Las regiones, ¿territorio fértil para el Apruebo?

Un reclamo que proviene desde las regiones, y que se extiende a lo largo del país, es el excesivo centralismo que limita sus facultades y posibilidades de acción respecto a las problemáticas que los aquejan. En esa línea, el actual debate constitucional, por medio de sus convencionales, ha puesto en relieve las grandes diferencias que existen en términos de desarrollo territorial, entre la capital, Santiago, con las regiones, por lo que las discusiones al interior de la Convención colocaron especial atención en estas materias.

El borrador de nueva Constitución presupone un nuevo marco para las relaciones desde los territorios subnacionales, donde se reconoce la diversidad de actores, dinámicas y características territoriales que se presentan a lo largo y ancho del país. En relación a los nuevos actores, se da visibilidad a los pueblos indígenas, reconociendo al Estado como plurinacional e intercultural, y a la libre determinación respecto a la autonomía, el autogobierno, cosmovisión, cultura, entre otros. Si bien el concepto de plurinacionalidad genera debate sobre su significado y profundidad, es claro que quienes se autoidentifican con algún pueblo indígena (12% según el Censo de 2017) valorarán la propuesta de nueva Constitución positivamente, ya que permite la configuración de un nuevo paradigma en la relación Estado-Pueblos Originarios.

Otra característica que encontraría adhesión en las regiones para la opción del Apruebo en el plebiscito de septiembre se relaciona a cuestiones referidas al proceso de descentralización que, si bien ha tenido avances sustanciales desde el retorno a la democracia (como la reciente elección democrática de Gobernadores Regionales), ha carecido de profundidad. Respecto a ello, las propuestas contenidas en el borrador marcan un avance significativo en esta materia, ya que reconoce plena autonomía administrativa, política y financiera para la realización de sus intereses.

En esta línea, se consagra la descentralización fiscal (autonomía financiera), siendo esta una demanda constante desde las regiones y comunas del país, quienes reclaman por tener la capacidad de generar mecanismos de recaudación para el financiamiento y concreción de sus fines. Este aspecto cobra interés en el debate descentralizador, ya que obliga a generar una legislación que conceda a los niveles subnacionales atribuciones en materia impositiva, cuestión que hoy no existe.

La Cámara de las Regiones supone otro logro importante a nivel regional, siendo una instancia que reemplazaría la actual Cámara del Senado por un órgano que participaría de la discusión legislativa considerando la perspectiva regional. Si bien a nivel discursivo esto puede atraer al votante de regiones, queda ver cómo se articula en el sistema político con la Cámara de Diputadas y Diputados.

A nivel comunal también se establecieron normas que pueden convocar al votante para aprobar. Se considera a la Comuna Autónoma como la entidad territorial base del Estado, dándole prioridad sobre las funciones públicas, con potestades y competencias de autogobierno para satisfacer sus necesidades, sólo siendo subrogado por la región autónoma o el Estado cuando no pueda cumplir dichas funciones. Además, se cambia la actual consigna que establece la Ley N° 18.695 (orgánica de municipalidades) desde administración local a gobierno comunal, lo que supone un cambio en cómo se generan las normas, pasando de una instancia que sólo gestiona a una que además propone y dirige los destinos de la comuna.

Según lo señalado, en la breve síntesis de puntos que buscan la promoción de la autonomía a nivel subnacional, se instala la interrogante sobre si estas generan posibles divisiones o fracturas al interior de Estado, afectando la construcción de la identidad que hoy representa lo “chileno”. Ante ello, el borrador es prudente al contemplar dichos temores consagrando que el ejercicio de la autonomía no podrá atentar contra el carácter unitario del Estado ni permitir la secesión territorial, cerrándole el paso a posiciones extremas de refundación que puedan afectar la soberanía y unidad del país.

Ante este borrador, que considera normas “atractivas” para las regiones, se esperaría que en estos territorios se concentren los apoyos para quienes están por la alternativa de aprobar la nueva Constitución. Sin embargo, ante la incertidumbre propia del proceso y lo que significaría la implementación de los principios redactados, esta “fortaleza” eventualmente se puede transformar en una debilidad, por lo que comunicar los beneficios o riesgos que percibirán estos territorios será central durante el periodo de campaña.