Sí son los 30 años

Arranca la conmemoración de una nueva jornada del 18 de octubre del 19, esta vez, sin la pandemia como noticia central de la situación local y mundial. Pero también, paradójicamente, sin la fortaleza y arraigo que dio origen a tal evento popular, pese al triunfo de Gabriel Boric como Presidente, donde una mayoría de chilenos y chilenas depositaron las esperanzas para llevar a cabo un programa de transformación que respondiera a tales demandas. Primero vino la derrota parlamentaria de noviembre pasado que truncó la posibilidad de un Congreso afín a las reformas, y segundo, el reciente triunfo del Rechazo al nuevo texto constitucional desencadenó una incipiente (o bien “en disputa”) reversión del diagnóstico sobre los reales problemas que aquejan a los chilenos y chilenas. La pregunta es por qué.

Múltiples voces han salido a la palestra a intentar comprender lo que está pasando en el Chile actual. ¿Cómo podría entenderse que luego de días de protestas, heridos, mutilados, muertos, etc., el país rechazara vía plebiscito un nuevo texto de avanzada, por el cual fue tapa de los diarios en distintas partes del mundo? ¿Cómo de pronto la consigna “no son 30 pesos, son 30 años” pasó a ser completamente relativizada en el discurso y readaptada en el lenguaje oficialista?

Si bien el conglomerado que dio origen al actual gobierno -Apruebo Dignidad- tiene en su seno una profunda crítica a los 30 años de los gobiernos de la Concertación, la puesta en práctica de una coalición de gobierno incluyendo a los/as acusados/as, tensiona cualquier conclusión sobre un diagnóstico compartido. Y esa falta de conclusión, no es otra cosa que la falta de orientación política que pervive en el día a día, donde la agenda política pasa a ser completamente dominada por la oposición, es decir, la derecha.

Ahora bien, si de oposiciones se trata, dicen algunas voces invitadas al nuevo gobierno (el denominado “Socialismo democrático”, aunque suene redundante, y aliados), que el problema no son los 30 años. Con toda lógica, defienden lo que administraron. Sin embargo, la historia de aquellos países que empíricamente mejoraron ciertos indicadores y niveles socioeconómicos en favor de las clases subalternas -hecho innegable durante los gobiernos de la Concertación- muestra que tales beneficios no son linealmente vinculables a un determinado proyecto político. La pregunta que habría que hacerles, en consecuencia, a tales defensores del modelo es: si tan buenos fueron los 30 años, si tal mejora es reconocida en el consenso político y la población en general, ¿por qué perdieron la elección sus propios gestores el año 2009 frente a Sebastián Piñera? ¿Por qué los 4 ciclos “exitosos”, como llaman sus apologistas (Aylwin, Frei y Lagos y Bachelet I), decantaron en el ascenso -por segunda vez en la historia de forma democrática- de la derecha criolla? ¿Tiene que ver sólo con un “desgaste” del conglomerado político que gobernó?

Si bien la pregunta abre muchas líneas de investigación y entran muchos factores en juego, existe una arista no siempre explorada por las ciencias sociales. La misma va en este sentido: porque en tanto y en cuanto las mejoras en las condiciones materiales de la población no son acompañadas por una participación política activa de sus propios protagonistas, ni disputadas en el plano comunicacional hegemónico o de “sentido común” -de manera que se inserten en el imaginario colectivo de sus protagonistas- la batalla cultural que impone los nuevos valores de la sociedad de consumo moderna termina permeando cualquier intento de construcción de un proyecto de largo plazo.

Pensemos, por ejemplo, las experiencias de algunos países vecinos. Con mayores o menores grados, Argentina durante los 12 años del kirchnerismo y Evo Morales hasta el golpe de Estado de 2019, conducen a pensar que todas las mejoras materiales provocadas en la población durante esos gobiernos no fueron lo suficientemente asimiladas, a pesar del potente desarrollo de organizaciones políticas que acompañaron dichos procesos populares (muy distante de lo sucedido Chile, sin capacidad organizativa).

Para el año 2011, Argentina poseía el salario mínimo en dólares más alto de la región (aprox. 440 USD) y Bolivia creció a una tasa promedio del 4,7% durante 14 años desde que asumió Evo Morales, mejorando absolutamente todos los indicadores sociales. En Argentina terminó ganando Macri el año 2015, y en Bolivia, cierta clase media, beneficiada de las políticas del MAS, terminó por validar la interrupción democrática al cual fue sometido el país (recodemos que no hubo fraude electoral, lo cual ya había sido denunciado por varios organismos internacionales).

Ambos casos nos muestran que las mejoras en la calidad de vida de la población sin la disputa comunicacional (siempre en desventaja ante los poderes fácticos en los países de la región) pueden abrir grietas que dificultan la construcción de un nuevo modelo y proyecto político. Incluso, para el caso argentino, podemos pensarlo al revés: por qué el peronismo sigue vigente en Argentina (sin emitir aquí, un juicio sobre las virtudes y defectos) se puede explicar a partir del éxito en la memoria colectiva de las políticas aplicadas durante esos años, traspasando generaciones al presente.

Para profundizar un poco más este punto, una reciente nota en el diario La Tercera al ayudante del fiscal Strassera, Luis Moreno Ocampo, sobre la recién estrenada película Argentina 1985, nos sirve para ilustrar el caso. Decía allí: “Hay en la escuela un vietnamita que dice una cosa genial: la guerra se libra dos veces, primero en el campo de batalla y luego en la memoria”. Para luego añadir: “el Pentágono es importante, pero más importante que el Pentágono es Hollywood. Hollywood define la memoria, la memoria define las políticas”. Más elocuente imposible.

A lo cual, viene de suyo: ¿cuál fue el proyecto político de la Concertación?, ¿qué imaginario colectivo generó al administrar el modelo heredado por la dictadura cívico-militar? Si pensamos en la conformación de la cuestionada democracia chilena, luego de la entrega del poder con Pinochet como senador vitalicio, el llamado del nuevo gobierno durante la transición pactada fue directamente la desmovilización.

Conforme avanzaban los años, la subjetividad de los chilenos y chilenas en tanto mejoraban progresivamente los indicadores macroeconómicos, seguía respondiendo a los cánones de la dictadura chilena, cuyo gran mérito fue, precisamente, la puesta en marcha de una auténtica contrarrevolución cultural, capaz de configurar los miedos y posibilidades de cambio al sistema heredado. Curiosamente, 17 años bastaron para moldear en el imaginario colectivo cómo debía ser el comportamiento en una democracia tutelada bajo los candados de la Constitución de 1980, no pudiendo ser revertidas por -y aquí la gravedad- los 30 años que gobernó la coalición de Partidos por la Concertación. Es decir, 17 años fueron más que 30, aunque no resista lógica matemática. O dicho de otra manera: la Concertación tuvo el tiempo suficiente para generar un vínculo político con la sociedad y, sin embargo, como se dice coloquialmente, “los mandó para la casa”. Tanto es así, que ni la burguesía local, beneficiada acérrimamente por las políticas económicas durante esos gobiernos, apenas pudo cambiar de candidato, se mudaron de domicilio político.

Volviendo al presente, es claro que durante estos 30 años los malestares incubados en la sociedad chilena producto de un modelo percibido desde el abuso, la falta de derechos, el endeudamiento, una educación y pensiones miserables, pero a cambio de una estabilidad económica dirigida desde arriba, provocó uno de los rechazos más peligrosos de los tiempos modernos: el rechazo hacia el sistema político, la institucionalidad, la política como herramienta de transformación, donde “todos son lo mismo”, lo cual sólo puede decantar en la regresividad del sistema democrático actual y el consecuente aumento del conflicto social.

Ante esto, los gobiernos de la Concertación -con escasa sino nula vocación de implementar una política de derechos humanos para recomponer el tejido social y organizativo- dejaron de lado la construcción de un proyecto político de largo plazo con las y los trabajadores como protagonistas de las transformaciones. En definitiva, la administración del modelo heredado condujo a niveles cada vez más crecientes de despolitización, que con el paso del tiempo se hicieron patentes en el marco del voto voluntario, cuyos bajos niveles de participación arrastraron a la población a mantener una conducta de “desesperanza aprendida”.

La sensación de que los grandes indicadores macroeconómicos no terminaban por cuajar en las expectativas de las familias chilenas hizo de la espera una acumulación de descontento sin representación alguna en el sistema democrático. Es con ese legado y en ese marco, que se ensayó uno de los escenarios más relevantes del último tiempo, esto es, el plebiscito de salida del 4 de septiembre, esta vez con voto obligatorio, con una porción de la población que ya se sentía excluida elección tras elección, ganando estruendosamente el Rechazo.

Por último, las nuevas fuerzas políticas que emergen en la escena nacional, particularmente el Partido de la Gente, parecen ser los más entusiastas en entender la tarea de la construcción de la subjetividad. Yovana Ahumada, jefa de bancada en diputados de ese partido, afirmó recientemente en un programa de televisión que “no tenemos ideologías porque no estamos encasillados”, dando a entender la transversalidad del sector político al que pretenden representar. Ya el propio nombre del partido, “de la Gente”, como categoría abierta e inclusiva, encaja perfectamente con lo que enfáticamente defienden los actuales personeros del legado concertacionista: la clase media.

¿Serán, entonces, las nuevas fuerzas que irrumpen en el Congreso las encargadas de retomar las estadísticas grandilocuentes sin identificación política que dejó la Concertación? Parece ser que sí, que tomaron la posta de una sociedad que dejaron sus propios responsables: los de los 30 años.