Cuidar la legitimidad de la Convención

El fin de semana fuimos testigos de una revelación que rápidamente se tomó nuestra agenda: el constituyente Rodrigo Rojas habría mentido a todo el país al afirmar que luchaba contra el cáncer y mantenía deudas por ello, cuando en realidad no tenía tal enfermedad si no otra, que aún se desconoce. La razón para haber elaborado y sostenido durante tanto tiempo esa mentira sería que la enfermedad verdadera le provocaría problemas de aceptación.

Como era de esperar, rápidamente se formaron dos opiniones que fijan posiciones opuestas extremas. Por una parte, aquellos que justifican el hecho en las más variadas razones: no tiene una enfermedad, pero tiene otra; es una mentira, pero hay otros que han mentido más; es terrible lo que hizo, pero muy valiente al reconocerlo. Por otro lado, aquellos que derechamente piensan que el señor Rojas debe desaparecer de todo el espacio público, incluido su cargo de convencional constituyente, tras haber defraudado a su electorado e incluso emitido en su declaración de patrimonio previo a la elección.

La Convención Constitucional tiene como misión entregar al país un texto constituyente que configure un nuevo pacto social. Cabe entonces preguntarse, ¿qué validez puede tener un pacto que nace de una voluntad soberana viciada por un engaño? Aunque se trata de un solo constituyente, no es difícil empezar a preguntarse uno por uno qué es lo que esconden, qué tan ciertos son sus antecedentes, pero más directamente: cuán coherentes han sido entre lo que hacen y nos dicen.

Por supuesto que no se puede dejar de empatizar con alguien que tiene una enfermedad que le acongoja y acorta la vida. Por ese mismo hecho, tampoco no es posible dejar de empatizar con aquel electorado que se siente profundamente defraudado, con aquellas personas que padecen cáncer o han perdido un ser querido por esa enfermedad. No obstante, ninguna razón puede validar la conducta inmoral (ya la justicia dirá si además estamos en presencia de una conducta delictiva o que implique una sanción administrativa o de otra naturaleza) de quien ha mentido sobre un aspecto sustancial que le ha valido sentarse en una posición que le permitirá tomar decisiones de mayorías.

No se trata de empatar respecto a conductas que han ocurrido en el pasado, ocurren y de seguro ocurrirán: la tolerancia con la corrupción debe ser cero, sin importar de quien se trate o las razones que puedan existir para ella: no hay nada que pueda justificar lo que hemos visto con el constituyente Rojas.

¿Por qué es importante ser tajante en este punto? Porque no podemos poner en riesgo la discusión en torno a la legitimidad de la nueva Constitución si sus miembros actúan de manera contraria a la probidad que tanto necesitamos. Ahora que ya conocemos esta información, cabe preguntarse si encontraremos otros casos similares. Esperemos que no y que, de lo contrario, tanto el señor Rojas como aquellos que actúan con ausencia absoluta del respecto a nuestra democracia, den un paso al costado, asuman sus responsabilidades (no son meros errores) y paguen lo que corresponda, como ocurriría con cualquier persona en otros espacios.