A indebida declaración, mayor fiscalización

Hace poco murió Álex Salazar, un carabinero atropellado por un conductor en estado de ebriedad que poco después del hecho se dio a la fuga. Por mucho que exista un cuestionamiento a las instituciones de orden (por su historia y actos recientes), la muerte de alguien es una pena, eso es innegable, su esposa y sus dos hijas se ven separadas de alguien a quien aman, por lo que entender su muerte como algo terrible es lo mínimo de humanidad que debe mostrarse.

Sin embargo, esto no permite que otras personas de la institución puedan pasar por arriba de la ley y de la democracia, independiente del hecho cometido.

Menciono esto porque el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, visitó a este carabinero cuando estaba en riesgo vital, y posterior a ello realizó declaraciones presionando al Congreso en su agenda legislativa: “Hago una invitación a todos los parlamentarios, por todas las indicaciones, por todos los proyectos de ley que se han mandado al Congreso, para que de una vez por todas esta ley salga a la luz, donde el rayado de cancha esté claro. Donde los carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a delincuentes y hacer uso de todos los elementos que la ley le entrega”.

Este hecho no puede pasar desapercibido. La intromisión de las fuerzas de orden a otros poderes del Estado puede tener consecuencias terribles para la sociedad, por lo que resulta clave analizar este hecho, el cual no se quedó ahí, sino que provocó reacciones diferentes en el mundo político.

En el oficialismo no sentó nada bien, llamando a declarar a Yáñez a La Moneda justamente porque rebasaría la línea de lo que significa entrometerse con otros poderes del Estado. Y esto es algo que no corresponde a las fuerzas de orden, quienes legalmente están subordinados al poder civil y al Estado, siendo obedientes y no deliberantes, por lo que entrometerse en política es justamente algo alejado de sus funciones.

Uno de los que habló del hecho fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien aseguró que las reglas sí están claras, especialmente hablando en los casos cuando son atacados, pudiendo responder con armas disuasivas y, por tanto, defenderse. La verdad, la legítima defensa está estipulada en la ley, estando claro que “los miembros de Carabineros de Chile podrán hacer uso de la fuerza de forma gradual y proporcional en aquellos casos que se obre en legítima defensa, esto es, para proteger la integridad de terceras personas o la suya”, donde obviamente se requiere primero un uso de armas disuasivas, pero también como “medida extrema” se puede utilizar armas letales, siempre y cuando la situación suponga “un peligro inminente de muerte o lesiones graves para el carabinero o para cualquier otra persona”.

Observando esto, vemos que la cancha parece estar claramente delineada y permite la defensa del carabinero.

Por parte de la oposición, a varios les pareció indignante que el general tuviera que ir a defender sus palabras a La Moneda. Una de las que declaró a su favor fue Evelyn Matthei: “Hay muchos carabineros que se van de esa institución cansados ya de que se les exija y exija, pero cualquier error los dan de baja, los ponen en la palestra pública y después toda la Fiscalía detrás de ellos”, dijo. Para ella esto representa “el mundo al revés”, donde Carabineros no debería dar explicaciones de sus actos.

Esto si bien puede nacer desde la rabia por un hecho de violencia –el cual terminó con la vida de una persona– no justifica los dichos del general, justamente porque lo que critica Matthei es el conducto regular que se debe realizar cuando las fuerzas de orden intentan sobrepasar sus atribuciones.

Es importantísimo fiscalizar sus actos, porque ha existido una histórica baja fiscalización de las acciones policiales, no solamente por la dictadura militar ocurrida entre 1973 y 1989, sino que en los últimos años de democracia también han sucedido hechos criticables, desde las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social (sin tener grandes consecuencias para la institución policial, a pesar de los grandes daños que se causaron), hasta los mismos hechos diarios que suceden en el país, donde muchos funcionarios realizan actos de corrupción y de fuerza desmedida, existiendo a lo largo de los años un especial abuso de poder en la Región de La Araucanía.

Las declaraciones también provocaron expresiones desde la sociedad civil, donde la gente tuvo varias reacciones frente al hecho. Pero lo más remarcable fue un grupo de personas que fueron a reclamarle a la ministra del Interior, exclamando frases como: “Nos está sobrepasando la delincuencia” o “Más mano dura contra la delincuencia”, afirmando algunos que incluso “Hay que limpiar el país”.

Estas frases podrán parecer clichés, pero la verdad es que sí existe un problema de seguridad real en el país. No podemos desestimar estos dichos y solamente atacar los comentarios del general. Para ello también debemos generar políticas públicas diferentes, disminuir la violencia involucra combatir la pobreza, la desigualdad y las situaciones de vulnerabilidad. Un mayor número de policías y más armas nunca va a ser la única solución. Al menos resulta una de muy corto plazo, ya que el combate de la violencia no está solamente en la situación violenta, sino también en la prevención del delito.

Cuando pensamos en políticas que permitan un mejor combate de la violencia vemos la hipocresía de sectores de la derecha, donde muchos que reclaman un mayor apoyo a Carabineros, también retiran sus votos a propuestas importantes en esta materia, por el solo hecho de beneficiarse políticamente de aquello, tal cual sucedió con la actual reforma tributaria, donde se proponía financiamiento para varias medidas clave, como implementar una Defensoría de las Víctimas; mejorar tecnologías; mayor financiamiento para mejorar el Ministerio Público; incluso abrir 900 plazas para formar policías.

Realmente, puras medidas concretas que podrían haber ayudado a mejorar la seguridad de Chile. Sin embargo, parece resultar más importante para algunos políticos combatir al gobierno actual que a la violencia misma.

Cuando suceden estos hechos se debe empatizar con la gente e intentar ayudar. En esto se debe recalcar que la misma ministra Tohá puso el ejemplo, al lograr contactar a la familia afectada y que le permitieran asistir al funeral, algo que claramente puede tener una idea de control de daños, pero que al fin y al cabo es también intentar estar ahí para las familias afectadas por la violencia, no relativizando la muerte de nadie. Imaginen si no se hiciera nada por la gente que sufre, frases como «Hay que limpiar el país» podrían llevar a violentar a personas inocentes, personas estereotipadas como violentas.

En resumen, es importante no relativizar la muerte, sea de un carabinero o un manifestante. Pero igual de importante es no por ello dejar que Carabineros pueda evitar la fiscalización y el debido respeto a la separación de poderes.

No olvidemos que el 11 de septiembre de 1973 se olvidó esto y todos sabemos lo que sucedió. Por esto mismo está bien que se cite al general Yáñez, porque aparte de que no está dentro de sus facultades presionar al Congreso, las atribuciones sí están claras. Incluso se podría decir que, mirando la historia de Chile, la cancha ha estado rayada de forma clara, pero la mano dura sobre Carabineros no ha existido, habiendo un historial de diversos abusos policiales, con cero castigo a aquellos infractores que también han dañado otras vidas de personas inocentes.

Protejamos a la gente y a nuestro país. Porque cuando aflora la violencia es cuando más se relativiza esta misma para proteger a aquellos que más queremos. Y, la verdad, la violencia más violencia solo termina con todos muertos y lo que menos queremos es eso.