Análisis de las iniciativas ciudadanas digitales

Nuestro país vive un inédito proceso de elaboración de una nueva Constitución. Inédito, pues por primera vez nuestra Constitución será redactada por representantes electos y no por una élite designada. Inédito también por ser paritaria, y disponer de escaños reservados para representantes de los pueblos indígenas. Por último, será la primera Constitución post pandemia en el mundo y tenemos la oportunidad de capturar la experiencia de este periodo que aún no termina.

Una de las preocupaciones de la Convención Constituyente ha sido establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan a los diversos miembros de la sociedad civil presentar puntos de vista y antecedentes que los convencionales pudieran tener en cuenta al momento de redactar la propuesta de nueva Constitución. Uno de estos mecanismos es la Plataforma Digital de Participación Popular. Aquellas iniciativas populares que logren al menos 15 mil apoyos serán discutidas en la Convención como si hubiesen sido presentadas por un convencional. En ningún caso esto significa que se van a votar favorablemente.

Se presentaron en total más de 2.000 iniciativas y a la fecha de esta publicación, al menos 15 (poco más del 0,7%) ya han logrado el apoyo mínimo, la mayor parte de ellas patrocinadas por grupos organizados que venían promoviendo sus iniciativas con anterioridad.

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La plataforma computacional tiene algunos problemas de usabilidad y un problema mayor en el sentido que muchas iniciativas que comparten un propósito, compiten y se dividen los votos. Cuando alguien presenta una nueva iniciativa, el sistema no despliega las iniciativas similares ya presentadas, una funcionalidad que con la tecnología actual es fácil de implementar. Otra solución para resolver esto habría sido separar el proceso en dos etapas, una primera destinada a presentar iniciativas seguida de un trabajo interno para consolidar las iniciativas similares y luego abrir el proceso de votación. Como sea, y a pesar de los problemas, esto representa un avance enorme en materia de participación.

En el dominio de lo digital, se presentaron 44 iniciativas, las que se pueden clasificar en las siguientes categorías (nota: unas pocas iniciativas fueron clasificadas en más de un tema):

Es decir, mayoritariamente las iniciativas apuntan a la consagración en la Carta Fundamental de una serie de derechos digitales como derechos fundamentales. No es sorprendente que el derecho más solicitado sea el acceso a Internet y la alfabetización digital, es decir, el propósito es reducir la brecha digital. En segundo lugar, la privacidad y protección de datos personales refiere a una preocupación latente. El derecho al acceso a los datos públicos (en algunos casos se habla de datos abiertos), el derecho a la identidad digital, así como la protección de los derechos tradicionales, en el mundo digital (derechos de autor, libertad de expresión) son otros derechos reclamados. Finalmente, un par de iniciativas refieren a incluir regulación de la Inteligencia Artificial, en particular la transparencia de los algoritmos.

El segundo grupo más importante de iniciativas apunta al uso de las tecnologías digitales para mejorar la calidad de la democracia y la participación ciudadana, a través del voto electrónico, la participación ciudadana y el control de las autoridades. Se encuentran mayoritariamente en la categoría “sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral”.

El tercer conjunto de propuestas apunta a sancionar a quienes propagan o difunden noticias falsas, discriminatorias o injuriosas. Luego las otras iniciativas se dividen en:

• Notario Digital: “El Estado debe garantizar y facilitar a todas las personas e instituciones el acceso a sistemas públicos de bloques de información con el fin de que estos puedan autorregular sus actividades públicas y privadas”. Lo curioso es que varias de estas iniciativas se refieren a una tecnología específica: blockchain.
• Dos iniciativas apuntan a promover el software libre, como una manera de ahorrar recursos públicos y como una forma de asegurar “soberanía tecnológica”.
• Otro par de iniciativas apuntan a regular y promover el emprendimiento digital y a asegurar la propiedad estatal del espacio cibernético.

Las únicas dos iniciativas que han superado los mil votos son:

• Chile Digital, que aborda los principales derechos y obligaciones digitales, sin profundizar demasiado en la redacción del articulado; y
• Derecho a la privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad, que profundiza en estos derechos específicos, con un articulado prolijo.

Pensamos que un análisis en profundidad del conjunto de iniciativas, realizado por especialistas temáticos, aportaría mucho valor al trabajo de la Convención, una riqueza muy superior a la mera selección de las iniciativas con mayor respaldo ciudadano. Hoy existen herramientas tecnológicas que podrían facilitar este análisis.

Por último, es importante destacar que toda persona también debe tener el derecho a no participar del mundo digital y por ende deben proveerse mecanismos para acceder a todos los derechos ciudadanos, en particular cuando no tiene acceso a internet.