Horrores de mercado

Leo en la prensa nortina (de Santiago) una noticia proveniente del centro del país: el Gran Concepción (la mitad del país no está en la capital, sino rozando el paralelo 37). Es una excelente noticia, pero está redactada en tono alarmista y tendencioso. Sucede que, en horas recientes, la Municipalidad de Chiguayante ha conseguido la autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para vender, directo a sus habitantes, cilindros de gas a mitad de precio. El titular dice: «Golpe al mercado». Es un ejemplo más del daño moral y cognitivo que causa el economicismo extremo en una sociedad.

No es un golpe al mercado. Es un acto de justicia. Es lo mínimo que se puede hacer para que tenga alguna coherencia llamarle a este modelo monetarista «economía SOCIAL de mercado»; ya que «social» nunca ha sido.

Para los «mass media» y para una considerable parte de la opinión pública, manipulada y ya aturdida por la costumbre y por los dogmas del modelo, el mercado es sacrosanto, perfecto e intocable. El mercado tiene derecho a excederse en sus atribuciones, pero el consumidor es perseguido por cualquier descuido y, si incurre en morosidad, es acosado con violencia desde call centers, multado con desproporción y finalmente embargado.

El mensaje fue exitosamente instalado por el jet set criollo y sus medios de comunicación. De hecho, podemos apreciarlo nítidamente en los discursos prevalecientes en la contienda electoral: «Tenemos que cuidar la economía». Ello, a pesar de que la economía nunca ha cuidado de nosotros. Al contrario; nos agrede. Pero hoy se abre una ventana para que las municipalidades puedan distribuir gas a mitad de precio, frente al evidente abuso y colusión de las grandes empresas y grupos económicos en un mercado que nunca ha sido transparente.

La clase política y el Poder Judicial ya no fueron capaces de enfrentar la corrupción empresarial. Más bien la acrecentaron. Como ocurrió con las farmacias, cuando la ínfima compensación monetaria resultó una burla, la respuesta más sólida fueron las farmacias populares. De modo análogo, podrá implementarse en cada rubro donde el mercado sea disfuncional la distribución municipal con precios éticos.

La nueva Constitución lo permitirá. Es algo natural. Pero para ello, la población debe dejar de elegir como alcaldes y concejales a representantes de la aristocracia en tenida de camuflaje o a personajes de farándula. Cuando la élite empresarial se corrompe y aprovecha una posición de privilegio para asegurarse el enriquecimiento ilegítimo y no duda en aplastar al ser humano, entonces reorganizar la distribución de los bienes esenciales con un criterio territorial y social, a escala humana y no mega-corporativo, es una gran solución.

La sobreutilidad obtenida por el oligopolio de las empresas de gas en plena pandemia, es un crimen. Esquilmar a la población empobrecida y propiciar que nuestros niños y ancianos se enfermen por causa del frío, es un acto imperdonable. La vida y la salud están primero.

Me imagino que incluso los lobbistas religiosos, los grupos conservadores y las organizaciones «pro-vida» estarán de acuerdo. Porque acá se trata de «conservar» la integridad humana. Así como ellos exigen a los actores políticos una declaración semanal contra la violencia, corresponde que los «pro-vida» se pongan los pantalones y también alcen su voz contra la violencia empresarial que amenaza la vida.