcionaria, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, la situación de miles de trabajadores a honorarios que hacen labores permanentes, la eternización de funcionarios a contrata, la diferencia abismal de sueldo entre los funcionarios de carrera y quienes llegan designados por los partidos, el secuestro de numerosos puestos directivos por parte de los partidos para el clientelismo que gira en torno suyo, y la precarización de servicios elementales como la salud y la educación son sólo algunos de los puntos esenciales que debemos poner sobre la mesa.

Por último, tenemos que tener en cuenta el poderoso precedente que se instaló el pasado 4 de noviembre, cuando en medio de una fuerte campaña de los medios para dividir a los trabajadores y aislar a los funcionarios públicos, miles de asalariados de todos los sectores salimos a las calles con una demanda transversal: terminar con el sistema de AFP y buscar un modelo de seguridad social que brinde pensiones dignas.

A pesar del daño que nos produce el no haber podido conseguir un reajuste que respondiera a nuestras demandas, los trabajadores públicos a través de su movilización avanzaron en unidad, en experiencia, y es hora de hacernos cargo del desafío que implica profundizar la discusión política en el Estado, para no pelear sólo por un reajuste, sino por la situación de abandono en el que se encuentra el sector público en el país.

En este sentido, la Mesa del Sector Público tiene dos desafíos. El primero es plantear una hoja de ruta que nos permita quebrar con la estrecha lucha del reajuste y plantear las problemáticas centrales que afectan a los trabajadores públicos de planta, contrata y honorarios, y el segundo es fortalecer nuestra relación con los sindicatos del sector privado, muchos de los cuales no pueden organizarse debido a las constantes prácticas ansiindicales aplicadas por las empresas.

Hay una íntima relación entre la negociación de nuestro reajuste y los argumentos que esgrimirá el empresariado a la hora de enfrentar las negociaciones colectivas que correspondan, y ante la unidad de intereses entre los partidos tradicionales y los dueños de la riqueza en el país.

Al final del día, cuando llega la hora de partir a la casa tras esta lucha, queda claro que en Chile, aunque lo negaron durante años, las clases sociales siguen existiendo, los trabajadores seguimos pagando, y nuestras organizaciones sindicales son la mejor herramienta que tenemos para defender nuestros intereses.

Es desde allí que combinando la movilización y la política, podemos aportar a superar el neoliberalismo, y avanzar hacia un país acorde a este pueblo, a su dignidad, y a su eterna lucha por su soberanía.

Felipe Ramírez Sánchez