Aristocracia violadora

Hay un grupo dentro de la sociedad chilena que asume que siempre puede pasar por sobre las leyes. Dispone, para ello, de la potestad de torcer el sano juicio de jueces, contralores y autoridades tributarias. Hasta tal punto, que el Estado de Derecho, al trasluz de las décadas, de las evidencias y de la crítica informada, ha sido un gigantesco bluff; o, si se prefiere, en el lenguaje clásico disfemístico chileno: puro chamullo. Una quimera. La actuación de Ricardo Lagos, dándoselas de sheriff al pronunciar la expresión «caiga quien caiga», no hizo sino reconocer que hasta entonces él mismo había tolerado los abusos de esa casta, y que rara vez se cumplió el principio de igualdad ante la ley. Así pagó su cuota de incorporación en el club de los Presidentes amados por los economistas neoliberales y odiados por los demás ciudadanos.

La perorata en comento no garantiza que después de esa declaración rimbombante el susodicho gobernante haya practicado el principio que predicó. De hecho, sabemos que ocurrió todo lo contrario: se agudizó el financiamiento ilegal de la política, las colusiones, el tráfico de influencias, la defraudación fiscal, los perdonazos a grandes contribuyentes o la conmutación de presidio efectivo por clases de ética en universidades privadas.

Los mismos dedos acusadores de la Sofofa y otros gremios patronales que se habían ensañado contra Lagos al iniciar su mandato; esos que lo rotularon como «el nuevo Allende» —cuando esa alusión todavía era considerada insultante por la dormida sociedad chilena—, lo aplaudieron de pie en Casapiedra cuando Lagos Escobar concurrió servilmente a despedirse de ellos al concluir su periodo, en vez de visitar sedes vecinales o campamentos. Y es por algo.

Muchos derechistas creen que nada ha cambiado. Piensan que las «exóticas» protestas de 2019 y el vandalismo desatado en esos meses justifican una militarización de la política chilena. Para solucionar su pérdida de apoyos y su mermada base electoral, un nuevo golpe de Estado les encantaría. Se hacen llamar «patriotas», pero con sus manos ensangrentadas —desde los magnicidios de José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez, hasta las recurrentes masacres de obreros inermes con que intentaron asordinar la «cuestión social», «pacificar» la Araucanía, «limpiar» de indígenas la Patagonia y «extirpar el cáncer marxista» con el genocidio de los años 70—, asumen que el Ejército nunca fue de todos los chilenos, y que seguirá sirviendo sólo a una clase social minoritaria: el Segmento A.

Hoy siguen jugueteando con sus influencias, se sobreexponen en los medios que compraron para manipular la opinión pública (olvidando que Lavín se enquistó en mil y un matinales, pero igual perdió); y ahora ponen mil y un bots para derrumbar el poder constituyente de un pueblo. La aristocracia chilena es violadora. Tiene cero consideración con la voluntad ciudadana. Le importa un pepino el consentimiento. Creen que la soberanía popular no es un principio filosófico fundamental de la democracia, reconocido por todas las sociedades desarrolladas, sino una idea subversiva y «rogelia». No les incomoda el dolor humano, pero sí que alguien ofenda a Pinochet.

La aristocracia violadora y palurda te amenaza, te acorrala, y te deja sin trabajo si persistes en tus ideales. Si eres un adalid de la resistencia, pero te debilitas emocionalmente, no dudará en arrastrarte al suicidio. Y luego sus tabloides, omnipresentes y abyectos, impondrán la idea de que fuiste cobarde. Eso dijeron de Recabarren, Balmaceda y Allende. El haber sostenido a la mala una Constitución tiránica, ilegítima y tramposa por más de cuatro décadas, revela que la aristocracia chilena siempre ha sido esencialmente violadora. No sólo por el Derecho de Pernada que cobraban los patrones, adjudicándose la potestad de iniciar sexualmente a las hijas de sus sirvientes; sino porque siempre han buscado la forma de desconocer y violentar el principio democrático esencial, que es la voluntad colectiva.

¿Cómo lo han hecho? A través de golpes de Estado (que no fue sólo uno, sino una docena), mediante el «voto censitario» (cuando para las leyes chilenas el voto del empleado valía menos que el del patrón), de la exclusión de las mujeres del sufragio, del sistema binominal, de los senadores designados, de haber creado un Tribunal Constitucional antidemocrático; y también, por cierto, blindándose contra la ira de los dioses al sobornar a capellanes, pastores y santones que les proporcionan la bendición divina a cambio de un salario abultado e impropio de un Estado laico.

Esos han sido sus abusos legalizados: su interminable colección de trampas «ajustadas a derecho», que no impiden que hayan desplegado en paralelo un frondoso bosque de ilícitos por los cuales nunca han pasado un día en la cárcel. Ese pequeño grupo de «chilenos», cuyos capitales están a buen recaudo en bancos suizos y otros paraísos fiscales, es al cual denomino «aristocracia violadora». Y ese grupo es el que está implicado en la sucia operación de manipular a la opinión pública para transformar el «Apruebo un pacto social justo» en un «Rechazo a los Patipelados porque no quiero ninguna Constitución que incomode a la fronda aristocrática».

Ese es el trasfondo. Sin duda que es macabra la dicotomía. Cada uno decidirá si se atreve a avanzar, con los riesgos que ello implica, por sobre la mentira y la inmundicia, o si prefiere dormirse por otros 50 años y apoyar el autogolpe de los que se sienten dueños de Chile.