Opinión

Son 40 años: de la dictadura a la pandemia

Por: Jorge Coloma | Publicado: 09.07.2020
Son 40 años: de la dictadura a la pandemia |
El esfuerzo unitario debería tener como orientación estratégica un programa común inspirado en los contenidos de una nueva Constitución que responda a los desafíos del siglo XXI. Apoyado en una correlación favorable para el APRUEBO y la Convención Constituyente, donde el liderazgo se resuelve democráticamente. Se construiría así por fin una nueva sociedad que pondrá fin a 40 años de dominio neoliberal.

Desde la dictadura se fue creando un sistema que intenta quitarnos la razón de ser como personas.

La Constitución del 80 nos encuadró como clientes de un sistema empresarial donde el consumo y la especulación financiera provocan inequidades que se reflejan en la pauperización en tiempos dictatoriales como en tiempos de pandemia. Un Estado fuerte, presidencialista, le da seguridad al mercado y a las grandes riquezas. Sus decisiones los protegerán por sobre la vida de las personas. Por ejemplo, no tocarán un sistema especulativo con el dinero de la gente (AFP) y sí la endeudarán porque con ello funciona el sistema: ganan los bancos.

No es que el Estado no esté en condiciones de hacer una política distinta con endeudamiento del Fisco y gravando a las mayores riquezas: es que se trata de un Estado que responde a su alma neoliberal. La defensa de sus intereses económicos los lleva a abrir Apumanque, al “Retorno Seguro”, a la “Nueva Normalidad” catastrófica que nos impide salir aún hoy como consecuencia de ser dirigidos por desvaríos ideológicos. Esa alma tiene una continuidad histórica: la Escuela de Chicago, la presentación del “ladrillo” a una dictadura ignorante en economía, la promulgación de la ya anacrónica Constitución del 80, las “modernizaciones” y la conformación de un Estado Subsidiario para intervenir frente a un mercado imperfecto. Un constructo teórico pasó a ser interiorizado gracias al rol de la educación y los medios y se ha ido aplicando indistintamente fuera de izquierda o derecha. No son sólo 30 años, sino 40, de penetración ideológica violentando, empobreciendo, la vida de una gran mayoría de la población.

En los años de la dictadura era normal la aplicación de medidas económicas que implicaran el empobrecimiento de amplios sectores de la población. Así se dio un proceso continuo de pauperización de la gente ya antes de los 80, pero institucionalizada a partir de su Constitución y las llamadas medidas de modernización. Como relató la revista Hoy de entonces (1983), el poder de compra de la gente descendió en un 16,4% entre 1981 y 1982. En 1983 ya había descendido en un 39%. La gente salió a protestar, realizó ollas comunes, se desarrollaron espacios para enfrentar la miseria. Actualmente, y en democracia, se dan condiciones sociales similares que afectan a las personas.

En el funcionamiento de la economía neoliberal la defensa del mercado es lo principal; la vida de la gente es lo secundario. Antes del estallido lo experimentábamos con la sequía de Petorca, que implicaba la destrucción del hábitat y medios de subsistencia de la población campesina de la zona. Sin negar las consecuencias propias del cambio climático, esta tragedia está relacionada también a la privatización del agua. La economía privatizada hasta los extremos de enajenar recursos como el agua tiene su fundamento en la Constitución del 80 (Artículo 19, N° 24) y en las definiciones del Código de Aguas.

Un Estado Subsidiario sólo tiene sentido para defender una economía privatizada y compensar las deficiencias del mercado. Así, una de las primeras acciones gubernamentales es un dictamen de la Dirección del Trabajo que, en una falsa simetría, exime a las partes de las “obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo”. El trabajador (nunca voluntariamente) deja de prestar sus servicios y el empresario deja (voluntariamente) de pagar las remuneraciones. Entonces, el Estado neoliberal aplica lo que le corresponde: asistencialismo.

El gobierno se mueve entre 2,5 millones de cajas de alimentos mal distribuidas y de corto alcance hasta medidas de créditos blandos para la tal llamada “clase media”. De clientes pasamos a una categoría más riesgosa en el sistema neoliberal: ser deudores y deudores morosos. A los 5 millones de deudores morosos el gobierno agrega condiciones para aumentarlos. El gobierno, en vez de gravar a las grandes riquezas, encuentra una tabla de salvación al cuestionado sistema de previsión tratando de impedir el necesario retiro de un porcentaje (10%) del capital individual enajenado en el Fondo de Pensiones. Se trata de defender las AFP “con dientes y muelas”, como lo hacen las Fuerzas Armadas frente a sus privilegiadas pensiones.

El Ejecutivo neoliberal también sabe de las consecuencias sociales y políticas de sus medidas. Sabe sobre una pandemia que interrumpió un proceso ascendente de manifestaciones que incluso lo llevaron a aprobar mecanismos de cambio constitucional. Cumplirá entonces su rol restrictivo fortaleciendo las medidas para nuevas acciones represivas. Las ideas de aquel tiempo, como muchos de los políticos de entonces, aún inspiran a la coalición gobernante.

Hay continuidad, y principalmente desde la UDI, que ejerce como grupo de presión exitoso frente al gobierno. Sus miembros siguen aferrados a la defensa de la dictadura e incluso de quienes violaron los derechos humanos. Ya no necesitan enajenar ni ocupar sindicatos o partidos, ni perseguir hasta la muerte o desaparición de sus miembros.

La Constitución del 80 y el Código Laboral han dejado instalado el debilitamiento del poder de negociación de los sindicatos, promoviendo su dispersión en individuos o en diversas organizaciones. La oposición política ha sido amarrada de manos con supra quórums, con tratados internacionales y con la imposibilidad de actuar en la política fiscal, o siendo prisionera de “aportes” empresariales para continuar su función de legislador. La población no distingue entre izquierda o derecha. No hay liderazgos.

El gobierno aprovecha el debilitamiento sindical, y de la política, y cumple su función. Radicaliza sus medidas por lo que se puede venir. Frente a las manifestaciones de octubre de 2019, utilizó a Carabineros como escudo del sistema declarándole lealtad total incluso en caso de delitos comunes y otros de violación a los derechos humanos. Hace oídos sordos al vejamen de mujeres, a manifestantes enceguecidos por balines disparados por personal perfectamente identificados. Ellos no son sancionados ni pagan su delito en la cárcel como aquellos detenidos que se manifestaron en contra del abuso y por la dignidad de las personas a partir del 18 de octubre.

El Ejecutivo responde violentamente a las manifestaciones que ya se producen por el hambre provocada por una política propia de su “alma”, que ya produce consecuencias desastrosas para la población. El gobierno prevé la radicalización de las protestas y nuevas manifestaciones multitudinarias al posible término de la pandemia. Intenta “modernizar” los servicios de inteligencia (ANI) con disposiciones como aumentar capacidad de infiltración en los movimientos sociales. Ya cuenta con una ley aprobada en el Senado para evitar manifestaciones en la vía pública, barricadas, interrupción del tránsito, o huelgas del servicio público como de hospitales y del transporte con penas de cárcel. Más aún: se rearma a la policía. La Armada realizó en febrero de 2020 una millonaria inversión en armas y equipamientos antidisturbios. Se reabastece a Carabineros con 34 nuevos retenes móviles, 21 furgones para transporte de personal, 11 vehículos lanza-gases y dos lanza-aguas de última generación. La idea es “contar con una nueva capacidad tecnológica y operativa”, como declaró el ahora asesor presidencial (y ex subsecretario de Interior) Rodrigo Ubilla (lo dijo el 10 de mayo reciente), y así cumplir con la función del Estado Subsidiario. Proteger una economía regulada por el arbitrio del mercado que aplicada en pandemia ha llegado a la pauperización de amplios sectores de la población.

Frente a esta grave situación, el discurso de Salvador Allende en los momentos del golpe debe ser una lección: “El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse”.

La historia de una trágica derrota deja muchas lecciones aprendidas. Entre ellas rescato la unidad de todas las fuerzas que hoy han impuesto políticas alternativas a las neoliberales frente a la pandemia y sus consecuencias.

El esfuerzo unitario debería tener como orientación estratégica un programa común inspirado en los contenidos de una nueva Constitución que responda a los desafíos del siglo XXI. Apoyado en una correlación mayoritariamente favorable para el APRUEBO y la Convención Constituyente, donde el liderazgo se resuelve democráticamente. Se construiría así por fin una nueva sociedad que pondrá fin a 40 años de dominio neoliberal.

Jorge Coloma