Proceso constituyente al pizarrón, de cara al 11 de enero

A más de una semana del plebiscito, las élites buscan delinear un discurso que permita evitar la gangrena de la significativa derrota, buscando blindar, entre otros aspectos, la figura presidencial. Atrás quedó el informe que elaboraron Alfredo Enrione y Antonio Díaz Araujo sobre el conocimiento que las élites empresariales tenían sobre el país (https://www.elmostrador.cl/el-semanal/2020/10/19/), o la pecaminosa confesión por una opción socialdemócrata de Joaquín Lavín, buscando reconfigurar su gatoparda imagen.

Sin embargo, las columnas de Ernesto Ottone (https://www.latercera.com/opinion/una-semana-despues) y de Ricardo Lagos (https://www.latercera.com/opinion/democracia-con-mas-participacion-la-nueva-hoja-de-ruta) alertan sobre una operación en ciernes. El primero, llamando a un debate prudente a partir de la elección de los mejores convencionales con experiencia de la plaza; y el segundo, relevando la necesidad de más y mejor participación. Ambas intervenciones aparecen, al menos, chocantes. No se trata de ignorar la voluntad del llamado en aras de lograr una discusión conducente, como lo quiere la mayoría que votó la opción Apruebo. Más bien, se trata de hacer el encuadre hoy con las responsabilidades políticas del pasado y la actual crisis y, sobre todo, con la caja de resonancia que una parte de la élite le da en la actual coyuntura.

Vivimos en una sociedad donde el poder es sinónimo de abuso y humillación, carente de un relato común sobre un futuro compartido, con una visión tecnocrática, de corto plazo, donde discutir el modelo económico es visto como una oposición al “desarrollo” y discutir el modelo político es oponerse a la “democracia”. Tanto Ottone como Lagos representan a esa base, lo que el país rechaza. En rigor, la aparición pública suena más bien a la rearticulación del ya trasnochado “Partido del Orden”, en concubinato con el proyecto modernizador 2.0 que ofrece parte de la derecha, ya sea en la expresión de Lavín o Desbordes. Por cierto, no aparecen en dichas columnas las claves para desterrar la componente neoliberal de la Constitución del 80, no se abordan los instrumentos por desterrar las prácticas de la letra chica y la cocina y honrar el Acuerdo por la Paz, ni menos las propuestas reales por renovar la política (una opción sería jubilarse en términos políticos, como lo hizo el vilipendiado dirigente socialista Carlos Altamirano, por ejemplo).

A pesar de lo anterior, la urgencia es otra. El 11 de enero de 2021 se inscribirán las listas de los futuros constituyentes a elegir en abril próximo. El tiempo corre y surgen exigencias elementales. En primer lugar, acordar un programa mínimo con un conjunto de ideas fuerza que expresen contenidos que se enfoquen en desterrar la matriz neoliberal de la actual Constitución y definir instrumentos claros sobre cómo profundizar nuestra debilitada democracia. Sobre estos aspectos hay abundante literatura (por ejemplo, el libro 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile, de Pamela Figueroa y Tomás Jordán, publicado en el último periodo de la presidenta Bachelet). En segundo lugar, convocar y definir los candidatos a convencionales en razón a dos criterios mínimos: mayor proporción de independientes y adscripción a un “Programa de Convencionales por el Cambio”, para que los candidatos convencionales puedan suscribirlo y se comprometan cumplir. En tercer lugar, como corolario de lo anterior, generar e implementar una estrategia de movilización que permita seguir, acompañar, ejercer una fiscalización y control ciudadano sistemático y permanente del proceso de redacción de la nueva Constitución. El voto no es suficiente, como ha quedado demostrado en la historia de la humanidad, y en la experiencia reciente de la mal llamada transición chilena. Una proporción mayoritaria del 80% de chilenos que votó Apruebo, que participó de la experiencia de los cabildos y del estallido social, espera ser partícipe del proceso. La activación de procesos deliberativos –antes y durante el trabajo de la Convención– resulta fundamental. La Alianza de Municipios ya acordó acompañar este proceso, por lo tanto, debe activar esta tarea de manera perentoria.

Como cuarto aspecto, delinear dentro del “Programa”, un Reglamento de Funcionamiento de la Convención. Dicho reglamento se constituye como un componente político, toda vez que referentes del 20% del Rechazo han señalado públicamente su voluntad de modificar lo acordado en noviembre de 2019, respecto al quorum para acordar el texto final que se someterá al plebiscito de salida. En rigor, y para no pecar de ingenuidad, las grandes cocinas y las letras chicas han procesado los conflictos en todas sus expresiones a partir de los años 90, y parte de la derecha no renuncia a aquello.

Los puntos anteriores ameritan que los candidatos convencionales lo suscriban y desarrollen un trabajo orientado a cumplirlo. Por otro lado, el “Programa de Convencionales por el Cambio” permitirá, además, sacar al pizarrón y pedirles adscripción a todos los candidatos –de la élite y de los partidos políticos– que se presenten a los próximos eventos electorales (alcaldes, gobernadores, parlamentarios y presidencial), copando de nuevos contenidos sus propuestas.

En síntesis, se deben generar acuerdos, propuestas y acciones complementarias para recoger y canalizar tanto las demandas sociales específicas como los ejes programáticos del nuevo pacto social y político en la nueva Constitución. Pero, más relevante aún, es movilizar al activo democrático del 80% del Apruebo para implementar “diálogos para la nueva democracia”, a través de espacios de movilización en los distintos espacios sociales (escuelas, universidades, sindicatos, juntas de vecinos, empresas, municipios, barrios, territorios…); y ejercer un control ciudadano que permita promover una participación política efectiva respecto del proceso constituyente.