Nueva etapa, nuevo programa, nuevos rostros

Los desafíos que enfrenta el país para los próximos años se pueden resumir en una frase: Estado de Bienestar para el año 2025 y un país desarrollado para el año 2030. Esto es posible, son metas que estaban ya en la palestra, pero que la clase política que gobernó estos 30 años no lo vio, no fue capaz o no tuvo la voluntad de realizarlo. Me parece que la explicación de su fracaso está en una cierta combinación de las tres causas.

En efecto, en estos 30 años de democracia la esperanza popular ha estado alternadamente puesta en dos tipos de gobierno. 24 años de gobierno de Concertación/Nueva Mayoría, encabezados por socialistas y democristianos: que restauró la democracia, hizo crecer la economía, mejoró ciertas condiciones de vida de los más pobres y el acceso a de las clases medias a ciertos bienes. 8 años de gobierno de Chile Vamos, encabezados por un multimillonario: que sostuvo el crecimiento, ampliando las ganancias capitalistas y el potencial de grandes corporaciones privadas y su capacidad de competir en el vecindario, y que focalizó ciertas políticas sociales en los más vulnerables.

¿Qué explica entonces la irrupción progresiva del descontento y la ira juvenil y popular, las luchas sociales de los años 2011, 2016 y 2019, cada vez más amplias y convocantes, y que todo análisis serio considera que aún no ha llegado al clímax de su fuerza? El diagnóstico mayoritario señala que son las políticas neoliberales implementadas por la dictadura militar desde el 73 y que se han mantenido y reforzado estos 30 años. Es decir, la aplicación de recetas capitalistas extremas, que no existen en ningún país democrático desarrollado. Modelo donde incluso parte de las remuneraciones de los trabajadores destinadas a la seguridad social, 17.000.000.000 de dólares al año, han sido entregadas al capital financiero especulativo, dejando abandonados a su suerte a casi toda la población ante la enfermedad y la vejez. Los rentistas con dinero ajeno, llamados AFP, han acumulado un monto de casi 180.000.000.000 de dólares, descontados los dos retiros del 10%, lo que corresponde aproximadamente a un 60% del PIB anual del país.

La renta de la tierra, particularmente de los minerales (Chile posee el 40% de las reservas del cobre mundial), está preservada a grandes corporaciones en condiciones que no existen en ningún país democrático desarrollado. En base a un royalty que tiende a cero e impuestos bajos e integrados, ha resultado que, en los últimos 12 años, 10 corporaciones mineras privadas han acumulado rentas por sobre los 210.000.000.000 de dólares (además de las ganancias operacionales), que han ido a parar principalmente al extranjero, monto equivalente aproximadamente al 70% del PIB anual.

25.000 dólares (corregidos) per cápita es la actual riqueza por persona que el país produce al año, pre pandemia. Sin embargo, el 80% de los trabajadores recibe sólo 9.000 dólares al año (550.000 pesos al mes) y, de ellos, el 55% recibe 5.000 dólares al año (320.000 pesos al mes). Las AFP recaudan 10.000.000.000 de dólares al año, con un tercio de esos ingresos corrientes pagan las pensiones, otro tercio va a utilidades de las propias AFP y otro tercio va a apalancar beneficios para los grandes grupos económicos; mientras, la pensión media que reciben los jubilados es de 3.200 dólares al año (200.000 pesos al mes).

Estos 30 años han sido de gobiernos neoliberales, más crudos o más camuflados, es decir, de fórmulas de capitalismo extremo desechadas, en desuso en el mundo civilizado. Dos gobiernos encabezados por la derecha, porque son sus creadores y auténticos seguidores y otros, y cinco de centroizquierda, cuyo discurso socialdemócrata fue colonizado por el pensamiento neoliberal. No cabe duda que el logro civilizatorio de vivir en libertad, y el crecimiento real que han experimentado las cifras macro del país, han sido a costa “de la sangre, el sudor y las lágrimas” del 80% del país.

Es hora de ayudar a que “el agua busque su nivel”. Se requiere un profundo giro en el rumbo del país que, cual Titanic, camina a su autodestrucción. “No la vimos venir”, ya no será excusa que exculpe la responsabilidad que la clase política tiene hoy en sus manos. Si queremos de verdad que las cosas cambien y Chile se encamine a la paz y al desarrollo, sólo posibles en libertad con justicia social real: no se puede seguir haciendo lo mismo con los mismos.

El proceso constituyente, que debe abrirse a una amplia participación de independientes, nos abre la posibilidad de consagrar el giro hacia un nuevo trato constitucional, y que a él concurra una amplia mayoría. En su defecto, de persistir el inexplicable divisionismo opositor, que al menos sea una Constitución más democrática, que garantice derechos sociales básicos y un ingreso familiar sobre la línea de la pobreza, y que sea habilitante, sin cerrojos. De tal manera que en noviembre de 2021 el nuevo gobierno que emerja de la mayoría pueda desplegar, sin cortapisas, las transformaciones políticas, sociales y económicas que ya no pueden esperar.

Un nuevo gobierno de la derecha agudizará las crisis social y política, especialmente si lo encabeza Joaquín Lavín, que no sólo fue firme partidario de Pinochet sino que, además, colaboró con los servicios de seguridad para perseguir a los opositores. Hasta el momento en la centroizquierda aparecen no más que candidatos de los partidos de la otrora Nueva Mayoría, siete precandidatos en la Unidad Constituyente, incluido el reciente dedazo de la Alta Comisionada ONU, y tres en Chile Digno-Frente Amplio. Para la actual oposición es indispensable tanto construir unitariamente un programa para un gobierno transformador de verdad, así como la emergencia de nuevos protagonistas. En el movimiento recientemente formado Nuevo Trato, hay interesantes figuras como Vlado Mirosevic, Valentina Quiroga o Pablo Vidal para encabezar la segunda renovación de la centroizquierda y unir al país en el nuevo ciclo político progresista que se avecina.

Los cambios son enteramente posibles. Los recursos el país los tiene, pero falta la decisión popular que transforme sus demandas y su ira en un compromiso de votar por un programa transformador, con nuevos protagonistas, que superen los fracasos de Chile Vamos y la Nueva Mayoría en orden a garantizar ahora una vida decente a cada familia chilena.