La retórica vacía e interesada del “Todos al Aula”

Recientemente, y al parecer en otro gesto comunicacional, el presidente Piñera apareció, junto al Ministro de Educación y numerosas personalidades -especialmente del ámbito educativo privado- anunciando un nuevo gran paso para el país en esta materia. En el clásico tono de que habrá un antes y un después, dijo que la gran transformación educativa que viene, aquella que producirá un verdadero “salto copernicano”, es la eliminación de la sobrecarga burocrática en las labores administrativas de directores/as y docentes de los establecimientos escolares, para centrarse en la calidad y, por tanto, “en el aula”. Para ello la máxima autoridad anunció la creación de una comisión especial que abordará este problema.

Hay un primer punto aquí que no se puede soslayar, cual es nula pluralidad de la mencionada comisión y la dudosa capacidad para comprender los problemas educativos reales de quién la encabeza, la ex Ministra de Educación Mariana Aylwin quien, además de sus intereses privados muy lucrativos en educación, tuvo un desempeño más que cuestionable al frente de dicha cartera, bajo el gobierno de Ricardo Lagos. No obstante, lo más complejo de este anuncio es que se ofrece un argumento más que discutible para justificar su creación. A juicio del Presidente de la República, lo que impide la calidad educativa sería la “montaña de papeles”, de “trámites” y de “carga administrativa” de directivos y docentes, cuestión que el Plan Nacional de Calidad pretende eliminar.

Por cierto, tamaño anuncio no podía carecer de la gracia “casi bíblica” otorgada por estudios “científicos”, uno de los cuales es el realizado por la Fundación educacional 2020. Estudio basado fundamentalmente en la entrevista a 12 directores (de aproximadamente 12.500) y en la aplicación de 229 encuestas, convocadas desde las redes sociales. Sobre esa base, el Presidente no solo funda una política nacional, sino como por arte de magia y sin mayor respaldo, incluye en este fenómeno a las y los docentes del país, quienes también estarían agobiados por las inconmensurables labores administrativas. Se hace aquí un traslado completamente artificial y poco pertinente del problema de la burocratización de la función directiva a las características de la labor docente.

Si despejamos el trigo de la paja, primero tenemos que nuevamente se utiliza de manera indiscriminada y abusiva el concepto de calidad, repetido una y otra vez como un mantra, pero carente de todo significado, el que inevitablemente queda asociado de manera exclusiva a resultados en pruebas estandarizadas. Se pone como ejemplo el caso de los “Liceos Bicentenarios de excelencia” omitiendo el hecho de que se trata de establecimientos que seleccionan estudiantes y que por tanto “descreman” a la población escolar, desechando a quienes tienen dificultades y necesitan de mayores apoyos.

Esta reiteración discursiva reduce el juicio sobre lo que sería una buena educación, al resultado en dos pruebas externas y desconoce toda la labor que realizan muchas escuelas (especialmente de sectores socio-económicos bajos) en múltiples ámbitos y en realidades altamente complejas, en donde alejar a niños y jóvenes de la droga o la delincuencia y potenciar en ellos un proyecto de vida o ampliar su visión de mundo, no calificaría como una buena labor educativa.

Junto con esto, el discurso de la autoridad presidencial intenta convencernos de que lo fundamental para obtener calidad pasaría porque los docentes ocupen “todo el tiempo” posible en “estar dentro de la sala de clases” y generar “comunicación con sus estudiantes”. Nuevamente aquí se incurre en una enorme falta de conocimiento del campo pedagógico y de comprensión del trabajo profesional docente, dado que este requiere de altos niveles de dedicación a procesos que ocurren fuera del aula. Tales labores (que forman parte del trabajo pedagógico no lectivo y que no puede ser denominado como “trabajo administrativo”) son, de hecho, fundamentales para lo que ocurre dentro de la sala de clases e implican una amplísima gama de actividades que van más allá de la simple “preparación de las clases”.

Estas tienen que ver con acciones tan importantes como la planificación de unidades de aprendizaje, en cuanto trayectorias formativas globales; con el diseño y revisión de instrumentos y actividades de evaluación; con la reflexión pedagógica, el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias sobre estos y otros temas. Incluyen también la realización de acciones que fortalezcan el proyecto educativo institucional del establecimiento, las iniciativas vinculadas con la inclusión, la convivencia y la ciudadanía; así como la vinculación con apoderados, con la comunidad y el despliegue del propio desarrollo profesional docente en servicio; etc. Sin estas acciones nada de lo que ocurra en el aula puede realizarse con la debida atención profesional y en consideración la enorme amplitud del rol educativo de las escuelas. Precisamente, su negación sistemática ha sido parte del problema que explica la crisis educativa en nuestro país.

En tal sentido, y sin perjuicio que se puedan reducir o simplificar ciertos procedimientos en la gestión directiva (algunos de los cuales rayan en lo absurdo), el problema de fondo no es ese y, menos aún, da para un anuncio presidencial comunicando la creación de una comisión, a este nivel, para reducir trámites administrativos. Y en lo referido al trabajo docente, al margen de que efectivamente se deben corregir abusos o carencias que redundan en la destinación a tareas que alejadas de sus funciones contractuales (como el “cuidado” de otros cursos, turnos de recreo, etc), la dificultad principal para un cambio educativo no tiene que ver con el supuesto “cerro de papeles” y de “trabajo burocrático”.

Los principales problemas se relacionan con la falta de democracia en toma de decisiones y de tiempos adecuados para realizar su labor pedagógica, como la planificación colaborativa del proceso formativo (lo que NO es trabajo administrativo); con la existencia de políticas de gerenciamiento, de estandarización curricular y evaluativa y; con la ausencia de apoyos multiprofesionales suficientes para atender los crecientes y complejos requerimientos que demanda la necesaria inclusión, la formación integral y la interculturalidad en los espacios escolares. Todo lo cual produce, además de un gran daño educativo, sobrecarga profesional y mucho agobio laboral.

El discurso de la máxima autoridad, sobre la desburocratización, en el caso del trabajo docente, más bien hace un uso discrecional de la demanda gremial contra el agobio laboral y, lejos de eliminarlo, no hace más que acentuarlo. Efectivamente, abre la puerta para transformar a los docentes en meros ejecutores de aula e implementadores de planificaciones, muchas veces compradas (y a un precio frecuentemente oneroso) en el mercado de las ATEs, pero que descontextualizan su labor y en nada contribuyen al mejoramiento de nuestra educación. Este es un camino que justamente tiene el riesgo evidente de fortalecer el mercado educativo, desprofesionalizar por completo el trabajo profesional docente y aumentar las tensiones del espacio escolar.

Pareciera ser que este nuevo gesto comunicacional, además de representar una retórica vacía y cierto facilismo populista, busca -de manera interesada y por vía administrativa- transgredir el ya débil marco regulatorio de las escuelas, especialmente de las privadas-subvencionadas, para seguir defendiendo la libertad de enseñanza, por sobre el derecho a la educación y la igualdad educativa, lo que ciertamente depende del imprescindible rol garante del Estado y de la construcción de comunidades con amplios espacios de diálogo.