Horizontes políticos de la diplomacia indígena

La Convención Constitucional tiene como tarea debatir, acordar y redactar una nueva Constitución Política. La asamblea constituyente, que es paritaria entre hombres y mujeres, incorpora 17 cupos para representantes de pueblos indígenas. En su primera sesión los constituyentes eligieron a la académica y representante del pueblo mapuche Elisa Loncon como presidenta de la Convención. Nunca antes las mujeres tuvieron tanto peso para definir en el funcionamiento institucional de un país. La futura Constitución Política de Chile será la primera en su género, que nace de un proceso democrático y participativo. Todo esto es algo inédito en el mundo. Por otro lado persiste la imagen internacional de Chile del pasado reciente del país, asociada al modelo económico neoliberal implantado por los Chicago Boys, alabado en el mundo por décadas, tanto por social liberales y neoliberales. A nivel internacional Chile pasa a ser dos imágenes; la una alegórica, la otra divergente.

Teniendo este punto de partida, cabe destacar que hablo de una aproximación de la diplomacia indígena como una práctica social y política para intercambiar experiencias con otros pueblos indígenas, construir redes de apoyo de base de la sociedad civil y contribuir al fortalecimiento de relaciones étnico-políticas transfronterizas para la construcción de horizontes políticos continentales. Para nosotros, mapuche residentes en Euromapu, la diplomacia indígena es una herramienta colaborativa, una voz y plataforma para que las demandas de nuestro pueblo sean escuchadas local y globalmente. Desde allí que el proceso de construcción de horizontes políticos de la diplomacia indígena no pueden ser comprendidas sin considerar una perspectiva cultural.

Hasta este punto, y sin ánimo de excluir otras interpretaciones sobre la globalización, la diplomacia indígena se desarrolla en la arena política global con el propósito de incidir en el ámbito de las transnacionales, los estados nacionales y los movimientos sociales. Extrayendo conclusiones generales, es indudable que la futura Constitución Política chilena contribuirá a ampliar el horizonte político del biocentrismo (feyentun itrofillmogen) en el marco de los derechos fundamentales, normas legales y convenios en la legislación internacional de quinta generación, en desmedro de los de orientación antropocéntrica que hasta este momento ha primado.

En un periódico de circulación mundial un destacado sociólogo francés de izquierdas destacaba que el Chile de los gobiernos postdictadura de la Concertación lograron consensuar la élite política y económica e implementar políticas sociales en el marco del modelo de libre mercado. Realzando que la comunidad internacional aplaudía la extraordinaria recuperación de Chile, ya que demostraba que eficacia de la economía de mercado y reformas sociales no son contradictorios. Concluía que el experimento neoliberal chileno es un ejemplo a seguir por los países pobres;: por lo tanto es de importancia continental, por no decir mundial.

La evolución de Chile corroboraba la enaltecida “tercera vía” de la socialdemocracia europea, que auguraba la compatibilidad entre economía de mercado y justicia social. Sin embargo, pese a los logros obtenidos, esta estrategia económica sigue siendo impopular. Los analistas alaban las cifras, pero no saben cómo se estructuran, contribuyendo así a dar una interpretación ideológica de los índices de la economía de mercado. La impopularidad de la estrategia económica de mercado tiene directa relación con la crisis de la democracia representativa y de representatividad de la clase política. La economía de mercado no asegura un equilibrio entre representatividad y coherencia en la toma de decisiones al momento de definir el marco de gobernanza para la gestión de los bienes públicos. La frustración de la sociedad ve en esta estrategia la base que beneficia a la élite económica y política, y a su vez la asocia con la administración de un Estado neoliberal débil, incapaz de satisfacer la creciente demanda de educación, salud y vivienda adecuados para toda la población.

Ante este desafío colectivo el Estado, partidos políticos, movimientos sociales y pueblos indígenas comparten un campo cultural y político que los emplaza a funcionar con flexibilidad y creatividad para concretar objetivos. La construcción social de una esfera pública politizada emerge como consecuencia de la crisis del Estado neoliberal que conlleva la articulación de alianzas entre los movimientos sociales y los pueblos indígenas, como es el caso de Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia. Estas alianzas, de ser una expresión de demostración de fuerza y convicción, pasan a ser demanda por espacios en la toma de decisiones y una sociedad más justa. El Estado neoliberal, en su confrontación con los movimientos sociales y pueblos indígenas, ha perdido el control en la gestión territorial participativa. Desde allí que la relación entre movimientos sociales, pueblos indígenas y democracia se encuentran hoy en un escenario más dinámico, amplio y diverso. Al respecto, un antecedente a tomar en consideración es el bajo nivel histórico de participación electoral; un 60% que no vota, pero si delibera.

Para los mercados financieros y transnacionales, lo que pasa en Chile no es una buena noticia. Deslumbrados durante décadas con el modelo ultraliberal, por su rol en una escena que moviliza estrategias, miran con temor hacia Chile. La dañada imagen de Chile puede volverse literal en el ámbito internacional porque el modelo heredado del pinochetismo encarna la mala reputación, por su condición material precaria y su estatuto obsoleto. Los dilemas que enfrentan los mercados financieros enfrentan la economía versus la pobreza ecológica. Los retos ambientales son ahora retos de desarrollo, tanto local como global. La preocupación de las transnacionales y de los mercados financieros se refiere a que se avecine un cambio de estrategia económica, dirigido hacia un modelo estatista. Desde esa perspectiva. la doctrina de los “tratados internacionales como límites al órgano constituyente” da pie a diferentes interpretaciones y, sin duda, será una materia controversial cuando los constituyentes se dispongan a discutir y redactar la nueva Constitución Política para Chile.

Lo que ocurre en nuestro medio local (como la regulación de la propiedad del agua, la Ley de Pesca, la regulación de la piscicultura en Chile) tiene impacto global. Desde esta perspectiva, otra repercusión internacional del proceso constituyente chileno será en el campo de las normativas, fiscalización y control ambiental, participación ciudadana y desarrollo territorial.

Redactar una Constitución es contribuir a una nueva forma de hacer política, lo que consecuentemente contribuye al desarrollo de la diplomacia transfronteriza. La reinscripción histórica de la identidad indígena fortalece las relaciones étnico-políticas transfronterizas y posibilita la reflexión en torno a la construcción de una identidad estatal plurinacional cohesionante. Esto último es determinante para alcanzar logros jurídico-políticos nacionales, discutir con las instituciones políticas internacionales y enfrentar a las empresas transnacionales y su lógica depredadora.