Alta desigualdad, reformas y captura constitucional

Las últimas cifras económicas del año 2022 muestran utilidades record para la banca (US$ 6.396 millones con un aumento del 30% en 12 meses). Altas utilidades para las AFP y las grandes empresas complementan estos jugosos resultados de la banca.

En contraste, los salarios reales se han deteriorado con la inflación y el 57% de la población tienen alguna deuda con una proporción dominante de los créditos de consumo, seguidos por los créditos hipotecarios y estudiantiles. La inflación promedio alcanzó el 13%, pero el aumento del precio de los de alimentos fue del 28%, golpeando el poder adquisitivo de los sectores asalariados. La economía se estima se contraerá en 2023; el FMI, Banco Mundial, CEPAL y BID anticipan una recesión para Chile en 2023 aunque el Ministerio de Hacienda ha señalado que las cosas pueden ser mejores y quizás hasta podríamos evitar la tan anticipada recesión. Por estos días el valor del dólar baja y hay una sensación de cierta mejoría del ánimo económico.

El ajuste económico fiscal emprendido por la actual administración da sus frutos y en 2022 cerró con un superávit fiscal de 1,1% del PIB, el primero en más de una década. Claro que este superávit es, en gran medida, el resultado de haber terminado con la mayoría de los programas de apoyo social del año 2021, principalmente el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Si bien el gobierno creó un acotado programa de apoyo a los sectores populares para hacer frente a la inflación, su monto es solo la mitad de las utilidades de la banca y equivalente del superávit fiscal de 2022. Somos alumnos destacados del Fondo Monetario Internacional, que generalmente privilegia los números azules en el presupuesto del Estado, aunque haya que comprimir el gasto social y mantener una alta desigualdad económica.

El país ha recuperado, bajo la batuta del Ministerio de Hacienda, y acompañado del Banco Central, la continuidad económica neoliberal. En la esfera política, observamos la captura total del proceso constituyente por los partidos políticos y el Congreso en un golpe civil impecable en que reinterpretaron a su favor el resultado del plebiscito de septiembre del 2022 y se olvidaron por completo del amplio mandato del plebiscito de octubre de 2020 que quería a los partidos y el Congreso alejados de este proceso. No mas experimentos con participación popular autónoma y convenciones constituyentes que no se controlan. El proceso constituyente 2.0 en marcha hace recordar la ingeniosa frase del gran poeta nacional Nicanor Parra, que rezaba: “la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”.

Las esperadas transformaciones progresistas del gobierno a esta altura lucen bastante deslucidas: la reforma tributaria no se ve avanzando y el nuevo proyecto de reforma de pensiones mantiene la capitalización como sistema dominante, ahora a través de las rentas vitalicias y no del retiro programado. El reino de las comisiones y los intermediarios financieros no va a desaparecer (¿cómo van a subir las pensiones?) y es probable que no se altere, en lo substancial, el flujo de financiamiento barato para los conglomerados económicos proveniente de los ahorros previsionales, que hasta ahora ha caracterizado el sistema de las AFP. No obstante, el proyecto le da un mayor rol a Instituto de Previsión Social y crea un nuevo ente público con una gobernabilidad que tiende asemejarse a la del Banco Central autónomo.

Un programa de auténticas reformas anti-desigualdad, ausente por el momento de la agenda publica, debiera considerar al menos cuatro áreas: (i) impuestos sobre las ganancias sobre-normales del sistema financiero, las AFP (mientras duren y después las compañías de seguro que recibirán el suculento pool de ahorros previsionales de la población para ser intermediados como rentas vitalicias) y otros sectores poco competitivos; (ii) una reforma real de las relaciones laborales que desde 1979 (Plan Laboral de Pinochet) impiden las negociaciones por rama de actividad económica debilitando al sector laboral y fortaleciendo al gran capital; (iii) un programa sustancial de mejoramiento de la educación publica, a nivel escolar, técnico profesional y universitario; (iv) una agenda ambiciosa orientada al sector trabajo con capacitación, programas de empleo y democracia económica a nivel de la empresa. A nivel social general el monto de los programas anti-crisis debieran ser expandidos.

La actual coyuntura dominada por la parálisis reformista y por un proceso constitucional capturado debe ser superada.