El problema del lucro y el Estado como garante de la mercantilización

Las primeras semanas de la administración de Piñera no han dejado indiferente a nadie. La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de considerar inconstitucional el artículo que prohíbe a universidades incluir sostenedores con fines de lucro y la decisión de retirar el proyecto de ley que ponía fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), cerrando la puerta a la condonación de millones de estudiantes endeudados con su educación, tienen un patrón en común: el evidente subsidio del Estado al enriquecimiento privado.

La gran bandera levantada por la administración de Bachelet, con la que buscaba congraciarse con el movimiento estudiantil, se ve pisoteada ante la última votación del TC en materia educacional. Es -nuevamente- una institución del Estado, la que considera pertinente que la educación se mantenga como un negocio para el enriquecimiento privado permitiendo tener universidades con sostenedores que persiguen lucrar con un derecho social. Sumado a eso, la mantención del CAE como mecanismo que endeuda y precariza a las familias chilenas va en directo beneficio de las instituciones de educación privadas y la banca, todo ello amparado y financiado por el Estado.

Según el estudio de Fundación SOL, “Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2017)” se observa un aumento sostenido en las transferencias desde el Estado a las instituciones de educación superior: mientras en el año 2006, el CAE representaba 2,4% del presupuesto de la partida de Educación Superior, para el año 2017 llega al 36,5%; los recursos entregados por el Fisco alcanzan los $726.427 millones. La gran mayoría de estos dineros se destinan a instituciones privadas, que son las que concentran a la mayoría de alumnos matriculados desde que comenzó a regir el CAE, las mismas instituciones que hoy gracias a la resolución del TC, pueden lucrar libremente con un derecho social.

Sin duda, la problemática principal es mucho más profunda y no sólo refiere al área de la educación, sino a todos los derechos sociales que han sido mercantilizados, bajo la promoción y el amparo del Estado, fomentando la creación de verdaderos mercados para los distintos “emprendedores” que quieran vendernos estos derechos. Es importante recalcar, que los hitos que hemos visto durante las primeras semanas de la administración de Piñera no han sido exclusiva responsabilidad de la actual coalición gobernante en el poder, este proceso mercantilizador tiene una larga data. Los gobiernos de “centro-izquierda” fueron los responsables de instaurar estas políticas que hoy día se han profundizado gracias al éxito que han tenido para el enriquecimiento de los bolsillos de los privados. Es fundamental comprender estas nuevas disposiciones tanto del TC, como del Ministerio de Educación, como otro hito más dentro de la nefasta historia de la privatización de los derechos en Chile.