La deuda con las otras víctimas de la violencia machista y femicida

El femicidio, la expresión más brutal de la violencia contra las mujeres, en Chile se ha convertido en problema público desde aproximadamente dos décadas. El avance en materia de ley es sin duda resultado de los activismos feministas que han puesto la problemática en la discusión pública y apuntado los dardos a quienes tienen la responsabilidad política: los Estados.

No es casualidad que la académica feminista Marcela Lagarde ponga énfasis en la dimensión de impunidad que los envuelve y que, en este marco, es un punto claro para los activismos feministas de toda la región que se han movilizado contra la violencia, la impunidad y la exigencia de avances en lo que respecta a la ley y las políticas de Estado.

En Chile la primera ley que tipificó el femicidio como figura penal se promulgó a fines del año 2010, y una década más tarde se promulgó una nueva ley que amplió la figura penal, sacándola del ámbito familiar, al contemplar el femicidio intimo sin vinculo formal y por causa de género. Pero el Estado aún sigue en deuda con la problemática, por una serie de factores que demuestran la falta de perspectiva de género y la poca voluntad politica para la asignación de recursos orientados al abordaje de una problemática tan compleja como esta.

Entre otras cosas, porque se sostiene la idea de que son “temas de mujeres” y no temas que afecten a la sociedad, pese a que irónicamente en este país, desde el año 2020, se conmemora los 19 de diciembre el Día Nacional Contra el Femicidio, día en el que fue asesinada Javiera Neira, una niña que se ha convertido en inspiración de lucha para los activismos feministas contras las violencias.

Por otra parte, si bien Chile ha ratificado instrumentos de derechos humanos de las mujeres, la garantía a una vida libre de violencias ha sido controversial por las resistencias culturales y el empedrado camino legal. Una frustración no menor fue toda la energía puesta por las colectivas feministas organizadas en el proceso constitucional con la iniciativa popular de norma por una vida libre de violencias, entre otras. Todo ello, que nos recuerda además como se han promulgado leyes con nombres de víctimas de mujeres, ante la llegada tardía del Estado.

La violencia femicida es la expresión fatal de la violencia machista y su carácter es estructural. Uno de los principales ejemplos de lo anterior es que, por lo general, en los femicidios frustrados o consumados, opera una cadena de violencias que viven las mujeres vivas y después de muertas, tanto por sus agresores como por las y los operadores de justicia que las revictimizan a ellas y sus familias, sumado al estigma social que las propias victimas y familias deben cargar.

No obstante lo anterior, este año se ha avanzado en materia legal en una dimensión sumamente importante: las víctimas colaterales de femicidio. Si bien se suele pensar en las mujeres asesinadas como las principales víctimas, estos crímenes dejan una profunda huella en las mujeres víctimas de femicidio frustrado y el entorno que rodea a las víctimas, a saber, las y los familiares, especialmente hijos/as.

El proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de las familias victimas de femicidio es una demanda que nació en la sociedad civil, principalmente del activismo realizado por la Agrupación de Familiares Víctimas de Femicidio y por NiUnaMenos-Chile. Iniciativa que fue recogida por la diputada Karol Cariola, quien la presentó con el apoyo de la bancada feminista. Surgió del encuentro entre familias atravesadas por el femicidio con organizaciones feministas y entre sí. Fundamentalmente, por la necesidad de una respuesta institucional adecuada, ya que frente al abandono eran las organizaciones feministas las que sin los recursos y herramientas adecuadas procuraban hacer contención y acompañamiento de las familias.

Narra Elena Detoni, militante de la agrupación NiUnaMenos-Chile, en su experiencia con familiares víctimas de femicidio, en la escucha activa, vio que se repetían historias de dolor, experiencias en las que una y otra vez aparecían lugares comunes que daban cuenta de la falta de sensibilidad de género de las y los operadores de justicia, junto a una serie de falencias del sistema.

Familias realizando investigaciones sobre femicidios consumados, buscando pruebas para combatir la impunidad, asumiendo los costos fisicos, emocionales y monetarios que eso implicaba. La discriminación para/con las “malas víctimas”, aquellas mujeres que no cumplieron bien con su rol de género y cuyas familias debieron experimentar la desidia de carabineros/as, que desestimaron la denuncia porque ellas “a traves de sus coductas se expusieron” o que debieron esccuchar esas justificaciones en los juicios. La exigencia de padres femicidas para ver a sus hijos/as o heredan los bienes de la víctima y el continuo aplazamiento de los juicios, entre otros.

Por ello, y dada la forma en que nació el proyecto, cada frase que forma es parte de él, se vincula con la experiencia de alguna familia a quien la asesinaron una madre, una hija, una hermana, una amiga, una trabajadora que llevaba el sustento a la casa, una cuidadora y todas esas cualidades juntas.

Es tal la huella del femicidio que este tipo de leyes no son solo ideas nacidas en Chile. Sin ir más lejos, en Argentina existe una ley orientada a la reparación de hijas e hijos de madres víctimas de femicidio, la denominada “Ley Brisa”. Tal como narra Elena, uno de los factores que ha enriquecido el proceso de escritura de este proyecto ha sido precisamente la transmisión de la experiencia trasandina a las agrupaciones chilenas que han sido agentes importantes en este proceso. Dando cuenta, una vez más, de la importancia de la organización de la sociedad civil, en este caso, de la organización feminista. La Ley Brisa brinda un subsidio a niños/as, adolescentes y jóvenes que hayan sufrido la pérdida de su madre a causa de un femicidio.

En Chile el proyecto de ley no sólo se enfoca en las y los niños que han quedado sin madre, sino que en las víctimas colaterales en su sentido amplio. Como las madres, por ejemplo, muchas veces de la tercera edad, que asumen el cuidado de las y los hijos huerfanas/os por femicidio.

Algunas de las medidas que impulsa este proyecto de ley es entregar una pensión a niños y niñas cuya madre ha sido víctima de femicidio, así como también a personas que eran dependientes de ellas. Además de eso, quienes asuman el cuidado de estas tendrán derecho a la adopción de todas las medidas conducentes a amparo y protección legal. Finalmente, otro de los elementos a destacar es el fuero laboral para las mujeres víctimas de femicidio frustrado.

Es por todo lo anterior, y entendiendo que este avance es uno más entre la deuda histórica que la sociedad tiene con nosotras, las mujeres, en materia de violencias, nos parece importante destacar su relevancia por varios motivos. El primero de ellos, es que nace de la sociedad civil y las organizaciones feministas. El segundo, porque visibiliza a las víctimas invisibles y postergadas. Y tercero, porque nos muestra también los frutos de diálogos transnacionales entre orgánicas feministas, en un contexto en el que los conservadurismos “anti ideología de género” nos instan a la articulación feminista, local, nacional y regional.