Asesorías parlamentarias, un gasto innecesario

La transparencia es una de las herramientas que ha sido de mayor utilidad para reflejar los grandes casos de corrupción conocidos últimamente, esencialmente para desenmascarar conflictos de intereses entre servidores públicos y privados. De hecho, la transparencia habla de una sana democracia, siempre y cuando esta también se vincule a una fiscalización activa, fiscal y, por cierto, también ciudadana.

La Cámara de Diputados hoy posee, a grandes rasgos, dos mecanismos de fiscalización; el primero es el Comité de Auditoría Parlamentaria, que si bien opera con funcionarios que no dependen de un parlamentario de turno, tiene un rango de acción escaso y representa más una instancia de auto fiscalización, que de un ente de fiscalización externo y autónomo.

Por otro lado están las comisiones, como la de Ética y del Régimen Interno, ambas con casi nulo rango de acción en concepto de auditoría y con bajas sanciones para diputados/as que cometan algún tipo de irregularidad.

Ahora, una de las razones del control de los recursos fiscales, es precisamente que se utilicen de manera eficaz y eficiente. Existen variados ítems de gastos en los que las y los diputados pueden incurrir, sin tocar, obviamente, su dieta parlamentaria, uno de ellos y quizás el más controversial de todos, es el gasto en asesorías externas.

El monto total de este gasto, por diputado/a, es de $1.053.175 y de $3.618.123 para el caso de los senadores, ambos acumulables hasta por 12 meses. Este lo fija un órgano recientemente creado, llamado “Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias”, el cuál es presidido por Andrés Zaldívar Larraín quien percibe más de $2,6 millones por presidir cerca de 3 sesiones al mes (la última registrada es de abril de 2021). En estas participan también los consejeros José Antonio Gómez, Enrique Marshall Rivera, Arturo Yrarrázaval Covarrubias y Mario Bertolino Rendic, todos exparlamentarios o miembros de Consejos de Estado.

De los gastos de asesorías externas, en el periodo legislativo vigente (marzo 2018 – actualidad) se ha desembolsado un total de $1.154.939.565, entre asesorías de personas naturales o con personalidad jurídica. Ahora, no todos los diputados/as han hecho uso de este tipo de gasto, lo que nos hace preguntarnos: ¿Es estrictamente necesaria la contratación de asesorías externas? La respuesta es sencilla: no.

Los integrantes de la Cámara, hoy pueden componer equipos de trabajo que realicen las labores de asesoría, y precisamente es una de las razones de por qué existe dicha imputación de gastos, como la contratación de abogados/as o expertos en ciertas áreas que otorguen asesoría directa a éstos. Por cierto, si te preguntas cómo poder ser asesor externo de un congresista, no, no existe un mecanismo concursable, es por pura y mera prerrogativa de cada diputado/a.

Durante este periodo legislativo, quien se ha llevado la mayor parte de las asesorías externas, ha sido la Fundación Jaime Guzmán, quien recibió un total de $443.521.482 (38% del gasto total del periodo para todos los diputados) por la entrega de informes para 32 Diputados UDI y RN. (Acá puedes revisar uno de los ejemplos de “boletín” que emana la Fundación cuyo directorio lo componen en su mayoría ex ministros de Piñera). Le sigue en gastos, la asesoría de Marcos Espinosa Monardes (ex diputado y militante del PRSD), por un total de $54.145.400, contratada por Carlos Jarpa y Ferndando Meza, ambos ex militantes del Partido Radical. (acá un ejemplo de un informe de asesoría)

En la tercera posición se ubica Leonardo Contreras Neira, militante RN y ex candidato a Alcalde por Valparaíso en la última elección y hoy candidato a CORE. Sus pagos suman $46.557.627 (sólo en la Cámara, en el Senado poseé otros convenios) contratado por Andrés Lognton y Marcela Sabat, cuyos informes de asesoría corresponden principalmente a minutas respecto a temáticas en las que participaban ambos parlamentarios.

Y así, se podría seguir con un gran número de asesorías pagadas a externos por parte de las y los diputados, por lo mismo, compartimos esta lista con los principales gastos del periodo 2018 a la actualidad:

Por otra parte, los diputados/as que más han desembolsado en gastos de asesorías externas, son:

Si bien, en la mayor parte de los casos, nos encontramos con informes o documentación que respalda la prestación del servicio, en algunos casos los informes de 2 o 3 páginas, dejan mucho que desear y nos sugieren que finalmente la fiscalización de la prestación del servicio no se revisa en su mérito, si no meramente en la forma, por parte del Comité de Auditoría o el Consejo Resolutivo de Asesorías Externas. Para todos los casos son una idea vaga de fiscalización, pues quien mandata el control de ésto en la Cámara, es precisamente esta misma: es decir, se autofiscalizan.

Por último, cabe precisar que la mayoría de estos informes no ostentan información exageradamente técnica que no pudiese precisar o asesorar parte del propio equipo de la o el parlamentario mandante. Pues de todas formas la gran parte de quienes encargan asesorías externas ya cuentan con equipo interno de trabajo, que incluye en casi todos los casos, abogados o abogadas.

Así visto, no queda más que preguntarse: ¿Cuándo será el momento de acabar con las asesorías externas en la Cámara? (y en el Senado) que por cierto, sirven en muchos casos para financiar Centros de Estudios ligados a los mismos partidos políticos o a militantes de estos. Y finalmente ¿cómo es posible que quien realice los gastos sea el mismo órgano que deba fiscalizar el buen uso de estos?. Es hora de que discutamos ciertamente una forma de control y fiscalización externa y autónoma al poder legislativo.