Caminar y mascar chicle

Las prioridades del gobierno han cambiado durante los últimos meses. El contexto actual, marcado por un alza de los delitos, el revés político sufrido con el triunfo del Rechazo y las malas proyecciones económicas, obligaron a hacer el giro. Con ello, la agenda pro crecimiento se ha vuelto prioritaria, lo que trae consigo un efecto colateral no deseado: que la gestión de la sostenibilidad pierda centralidad en la discusión pública.

¿En este ajuste de prioridades el gobierno renuncia a sus principios? Pienso que no, y si uno evalúa la trayectoria y performance de Mario Marcel, queda aún más claro que el guardián del concepto real de sostenibilidad es él. Luego de la fiesta que nos pegamos en 2020 y 2021 con las ayudas fiscales y retiros previsionales, el gran objetivo del gobierno ha estado puesto en recomponer los equilibrios fiscales, además de buscar enfriar la economía nacional, incurriendo en riesgos importantes para su propia popularidad en un escenario recesivo.

Ahora, cómo bajar la inflación se equilibra con la necesidad de crecimiento económico: es una de las mayores complejidades que puede atravesar un gobierno, el Banco Central, la comunidad empresarial y la ciudadanía en general al verse forzada a pasarlo mal. Esta situación resulta tan difícil como equilibrar el bienestar ambiental y la necesidad de desarrollar una actividad económica en base a recursos naturales. Es evidente que van a existir impactos, el tema es cuánto es tolerable y cuán institucional es el proceso para abordar la tramitación de un proyecto de este estilo y de manera legítima por la ciudadanía.

Este es el desafío que como país vivimos hoy en lo referido a la industria del Hidrógeno Verde en la Región de Magallanes, pero estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas bien en una diversidad de ámbitos, sin tener que elegir entre el desarrollo y el bienestar medioambiental. Actividad económica junto con acceso a educación, salud, vivienda, acceso a servicios pueden convivir. No es el privado versus el Estado. No es el chicle al que le extraigo su sabor en cada mordida como el Fisco extrayendo tributos de las empresas, sino que existe un beneficio mutuo al hacerlo de manera coordinada y sin ahogarnos en el camino.

Existen estimaciones de McKinsey que proyectan que la industria del Hidrógeno Verde podría generar 100.000 empleos en 20 años, donde Chile podría estar entre los 3 principales exportadores a nivel global al año 2040. Lo que se suma a introducir al país fuertemente en la cadena de valor de la electromovilidad, la cual podría darnos una salida relevante a la descarbonización global entre un 17% y 27% al año 2050.

Chile ya cuenta con una política nacional al respecto, pero no estamos logrando avanzar en una gestión integradora de las políticas públicas que permitan desarrollar adecuadamente esta industria. Y no solo me refiero a las mejoras tecnológicas para reducir el impacto ambiental, sino también a darle viabilidad social a la Región de Magallanes y competitividad al país. Para ello, se torna necesario definir un plan de acción para poner a muchos actores públicos, privados y de la sociedad civil de acuerdo bajo el mismo propósito. Si bien la fórmula no es nada diferente de lo que ya hemos visto en otros países como Corea del Sur o Israel, sí entendemos que en un clima de polarización social encontrar puntos medios de acuerdo resulta mucho más difícil.

Hay actores como Óscar Landerretche que lo tienen clarísimo desde hace muchos años, no obstante, vemos a las autoridades con poco capital político y con tensiones internas y del contexto que le dificultan el camino para liderar grandes acuerdos. La pregunta ahora es: ¿queremos perdernos la oportunidad de definir una estrategia de desarrollo al potenciar el uso de nuestros recursos naturales por el bien de la humanidad y de los chilenos en particular?